En pleno corazón urbano de Avellaneda, a solo unos pasos del centro comercial Alto Avellaneda, la División Unidad Operativa Federal (DUOF) descubrió un vivero de marihuana oculto en dos viviendas adaptadas como laboratorios. La pesquisa se desarrolló bajo la supervisión del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, que ordenó los allanamientos luego de que la Unidad de Inteligencia Criminal detectara un inusual movimiento en la zona.

Según confirmaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, el operativo permitió desarticular una red de producción y distribución de cannabis sativa que utilizaba tecnología de cultivo indoor e hidroponía. Las instalaciones estaban equipadas con ventilación industrial, sistemas automatizados de riego e iluminación, fertilizantes y nutrientes específicos. El material incautado evidencia una planificación profesional, orientada a maximizar el rendimiento del cultivo.

Reparto a domicilio: el nuevo eslabón del narcomenudeo

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación fue la modalidad de comercialización. El responsable del vivero ofrecía el producto por canales aún no precisados —se presume que mediante redes sociales o mensajería encriptada— y organizaba entregas a través de repartidores en moto. El área de cobertura era la totalidad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según reconstruyeron los agentes federales.

Durante los allanamientos se incautaron más de 1.140 plantines y 24 plantas adultas de cannabis de gran porte, además de la motocicleta que utilizaban para la distribución. También se secuestraron teléfonos celulares, siete chips de distintas compañías y restos de tierra embolsada, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de producción en serie.

El detenido y la ley 23.737

El detenido, cuya identidad no fue revelada, quedó a disposición del Poder Judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. Según indicaron voceros del caso, se lo acusa de administrar las dos viviendas donde se producía la droga y de organizar su posterior venta.

De comprobarse su responsabilidad, podría enfrentar penas de hasta 15 años de prisión. En tanto, la Justicia federal continuará con la investigación para determinar si existían otros implicados y cómo se realizaban los pagos y contactos con los compradores.

Este caso se suma a una serie de operativos recientes en el conurbano sur, donde proliferan cultivos artesanales y redes de microtráfico, muchas veces invisibles para el radar policial por su bajo perfil y sus estrategias de distribución no convencionales.