Judiciales ⚖️
Desapareció tras sufrir prostitución: condenaron a la pareja, cuñado y suegra
La víctima, Mónica Aquino de 29 años, fue vista por última vez en mayo de 2023 en la zona sur de Ia ciudad de Santa Fe.
Lo que tenés que saber
- Mónica Estefanía Aquino, de 29 años, desapareció en mayo de 2023 en la zona sur de Santa Fe.
- Fue explotada sexualmente por su pareja, el cuñado y la suegra.
- Hugo Pérez, pareja de la víctima, fue condenado a 15 años de prisión por “explotación de la prostitución ajena agravada” y “promoción de la prostitución ajena”.
- Mario Pérez y María Rosa Aguirre recibieron una pena de ocho años de cárcel por el mismo delito.
- Los fiscales solicitaban penas de hasta 20 años para los acusados.
Condena para el marido y su familia por explotación sexual
La Justicia condenó a Hugo Pérez, marido de Mónica Estefanía Aquino, a 15 años de prisión por su responsabilidad en la explotación de la prostitución ajena. El tribunal determinó que Pérez promovió la prostitución de su esposa, quien fue vista por última vez en mayo de 2023 en la ciudad de Santa Fe. La víctima, madre de tres hijos, era explotada sexualmente por él, su cuñado y su suegra.
La sentencia contra el cuñado y la suegra
En el mismo fallo, el tribunal dictó una pena de ocho años de prisión para Mario Pérez, cuñado de la víctima, y para María Rosa Aguirre, suegra de Mónica Aquino. Ambos fueron hallados culpables de “explotación de la prostitución ajena agravada” por su participación en el abuso hacia la mujer.
Requerimiento de los fiscales y el fallo final
Los fiscales Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro habían solicitado penas de hasta 20 años para los acusados. Sin embargo, el tribunal integrado por los jueces Rosana Carrara, Susana Luna y Leandro Lazzarini impuso las sentencias mencionadas, dejando claro el rol de los tres implicados en la explotación sexual de Mónica.
Judiciales ⚖️
La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica
Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.
El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.
Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.
Qué dijo el juez
Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.
El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.
La Cámara Federal cerró dos puertas
Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».
Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.
Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto
La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Lo que tenés que saber
- El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
- Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
- La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
- El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
- Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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