Lo que tenés que saber

• El desmoronamiento ocurrió en agosto de 2023 en una obra pública de Chos Malal.
• Imputaron al presidente y al director técnico de la constructora Luciano S.A.
• Los fiscales les atribuyen negligencia e incumplimiento de normas técnicas.
• La ladera colapsó con una inclinación de 60° en lugar de los 30° estipulados.
• El juez validó la acusación por estrago culposo y fijó un mes para investigar.

Avanza la causa judicial por el derrumbe en Chos Malal

Dos responsables de la empresa Luciano S.A fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, tras el colapso de una parte del Cerro de la Virgen durante una obra vial. El hecho ocurrió el 1 de agosto de 2023 y provocó lesiones a tres personas que estaban en el lugar.

Los acusados son L.L, presidente de la firma, y R.M, director técnico. Ambos enfrentan cargos por el delito de estrago culposo. Según los fiscales Fernando Fuentes y Natalia Rivera, el derrumbe se produjo durante la ejecución de un puente sobre el río Curileivú, en la intersección de la Ruta Provincial 43 y calle Emilio Pessino.

Una familia herida mientras circulaba por la zona

Durante el desmoronamiento, una pareja y su hija se encontraban al pie del cerro. Sufrieron fracturas, cortes y traumatismos, con tiempos de recuperación estimados entre 30 y 200 días. El sector afectado formaba parte de una obra pública en la zona de chacras de Chos Malal.

La fiscalía señala fallas en la ejecución técnica del proyecto

Los fiscales atribuyeron responsabilidad directa a R.M por «haber actuado con negligencia, imprudencia e impericia profesional, incumpliendo los deberes de cuidado propios de sus funciones en el marco de su desempeño profesional en la obra señalada”.

También indicaron que “el imputado elevó el riego por encima de lo permitido y generó un peligro común, que se materializó en el desprendimiento y derrumbe de un sector del Cerro de la Virgen”.

En el expediente se detalla que “infringió el deber objetivo de cuidado y las reglas técnicas aplicables a la ingeniería vial y geotécnica, al omitir realizar las verificaciones de campo necesarias para asegurar que el talud adyacente a la Ruta Provincial 43, se conformara con una pendiente de 30°, tal lo previsto en el informe de ingeniería de la tercera modificación de obra, y no disponer la ejecución de los estudios geológicos y geotécnicos complementarios exigidos en la licitación pública 14/11 (artículo 16), indispensables para calcular la estabilidad del talud natural y adoptar medidas de protección adecuadas para ello. Dicho talud presentaba una pendiente de 60° aproximadamente, al momento del derrumbe”.

Asimismo, señalaron que “su accionar resultó además imprudente por cuanto omitió seguir las recomendaciones de seguridad contenidas en el estudio de impacto ambiental, que advertía sobre la inestabilidad de la ladera y la necesidad de respetar el talud consignado y omitió ordenar la ejecución de obras de contención y protección de dicho talud”.

También imputan al presidente de la empresa

Respecto de L.L, los fiscales indicaron que, en su rol de presidente de la constructora, “sabía de la ejecución de la obra, por lo que se le atribuyó haber actuado con negligencia, incumpliendo los deberes de cuidado propios de sus funciones”.

El informe también consigna que “elevó el riego por encima de lo permitido y generó un peligro común, que se materializó en el desprendimiento y derrumbe de un sector del Cerro de la Virgen. El deslizamiento planar-traslacional del macizo rocoso constituyó un medio poderoso de destrucción que ocasionó lesiones”, a las personas que estaban al pie del cerro.

En cuanto a su responsabilidad como directivo, se detalló: “Omitió la realización de los estudios geotécnicos y geológicos que le eran exigibles por el artículo 16, contenido en el índice de especiaciones técnicas en el Anexo 1 correspondiente al licitación pública 14/11 en la sección 4b especificaciones técnicas particulares (estudio de suelo para fundaciones)”.

Plazo judicial y calificación legal del caso

Durante la audiencia de formulación de cargos, los abogados que representan a las víctimas adhirieron a la acusación del MPF, pero propusieron una agravante: solicitaron que el delito se encuadre como estrago culposo agravado por las lesiones.

El juez de garantías Eduardo Egea validó la imputación formulada por la fiscalía y descartó la calificación sugerida por la querella. “Si bien la calificación legal es diversa entre el MPF y la querella, el relato de los hechos no lo es, ya que la querella coincidió con lo indicado por el MPF en ese aspecto. Y creo que tiene razón el MPF sobre la calificación elegida”, afirmó.

El proceso judicial cuenta con un plazo de investigación de un mes, que vence el 5 de octubre próximo.