Especialistas en cuestiones fiscales evaluaron propuestas para presentar ante integrantes de la Cámara de Diputados, en el marco del análisis sobre la separata de gastos tributarios enviada por el Poder Ejecutivo, las cuales tienden a «garantizar transparencia en la rendición de cuentas».

Se trata del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), cuyos miembros presenciaron el análisis iniciado la última semana en el ámbito de la comisión de Presupuesto y Hacienda, reunión de la que también formaron parte el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y los titulares de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, y de la Aduana, Guillermo Michel.

«Entre las propuestas que presentamos, hay muchas que apuntan a eliminar exenciones de Bienes Personales (BBPP), renta financiera o igualar las alícuotas en el caso de esta última, cuyos gastos tributarios no tienen un marco normativo como sí los directos», señaló Julieta Izcurdia, integrante del ETFE y coordinadora de Justicia Fiscal en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

En este sentido, explicó que «a través de la ley de procedimiento tributario se podría incorporar un artículo que haga que cada vez que el Congreso discuta o quiera revisar los regímenes tenga algunas pautas como que esté bien fundamentado; una línea de base para medir objetivos; un nivel de participación mucho más alto incluyendo audiencias públicas y no sólo los sectores interesados».

Precisamente, «para garantizar transparencia en la rendición de cuentas», puntualizó Izcurdia, durante un encuentro del ETFE con medios acreditados, en la Fundación Friedrich Ebert, para presentar sus recientes publicaciones, «Mitos Impuestos. Una guía para disputar ideas sobre lo fiscal» y «10 propuestas de política fiscal para una sociedad más equitativa».

Sobre la transparencia, la ACIJ ahondó que su «propuesta de reforma busca hacer más justos y transparentes los beneficios fiscales» porque -argumentan- «es necesario discutir cuáles son justificados y cuáles no, y establecer una regulación con procedimientos claros y rigurosos».

En tanto, Izcurdia comentó que en las presentaciones de Balestrini «estaba muy presente la idea de que tiene que haber una política pública detrás del gasto indirecto, algo que muchas hoy no la tienen».

«En eso (Balestrini) fue muy enfática, incluso sugiere revisar algunas de las alícuotas reducidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en esa discusión planteaban que es mejor atender al IVA personalizado», completó.

La separata ingresada por el Ministerio de Economía presenta un amplio listado de gastos tributarios, es decir, regímenes tributarios diferenciales o de estímulo fiscal a distintos sectores de la economía y que representan para el fisco una pérdida de recaudación de 4,72% del PBI.

Mediante la misma, el oficialismo buscará consenso con los bloques opositores para que las cuentas fiscales puedan llegar a nivel de equilibrio más rápido.

En cuanto a la posición de los legisladores, Izcurdia afirmó que «la principal inquietud de la oposición era si en el proyecto había presente la voluntad política para eliminar exenciones», y que «si bien muchos sostenían que deben eliminarse todas las exenciones, advertían sobre la carencia de un proyecto al respecto, como que tampoco lo iban a hacer ellos».

Por último, consideró que debería haber un proyecto «más concreto» para que la separata se efectivice.

Para la ACIJ, la propuesta de Economía «sugiere revisar algunos gastos presupuestarios, es decir, beneficios fiscales que en realidad son privilegios».

Los gastos tributarios son recursos que el Estado deja de recaudar, impuestos que no se cobran, y algunos se justifican porque buscan una mayor equidad, como no pagar el IVA de los alimentos de la canasta básica para los sectores de menores ingresos.

«Otros son injustificables desde una perspectiva de igualdad», sostiene la ACIJ, ya que «muchos gastos tributarios benefician a sectores concentrados de la economía o de altos ingresos: jueces, juezas, mineras, propietarios de inmuebles rurales que no pagan determinados impuestos».

El tamaño de estos gastos, sumados a otros beneficios impositivos, «equivalen al 25,6% de lo que se recauda en impuestos», según la asociación civil.

En esta línea, sostiene que este es el segundo año consecutivo en que el Ejecutivo sugiere al Legislativo su revisión con el objetivo de lograr en el 2024 un superávit fiscal del 1% del Producto Bruto Interno (PBI).

Entre los beneficios que supone la separata figuran la exención del impuesto a las Ganancias a jueces y asociaciones civiles y cooperativas, regímenes diferenciales de IVA y el esquema de promoción industrial para la provincia de Tierra del Fuego.

La separata del oficialismo plantea que borrando algunos de los ítems del gasto tributario el sector público podría alcanzar, en 2024, un superávit de 1% del PBI.

En el detalle del texto enviado al Congreso figuran: Ganancias de magistrados de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (0,16% del PBI), Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas (0,11%), alícuotas reducidas de IVA (0,62%) y régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego (0,33%).

«Es intención del Gobierno Nacional proponer a las Señoras y Señores Legisladores el análisis de medidas legislativas que, a través del fortalecimiento de la recaudación, hagan posible diseñar un escenario fiscal que exhiba un resultado primario superavitario del orden de 1% del PIB», sostuvo Economía al respaldar el envío de la separata.