La fiscalía que investiga las 24 muertes y más de 80 intoxicaciones que produjo la semana pasada el consumo de cocaína adulterada en los partidos bonaerenses de Tres de Febrero, San Martín y Hurlingham planteó la incompetencia, para girar el expediente a la justicia federal, con el argumento de que se afectó a la salud pública y que ese fuero tiene más recursos para desarticular toda la organización, informaron hoy fuentes judiciales.

El planteo de declinatoria de competencia fue presentado ayer por el fiscal Germán Martínez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, ante el juez de Garantías 3 de ese departamento judicial, Mariano Grammatico Mazzari.

El juez ya le corrió vista a las defensas de los seis imputados detenidos en este expediente para que brinden su opinión, y luego definirá si coincide con el planteo y envía el expediente por las muertes e intoxicaciones a los juzgados federales de Morón o Tres de Febrero, que ya tenían otras causas que pueden estar ligadas a la misma organización criminal.

En el dictamen -al que tuvo acceso Télam-, el fiscal argumenta que “la pluraridad de intervinientes de al menos seis personas con desarrollo de distintos roles dentro la organización delictiva, como ser vendedores, custodios que ofician de ‘seguridad’, los denominados ‘satélites’ que alertan la presencia policial, los encargados de la guarda y ocultamiento de gran cantidad de droga fraccionada en nylon termosellado (más de 3.700 entre ambos lugares); dan cuenta de una organización compleja”.

Martínez describe una “estructura articulada y con eslabones superiores que participaron en la elaboración, estiramiento y/o adulteración, fraccionamiento, distribución y venta del material estupefaciente altamente nocivo, la cual va más allá del último eslabón de la cadena del narcotráfico” que, según la Ley de Drogas, es el único estadio donde puede intervenir la justicia ordinaria.

Definió a la droga que la banda comercializaba en el asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero como un “arma letal” y sostuvo que “la investigación de los homicidios cometidos no pueden escindirse de la competencia federal originaria sobre la Ley 23.737”.

Si bien Martínez indicó que las pericias químicas “se encuentran en pleno desarrollo” y “no se tienen certezas aún sobre la sustancia que contiene la droga ilícita”, en este caso “se encuentra comprometida en la presente la Salud Publica Provincial y/o Nacional, ya que si bien no se puede asegurar que el estupefaciente ilícito letal este distribuido en otras jurisdicciones, menos puede descartarse”.

El titular de la UFI 16 sostuvo que eso “hace aún más determinante la urgente intervención de la Justicia Federal en la pesquisa, quien cuenta con todos los recursos necesarios, a fin de lograr desarticular toda la organización criminal y hacer cesar el daño”.

Una alta fuente del Ministerio Público Fiscal de San Martín aclaró a Télam que el planteo “no significa que la fiscalía se quedará de manos cruzadas, sino que continuará con las medidas e investigaciones al frente del expediente hasta que la cuestión de competencia se resuelva en instancias superiores”.

En esta causa, hay seis personas que fueron detenidas en el búnker del asentamiento Puerta 8 donde se vendió la droga que causó 24 muertes y más de 80 intoxicados.

Se trata de Nicolás Matías Campos (18), Luis Alberto Rodríguez (26), Iván Daniel Ávalos (21), Mauricio Adrián Balcarce (29), Gabriel Héctor Faudez (47) y Priscila Micaela Faundez (19), quienes el lunes quedaron formalmente detenidos por «tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia ilegal con fines de comercialización agravada por la pluralidad de intervinientes en forma organizada, en concurso real con homicidio simple reiterado en al menos seis oportunidades y tentativa de homicidio simple reiterado en al menos 10 oportunidades».

El mismo juez Grammatico Mazzari que ahora debe definir la competencia, es quien al resolver que estos seis acusados quedaran presos, le sugirió a la fiscalía agravar la calificación a “homicidio calificado por el uso de veneno como método insidioso».

En paralelo, el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, detuvo en otro expediente que ya se venía investigando desde agosto pasado a Joaquín Aquino (33), alías «El Paisa», y otras seis personas como acusadas de integrar una banda narco de la zona, que según las sospechas del Ministerio de Seguridad provincial, fue la distribuidora de la cocaína adulterada.