El agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Cristian Rivaldi, imputado por lanzar gas lacrimógeno a una niña de diez años durante una manifestación de jubilados el 11 de septiembre de 2024, solicitó su sobreseimiento y negó los hechos en un escrito presentado ante la Justicia.

Declaración indagatoria y defensa

Rivaldi se presentó en los Tribunales Federales de Retiro, donde entregó un descargo escrito en el que rechazó las acusaciones. Afirmó que durante el operativo cumplió órdenes de superiores y que no vio a la niña, de nombre Fabrizia, en la marcha realizada en las inmediaciones del Congreso Nacional.

En su escrito, el policía sostuvo que ese día hubo «violencia» en «forma constante» y que, a través de la radio policial, recibieron órdenes con disposiciones como «avance, disperse a los revoltosos y liberen la calzada». Aseguró que actuó «siempre de acuerdo con lo ordenado por la Superioridad» y bajo las órdenes de la sala de «Comando Unificado de las Fuerzas Federales».

Rivaldi remarcó que nunca vio a una menor en el lugar y que su atención estaba centrada en los sitios donde se producían los desmanes. Sobre la presencia de la niña, expresó que «jamás» imaginó que una menor estaría «solapada en esos grupos violentos» y que, en su carrera, nunca hubo menores en las manifestaciones en las que participó.

Denuncia y medidas judiciales

La madre de la niña, Carla Pegoraro, denunció que un efectivo de la PFA, identificado como Rivaldi, les arrojó gas pimienta a ella y a su hija de manera violenta e inesperada, a menos de medio metro de distancia, lo que les provocó daños físicos y psicológicos. La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y recayó en el Juzgado Federal N°9, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a la PFA la remisión de copias de la orden del día correspondiente al procedimiento realizado el 11 de septiembre y los datos del efectivo de apellido Rivaldi que participó del operativo. También pidió incorporar al expediente imágenes y videos relacionados con el hecho.

Acusaciones contra autoridades

Además de Rivaldi, la denuncia apunta contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe de la PFA, Luis Rollé; y el comisario a cargo del operativo, Gerardo Ariel Perillo Scampini. Se los acusa de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

Según la denuncia, las autoridades habrían orquestado una maniobra mediática para ocultar la represión, que incluyó la difusión de un video manipulado con el objetivo de ocultar la brutalidad de los hechos. La madre de la niña pidió que se cite a declaración indagatoria a todos los involucrados y solicitó medidas de prueba, entre ellas la declaración de la menor en Cámara Gesell.