Judiciales ⚖️
Tragedia de Austral: Querella espera se reviertan absoluciones
Tras el fallo que no encontró culpables por la caída del avión en Fray Bentos se aguarda que Casación haga lugar a las apelaciones.
Por Néstor Llidó
La querella que representa a las víctimas de la Tragedia de Austral, aquel avión que se estrelló en cercanías de la ciudad uruguaya de Fray Bentos y en cuyo juicio fueron absueltos los 35 acusados, espera que la Cámara de Casación Penal revierta el fallo del Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 5, al considerar que “se cometieron “arbitrariedades en la valoración de la prueba”.
Al respecto, los abogados Norberto Caputo y Silvina Rumanchela señalaron que en el pasado mes de mayo presentaron la apelación a la sentencia y ahora será la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa), los que resuelvan el planteo.
Al término del juicio, que se extendió durante dos años, el fiscal Juan Patricio García Elorrio decidió no acusar a los imputados al considerar el principio de “in dubio pro reo”, lo que significa que ante la insuficiencia probatoria se está a favor del acusado.
Además, desestimó como prueba el informe final de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil de la República Oriental del Uruguay, que determinó como una de las causas de la tragedia aérea la condición de engelamiento de los tubos Pitot que produjeron lecturas erróneas en los velocímetros.
Sin embargo, el fiscal García Elorrio sí tomó en cuenta las conclusiones de una pericia ordenada por el Tribunal, en la que la mayoría de los peritos dijeron que resultaban válidas las observaciones que formuló la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil de la República Argentina al informe uruguayo y, por ende, endilgó la responsabilidad de la tragedia a los errores cometidos por los pilotos.
No obstante, el fiscal decidió acusar por “falsedad ideológica” al imputado Danilo Wenk, quien era director de Certificación Aeronáutica de la entonces Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA), para quien solicitó 3 años de prisión condicional por la firma de un documento, a pesar de haber considerado previamente que no había elementos para acusar.
Con este panorama, los jueces José Martínez Sobrino, Daniel Obligado y Adriana Palliotti resolvieron en forma unánime absolver a todos los acusados.
El recorrido judicial comenzó en 1998 con el inicio de una causa federal a cargo del juez Jorge Ballestero, quien en 2003 sobreseyó los imputados. A raíz de una apelación, en 2005 la Corte Suprema indicó que la Justicia argentina era la competente para continuar investigando el siniestro.
Entonces, ya en 2006, el juez Ballestero procesó a casi todos los imputados miembros de Austral y las Fuerzas Armadas por el delito de “estrago doloso”.
Con estos elementos, en 2010, la Cámara de Casación Penal confirmó el procesamiento de 27 imputados y se anexó la causa a otra por la compra de los aviones de descarte -entre ellos el siniestrado-, aunque recién en 2013 se elevó a juicio oral y público.
El vuelo de Austral se estrelló el 10 de octubre de 1997 y dejó 74 muertos, pero el juicio recién comenzó el 24 de marzo de 2019.
Según se indicó en un informe, el avión McDonnell Douglas DC-9-32 con matrícula argentina LV-WEG, que se dirigía desde Posadas hacia la ciudad de Buenos Aires, se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, luego de una falla con el sistema de tubo de Pitot.
Austral Líneas Aéreas había sido gestionada hasta 1995 por la aerolínea española Iberia, y era gerenciada en ese momento por el Instituto Nacional de Industria (INI) de España.
Judiciales ⚖️
Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado
Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.
El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.
El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.
Cuatro disparos y ninguna agresión previa
Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.
Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.
El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.
Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.
Una pena en la mitad de la escala
El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.
La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.
El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.
Lo que tenés que saber:
- El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
- Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
- Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
- La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
- La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
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