Judiciales ⚖️
Atentado contra Cristina: el juicio comienza el 26 de junio
El juicio convoca a un total de 277 personas, entre ellas la propia ex vicepresidenta, y los tres imputados llegan detenidos al juicio oral y público.
El proceso judicial por el presunto intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner se iniciará el 26 de junio próximo. El tribunal oral encargado del caso ha tomado la decisión y ha notificado a las partes sobre la convocatoria al debate oral.
En esta fase, sólo tres acusados comparecerán ante el tribunal: Fernando Sabag Montiel, quien efectuó disparos contra la ex presidenta; Brenda Uliarte, su compañera que estuvo con él el 1 de septiembre de 2022; y Gabriel Carrizo, líder de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como “los copitos”.
Los jueces Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, junto con la magistrada Sabrina Namer, presidirán el juicio, y la fiscal Gabriela Baigún, en colaboración con la querella de la ex presidenta, llevará la acusación.
El juicio convocará a un total de 277 personas, incluyendo a la propia ex vicepresidenta. Los tres acusados serán llevados detenidos al juicio oral y público.
La lista de testigos incluye a la custodia asignada a la vicepresidenta, así como a los militantes que la esperaban en su casa la noche del 1 de septiembre de 2022, además de los policías y expertos que participaron en el caso.
Aún queda por determinar los días del juicio y su frecuencia, debido a la gran cantidad de testigos y la duración prevista del mismo.
LA PARTICIPACIÓN DE MILMAN
Además de los tres acusados y este juicio, aún se está investigando un remanente relacionado con supuestas declaraciones del entonces diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, en un bar cerca del Congreso Nacional, donde supuestamente habría afirmado que sabía de antemano del atentado que se iba a cometer y que él se iba a ir de Buenos Aires.
En esta parte del proceso, la Justicia está examinando el teléfono de Milman y el de dos colaboradoras que estaban con él ese día.
LA PARTICIPACIÓN DE REVOLUCIÓN FEDERAL
Otro expediente relacionado es el que investiga las amenazas de “Revolución Federal” que se publicaron en las redes sociales y que la ex presidenta atribuye a sectores de la oposición, tras descubrirse una conexión con la familia del empresario Nicolás Caputo.
Por el momento, los tres casos se están tramitando por separado y habrá que esperar al resultado del juicio para ver si el Tribunal decide avanzar contra otros acusados.
Entre los testigos propuestos por las partes, se encuentran la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, así como otros ex funcionarios.
Investigación 🔎
Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas
La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.
El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.
La hipótesis que sigue la Justicia
La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.
El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.
Una denuncia nacida dentro del astillero
La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.
Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.
El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción
Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.
Puntos clave
- La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
- Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
- La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
- La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
- La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
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