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Secuestraron el celular de la directora de la ANMAT en la causa por fentanilo

La fiscal Roteta apunta a la posible responsabilidad de la ANMAT, el INAME y el Ministerio de Salud.

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La investigación por el fentanilo contaminado que ya provocó al menos 96 muertes sumó este lunes un giro clave: la Justicia federal secuestró el teléfono de Nélida Agustina Bisio, directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La medida apunta a establecer si existió responsabilidad de organismos públicos en el control de los laboratorios vinculados al opioide adulterado.

Organismos bajo sospecha

La fiscal federal Laura Roteta impulsa la investigación sobre la posible injerencia de la ANMAT en el ingreso y control del fentanilo. Además de este organismo, quedaron en la mira el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el Ministerio de Salud. Este último se retiró como querellante de la causa.

En relación al INAME, se resolvió el apartamiento de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, tras conocerse su presunta vinculación en el expediente.

Para la fiscal, los organismos estatales actuaron con “negligencia, connivencia o complicidad” en los procesos de inspección de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes a Ariel García Furfaro.

Allanamientos y medidas judiciales

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó este lunes un amplio operativo judicial:

  • Allanar la sede central de la ANMAT en Avenida de Mayo, Ciudad de Buenos Aires.
  • Allanar la sede del INAME en Caseros, provincia de Buenos Aires.
  • Inspeccionar domicilios particulares de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Salud.

En paralelo, continúan las definiciones sobre las indagatorias y la situación procesal de los imputados.

Dificultades en la investigación

Fuentes judiciales citadas por la agencia Noticias Argentinas señalaron que los investigadores siguen detrás de la comprobación de nuevos casos vinculados al fentanilo adulterado. La información llega de manera “poco depurada”, lo que complica el avance de las pericias.

Judiciales ⚖️

El TSJ porteño limitó la actualización de indemnizaciones con la nueva ley laboral

Por mayoría, el tribunal revocó un fallo de la Cámara del Trabajo y aplicó el artículo 55 de la Ley 27.802 a una trabajadora despedida por el Banco Hipotecario. Los jueces Lozano y Ruiz votaron en disidencia: sostuvieron que la norma discrimina a los trabajadores.

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Tribunales: causa laboral por indemnización

Una trabajadora despedida por el Banco Hipotecario verá su indemnización actualizada con una fórmula que nunca podrá superar al IPC más 3% anual que había fijado la Justicia del Trabajo. El Tribunal Superior de Justicia porteño decidió que corresponde aplicar el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, con tasa pasiva del Banco Central y un piso del 67%.

En la causa «Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral)», el TSJ hizo lugar al recurso de la entidad y revocó por mayoría una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Votaron en mayoría Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, esta última con fundamentos propios; en disidencia, Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz. La Ley 27.802 entró en vigencia el 6 de marzo de 2026, mientras la causa estaba en trámite.

Qué dice el artículo 55

La norma rige para los juicios laborales en trámite sin sentencia definitiva: los créditos se actualizan con la tasa pasiva del Banco Central, con un techo equivalente a la actualización por IPC más 3% anual y un piso del 67% de esa fórmula. Los casos nuevos quedan bajo el artículo 54, que mantiene el IPC más 3%.

La Cámara había declarado inconstitucionales las leyes 23.928 y 25.561, que prohíben la indexación, y había ordenado actualizar el crédito por IPC más un interés puro del 3% anual.

Los argumentos

El banco sostuvo que el fallo era arbitrario y se apartaba de los precedentes «Oliva» y «Lacuadra» de la Corte Suprema. La trabajadora planteó la inconstitucionalidad del artículo 55 y el tribunal la rechazó: la mayoría consideró que declarar la invalidez de una ley es el último recurso, que el régimen transitorio responde a un criterio de oportunidad y mérito legislativo y que el piso del 67% es compatible con la doctrina de no confiscatoriedad de la Corte Suprema. Weinberg agregó que la trabajadora no probó con cifras cuánto perdía.

La disidencia y los números

Lozano y Ruiz declararon inconstitucional la norma. Sostuvieron que discrimina a los trabajadores, sujetos de «preferente tutela», al darles por la mora una reparación inferior a la de cualquier otro acreedor y por haber acudido a la Justicia.

El voto en disidencia citó un cálculo para el período entre marzo de 2017 y agosto de 2026: el IPC acumuló 11.980%, la tasa pasiva del artículo 55 llegó a 5.930% y la tasa de interés moratorio del Banco Central (TIM) alcanzó 12.186%.

El respaldo de la Corte Suprema

El TSJ explicó que su decisión coincide con el fallo de la Corte Suprema del 5 de noviembre en «Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ UNIR S.A. y otros s/ despido», firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En ese caso, el máximo tribunal dejó sin efecto sentencias que habían ordenado calcular las deudas por IPC más 3% y dispuso aplicar el artículo 55 a los juicios sin sentencia definitiva firme. La Suprema Corte bonaerense ya había avalado ese artículo el 21 de octubre.

Lo que tenés que saber

  • El TSJ porteño aplicó el artículo 55 de la Ley 27.802 a la indemnización de una trabajadora despedida por el Banco Hipotecario.
  • La fórmula usa la tasa pasiva del Banco Central, con techo de IPC más 3% anual y piso del 67%.
  • La decisión fue por mayoría: Lozano y Ruiz votaron en disidencia.
  • El tribunal rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la trabajadora.
  • El fallo sigue lo resuelto por la Corte Suprema el 5 de noviembre en «Cabana Opanasiuk».
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