Judiciales ⚖️
Empresario platense dijo que Villegas lo instó a denunciar al «Pata» Medina
Se trata de Fabián Cusini, empresario de la construcción y miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos Región Capital de la provincia de Buenos Aires, quien declaró este martes ante el juez federal Ernesto Kreplak en el marco del expediente en el que se investiga el supuesto armado de causas judiciales, a través de mecanismos ilegales, contra Juan Pablo «Pata» Medina y otros dirigentes de la Uocra.
Un empresario platense de la construcción declaró este martes ante la justicia federal que Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, lo instó a presentar notas y denuncias contra los dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) seccional La Plata, en el marco de los conflictos que se presentaban entre el sector patronal y los trabajadores.
Se trata de Fabián Cusini, empresario de la construcción y miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos Región Capital de la provincia de Buenos Aires, quien declaró este martes ante el juez federal Ernesto Kreplak en el marco del expediente en el que se investiga el supuesto armado de causas judiciales, a través de mecanismos ilegales, contra Juan Pablo «Pata» Medina y otros dirigentes de la Uocra.
«En la reunión, recuerdo que Villegas hacía mucho hincapié en que las Cámaras hagan una denuncia, una nota, en la que se indique lo que sus afiliados o socios estaban pasando», sostuvo Cusini en su declaración indagatoria, al referirse a la reunión desarrollada el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia a la que asistieron también exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
«Lo primero que me llamó la atención fue que la reunión se hiciera en Capital dado que generalmente las reuniones que teníamos por la Cámara eran en la provincia de Buenos Aires o locales. Lo segundo que me llamó la atención fue la cantidad de gente. A algunos los conocía, como al intendente de La Plata (Julio Garro), pero había otros que no. Seguramente los presentaron, pero no recuerdo los nombres», declaró.
«Había personas que no se presentaron, que habían dado su nombre de pila, creía que esta gente pertenecía al Ministerio de Trabajo dado que esta cuestión con la UOCRA tenía que resolverse en ese ministerio», afirmó el empresario en un pasaje de la indagatoria en la que, sin explicitarlo, tomó distancia de la presencia de espías de aquella reunión cuyo registro fue encontrado en la propia AFI.
Durante la indagatoria, el empresario señaló que asistió al encuentro con el objetivo de «mostrar la inquietud de las pequeñas empresas de Construcción» y que en todo momento esperó que desde el ministerio de Trabajo provincial surgieran soluciones a los conflictos que tenían con la UOCRA.
En ese contexto, sostuvo que siempre esperó que desde la cartera laboral platense se acercaran a las distintas obras para poder intervenir en las situaciones de conflicto pero que eso nunca pasó, por lo que sostuvo que el ministerio de trabajo «siempre fue cómplice de la UOCRA», según surgió de fuentes con acceso al expediente.
Cusini también confirmó que durante aquella reunión llevada a cabo en el Bapro, a los empresarios les «repartieron un papelito» y se los instó a que presentaran notas en el Ministerio de Trabajo.
«El papel que nos dieron tenía palabras sueltas o frases, podrían ser palabras sueltas, no era el modelo de un escrito judicial para presentar. A mí me parece que al salir al papel lo tiré, no le di mucha importancia», sostuvo el empresario en relación al papel que supuestamente contenía las palabras clave que debían utilizarse en las denuncias contra la UOCRA, como por ejemplo «amenaza» o «extorsión».
A los imputados de esta causa se los acusa de haber participado, durante el año 2017, en la ejecución de una estrategia, elaborada por miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal de la época, tendiente a impulsar denuncias e involucrar así en investigaciones penales a dirigentes de la UOCRA seccional la plata y allegados.
«La materialización de dicha estrategia se habría dado no sólo a través del aporte de elementos probatorios -tales como la formulación de denuncias, declaraciones testimoniales, entre otros- sino también de gestiones paralelas al desarrollo de los procesos penales, tendientes a producir efectos en ellos, que involucran actividades de inteligencia ilegal e infracción a disposiciones legales de orden procesal», según surge del expediente.
Judiciales ⚖️
La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica
Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.
El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.
Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.
Qué dijo el juez
Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.
El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.
La Cámara Federal cerró dos puertas
Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».
Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.
Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto
La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Lo que tenés que saber
- El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
- Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
- La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
- El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
- Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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