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Neuquén: imputan a empresarios por colapso durante obra vial en Chos Malal

La caída de una ladera alcanzó a tres personas que pasaban cerca de la zona. El proyecto incluía la construcción de un puente sobre el río Curileivú.

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Lo que tenés que saber

  • El desmoronamiento ocurrió en agosto de 2023 en una obra pública de Chos Malal.
  • Imputaron al presidente y al director técnico de la constructora Luciano S.A.
  • Los fiscales les atribuyen negligencia e incumplimiento de normas técnicas.
  • La ladera colapsó con una inclinación de 60° en lugar de los 30° estipulados.
  • El juez validó la acusación por estrago culposo y fijó un mes para investigar.

Avanza la causa judicial por el derrumbe en Chos Malal

Dos responsables de la empresa Luciano S.A fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, tras el colapso de una parte del Cerro de la Virgen durante una obra vial. El hecho ocurrió el 1 de agosto de 2023 y provocó lesiones a tres personas que estaban en el lugar.

Los acusados son L.L, presidente de la firma, y R.M, director técnico. Ambos enfrentan cargos por el delito de estrago culposo. Según los fiscales Fernando Fuentes y Natalia Rivera, el derrumbe se produjo durante la ejecución de un puente sobre el río Curileivú, en la intersección de la Ruta Provincial 43 y calle Emilio Pessino.

¿Qué dijo Vialidad Provincial sobre el deslizamiento en Cerro de la Virgen?

Una familia herida mientras circulaba por la zona

Durante el desmoronamiento, una pareja y su hija se encontraban al pie del cerro. Sufrieron fracturas, cortes y traumatismos, con tiempos de recuperación estimados entre 30 y 200 días. El sector afectado formaba parte de una obra pública en la zona de chacras de Chos Malal.

La fiscalía señala fallas en la ejecución técnica del proyecto

Los fiscales atribuyeron responsabilidad directa a R.M por «haber actuado con negligencia, imprudencia e impericia profesional, incumpliendo los deberes de cuidado propios de sus funciones en el marco de su desempeño profesional en la obra señalada”.

También indicaron que “el imputado elevó el riego por encima de lo permitido y generó un peligro común, que se materializó en el desprendimiento y derrumbe de un sector del Cerro de la Virgen”.

En el expediente se detalla que “infringió el deber objetivo de cuidado y las reglas técnicas aplicables a la ingeniería vial y geotécnica, al omitir realizar las verificaciones de campo necesarias para asegurar que el talud adyacente a la Ruta Provincial 43, se conformara con una pendiente de 30°, tal lo previsto en el informe de ingeniería de la tercera modificación de obra, y no disponer la ejecución de los estudios geológicos y geotécnicos complementarios exigidos en la licitación pública 14/11 (artículo 16), indispensables para calcular la estabilidad del talud natural y adoptar medidas de protección adecuadas para ello. Dicho talud presentaba una pendiente de 60° aproximadamente, al momento del derrumbe”.

Asimismo, señalaron que “su accionar resultó además imprudente por cuanto omitió seguir las recomendaciones de seguridad contenidas en el estudio de impacto ambiental, que advertía sobre la inestabilidad de la ladera y la necesidad de respetar el talud consignado y omitió ordenar la ejecución de obras de contención y protección de dicho talud”.

También imputan al presidente de la empresa

Respecto de L.L, los fiscales indicaron que, en su rol de presidente de la constructora, “sabía de la ejecución de la obra, por lo que se le atribuyó haber actuado con negligencia, incumpliendo los deberes de cuidado propios de sus funciones”.

El informe también consigna que “elevó el riego por encima de lo permitido y generó un peligro común, que se materializó en el desprendimiento y derrumbe de un sector del Cerro de la Virgen. El deslizamiento planar-traslacional del macizo rocoso constituyó un medio poderoso de destrucción que ocasionó lesiones”, a las personas que estaban al pie del cerro.

En cuanto a su responsabilidad como directivo, se detalló: “Omitió la realización de los estudios geotécnicos y geológicos que le eran exigibles por el artículo 16, contenido en el índice de especiaciones técnicas en el Anexo 1 correspondiente al licitación pública 14/11 en la sección 4b especificaciones técnicas particulares (estudio de suelo para fundaciones)”.

Plazo judicial y calificación legal del caso

Durante la audiencia de formulación de cargos, los abogados que representan a las víctimas adhirieron a la acusación del MPF, pero propusieron una agravante: solicitaron que el delito se encuadre como estrago culposo agravado por las lesiones.

El juez de garantías Eduardo Egea validó la imputación formulada por la fiscalía y descartó la calificación sugerida por la querella. “Si bien la calificación legal es diversa entre el MPF y la querella, el relato de los hechos no lo es, ya que la querella coincidió con lo indicado por el MPF en ese aspecto. Y creo que tiene razón el MPF sobre la calificación elegida”, afirmó.

El proceso judicial cuenta con un plazo de investigación de un mes, que vence el 5 de octubre próximo.

Femicidio

Santa Fe: un policía mató a su expareja, también policía, y se quitó la vida

El hecho ocurrió en el barrio Alfonso de la capital provincial. La víctima, Romina Benítez, tenía 27 años y un hijo de nueve con el agresor. La principal hipótesis es que él usó el arma reglamentaria de ella.

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Un patrullero de la Policía de Santa Fe y una camioneta frente a una cinta de seguridad en una calle

Un efectivo de la Policía de Santa Fe mató a tiros a su expareja, también policía, y después se suicidó. El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 8.30 en una vivienda de la calle Corrientes, en el barrio Alfonso de la capital provincial, según informaron fuentes judiciales.

La víctima fue identificada como Romina Benítez, de 27 años, y el agresor, como Marcelo Romero, de 28. Ambos prestaban servicios en la Brigada Motorizada de la policía provincial. La causa quedó a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro.

Cómo fue el hecho

Según las primeras reconstrucciones, la pareja se había separado meses atrás y tenía un hijo de nueve años. Benítez llevó al niño a la escuela y, al volver a su casa, fue sorprendida por Romero, que la esperaba. Tras una discusión, él le disparó y después se quitó la vida. El niño fue retirado del colegio por su abuelo, mientras se activaban los protocolos de asistencia y contención para la familia.

El arma y la investigación

La fiscal explicó que Romero estaba con licencia médica por un accidente laboral y no tenía asignada su arma reglamentaria. La principal hipótesis es que usó la pistola de la víctima, que sí estaba en actividad. Es la única evidencia secuestrada en la escena.

Se revisaron los antecedentes judiciales de ambos para determinar si había denuncias previas o intervenciones por violencia de género, y hasta el momento no se hallaron registros vinculados a la pareja. Trabajaron peritos del Gabinete Criminalístico de la PDI y personal de la Brigada de Femicidios. Se hacen peritajes para descartar o confirmar la participación de terceros, aunque los indicios apuntan a la intervención exclusiva de las dos personas fallecidas.

Con este caso, la ciudad de Santa Fe registró su segundo femicidio en una semana, un dato que volvió a poner en foco la violencia de género en la provincia.

Lo que tenés que saber

  • Un policía santafesino mató a su expareja, también policía, y se suicidó el viernes en el barrio Alfonso de la capital provincial.
  • La víctima era Romina Benítez, de 27 años; el agresor, Marcelo Romero, de 28.
  • Tenían un hijo de nueve años y estaban separados desde hacía meses.
  • La hipótesis principal es que Romero usó el arma reglamentaria de la víctima.
  • No se hallaron denuncias previas por violencia de género entre ambos.
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