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Judiciales ⚖️

Ordenan suspensión provisoria de arbitraje internacional por contrato de concesión

La decisión se tomó ante un reclamo para suspender de manera provisoria el arbitraje del acuerdo de renegociación del contrato del Acceso Norte que se firmó durante el macrismo y que había prorrogado hasta 2030 la concesión de la autopista Panamericana a favor de Autopistas del Sol.

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El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico ordenó hoy «la suspensión provisoria» de los efectos de un artículo del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del contrato de concesión del Acceso Norte que disponía un arbitraje internacional y ordenó a la demandada Autopistas del Sol S.A. (Ausol) abstenerse de impulsar ese trámite.

Lo hizo ante un planteo del Estado Nacional que reclamó que Ausol cese de impulsar el procedimiento arbitral identificado como «CASO CCI Nº 27318/AJP “AUTOPISTAS DEL SOL S.A. (Argentina) c/ ESTADO NACIONAL–REPÚBLICA ARGENTINA» ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, según la resolución.

La decisión se tomó ante un reclamo para suspender de manera provisoria el arbitraje del acuerdo de renegociación del contrato del Acceso Norte que se firmó durante el macrismo y que había prorrogado hasta 2030 la concesión de la autopista Panamericana a favor de Autopistas del Sol (Ausol).

El magistrado ordenó que esto se cumpla hasta que haya sentencia definitiva en la causa que al respecto tramita ante los tribunales argentinos.

En noviembre del año pasado, Lavié Pico se declaró competente para intervenir en la demanda que presentó Vialidad Nacional para declarar la nulidad de la renegociación, intervino la empresa y designó un veedor

Además, suspendió un mecanismo de compensación destinado a la recuperación de 499.000.000 dólares por parte de la concesionaria y dictó la prohibición preventiva de la distribución de dividendos y de alterar, mediante cualquier figura jurídica, la composición del capital social y de las posiciones accionarias de la empesa.

Esta decisión se encuentra apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que aún no resolvió.

Pero de manera paralela a la demanda que se tramita en el juzgado, según se afirmó en el pedido de cautelar, Ausol avanzó con el arbitraje internacional y desde el organismo internacional se pidió al Estado argentino un pago de 350.000 dólares por gastos del proceso.

A pedido del Estado Nacional el magistrado hizo lugar a la medida cautelar y ordenó suspender el arbitraje internacional que impulsaba la empresa.

«Considero que se encuentran configurados los presupuestos previstos en la normativa aplicable para conceder la tutela cautelar», concluyó el juez.

Lavié Pico evaluó «la índole de los derechos involucrados en esta causa y las manifestaciones y consideraciones vertidas por la parte actora respecto a la continuación del proceso arbitral vinculado a las presentes actuaciones, los elementos aportados a la causa, y la conducta procesal asumida por la propia demandada en el proceso arbitral aún luego de notificada la medida cautelar dispuesta en autos».

Continuar con el arbitraje «produciría los serios y graves perjuicios invocados por la accionante no sólo en el erario público sino también aquellos que pudieren generarse de la tramitación en paralelo de dos causas con un sustrato fáctico y jurídico común y cuyo tratamiento compete, como ha sido resuelto, a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal».

En su presentación el Estado Nacional indicó que “la medida cautelar requerida resulta indispensable a fin de evitar el escándalo jurídico que supone la mera coexistencia de ambos procesos; salvaguardar la eficacia de la sentencia definitiva a dictarse en las presentes actuaciones; y resguardar fundamentalmente el orden público afectado, los derechos, prerrogativas y atributos del Estado Nacional y su soberanía jurisdiccional».

Según se explicó en el planteo cautelar, luego del dictado de la medida cautelar en el juzgado de Lavíé Pico, el Estado argentino «puso en conocimiento del Tribunal Arbitral que la medida cautelar dispuesta en autos determinaba la improcedencia de la continuidad del procedimiento arbitral instado por su contraria ante esa sede».

Pero «no obstante eso, y ante el pedido de Ausol SA, el Tribunal Arbitral resolvió continuar con el trámite iniciado por la concesionaria ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, fijándose el calendario procesal del Arbitraje».

«En ese sentido, destaca que, a la par del avance del procedimiento que allí se desarrolla, la Corte de la Cámara de Comercio Internacional requirió a la República Argentina la suma de U$S 350.000, destinado a financiar la continuidad de dicho trámite y, en definitiva, a solventar los costos de ese tramo del procedimiento, con la posibilidad de que, en el devenir de dicho proceso, se requieran otros desembolsos», se advirtió.

Lo ocurrido «configura un cuadro de situación arbitrario y abusivo, habida cuenta que el Estado Nacional no sólo se ve obligado a litigar simultáneamente en dos ámbitos la cuestión que en estos autos se debate, sino que deberá desembolsar las sumas en dólares que se le requieran para financiar un procedimiento arbitral que considera palmariamente ilegítimo», se sostuvo.

La presentación fue hecha por el Estado Nacional en el litigio que mantiene Ausol con la Dirección Nacional de Vialidad Nacional por la prórroga de la concesión y que tramita en el juzgado de Lavié Pico.

En la presentación se advirtió sobre » la inaceptable coexistencia del proceso arbitral aludido con el de autos, generando -a su entender- el escándalo jurídico de la duplicidad de procesos que poseen una misma raíz, con el consecuente riesgo cierto e inminente a los intereses del Estado Nacional».

Gremiales

Milei lleva a la Corte su venganza contra Barrionuevo por el control de UTHGRA

La Secretaría de Trabajo de Julio Cordero prepara un recurso extraordinario para no reconocer la conducción del gastronómico, que financió al libertario en 2023 y rompió con él. La oposición interna denuncia un fallo exprés de la Cámara laboral.

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El Argentino Diario-Barrionuevo.
Le puso fiscales a Milei y ahora Milei lo quiere fuera del gremio: la factura judicial contra Barrionuevo.

El Gobierno está dispuesto a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia con tal de no reconocer a Luis Barrionuevo al frente de los gastronómicos. Lo que se presenta como una discusión administrativa sobre certificados de autoridades es, en los hechos, el capítulo judicial de un ajuste de cuentas entre Javier Milei y el sindicalista que lo ayudó a llegar a la Casa Rosada.

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que conduce Julio Cordero, exabogado del departamento jurídico laboral del Grupo Techint y exvicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), elabora un recurso extraordinario contra el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que reconoció la conducción de Barrionuevo en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), tras las elecciones de fines de 2025, y ordenó otorgar la certificación provisoria a la lista barrionuevista.

Desde el área de Cordero no hubo comentarios oficiales. Según trascendió, el planteo se apoya en la posibilidad de recurrir hasta la última instancia judicial cuando haya fallos adversos a determinaciones administrativas.

No es la primera vez que Trabajo toca la puerta de la Corte

La ofensiva tiene antecedentes. El 1 de julio, la cartera laboral ya se había presentado ante el máximo tribunal con un recurso de inconstitucionalidad, firmado por la abogada de la Secretaría María Fernanda Penas, contra una medida cautelar de la misma Sala VI que le ordenaba expedir en un plazo de diez días hábiles un certificado provisorio de las autoridades electas en el gremio. En aquella oportunidad, desde el oficialismo deslizaron que la elección que consagró al exsenador catamarqueño estuvo plagada de irregularidades.

La insistencia del Gobierno expone hasta dónde está dispuesto a usar la estructura del Estado para dirimir una pelea política con un exaliado. Y deja una pregunta incómoda sobre la libertad sindical: quién decide quién conduce un gremio cuando la autoridad laboral es, al mismo tiempo, parte interesada en la disputa.

Del pacto de los fiscales a la guerra abierta

La relación entre Milei y Barrionuevo nació de un acuerdo electoral en 2023, cuando el libertario todavía era diputado nacional y candidato presidencial. El pacto consistía en que el sindicato aportara fiscales para cuidar los votos de La Libertad Avanza en la elección de octubre. En el partido de Milei acusaron luego al extitular de Chacarita de no haber cumplido su promesa, y desde entonces el vínculo nunca se recompuso.

Hace apenas dos semanas, Barrionuevo blanqueó su rol en aquella campaña. «Yo invertí en Milei porque me interesaba que no gane Massa», afirmó en una entrevista con el canal de noticias LN+, donde también contó que una reunión de dos horas con el Presidente lo llevó a no querer volver a verlo. En esa misma charla reconoció que su sector perdió 82.000 puestos de trabajo entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Mientras el Gobierno y el viejo caudillo gremial se disputan el sillón y el patrimonio de la UTHGRA, los trabajadores de bares, restaurantes y hoteles pagan con sus empleos el modelo que ambos ayudaron a instalar.

La oposición interna denuncia un fallo exprés

En paralelo, los apoderados de la Lista Gris/Naranja, que enfrenta a Barrionuevo en la interna gastronómica, presentaron un escrito en el que acusan a la Sala VI de haber quebrantado los reglamentos de la Justicia Nacional para apurar la sentencia antes de que las partes pudieran recusar con causa a jueces con antecedentes de prejuzgamiento en el conflicto.

Según la presentación, el expediente sufrió una alteración no justificada en el orden y la composición del tribunal. La notificación oficial establecía que votarían los camaristas Carlos Pose y Marina Pisacco, y que Gabriela Vázquez solo intervendría en caso de disidencia. Sin embargo, la sentencia fue firmada por Pisacco y Vázquez, sin voto de Pose y sin ninguna justificación formal en la causa que explicara su apartamiento.

Los denunciantes señalan además que Pose ya había fallado a favor del sector de Barrionuevo en causas conexas (entre ellas, el expediente 32.645/2025), convalidando la actuación de la junta electoral oficialista. Sobre Vázquez, recuerdan que en el expediente paralelo «Sasprizza» se había excusado de intervenir alegando prejuzgamiento. «No obstante, en esta nueva resolución reapareció en el expediente y votó en favor de la conducción sin fundamentar los motivos por los cuales cedieron los impedimentos legales expuestos con anterioridad», sostiene el documento.

A Pisacco, la oposición gremial le atribuye una «doble vara»: resolvió con rapidez dos medidas cautelares favorables al barrionuevismo mientras frenaba los recursos para que el tribunal de alzada revisara la validez de los comicios. Para la Lista Gris/Naranja, la celeridad del fallo buscó neutralizar las recusaciones que ya estaban preparadas contra la Sala VI.

Repudiado en la Casa Rosada, premiado en Morón

La disputa por la conducción de uno de los sindicatos más poderosos del país avanza así hacia una definición en la Corte Suprema. Mientras tanto, Barrionuevo sigue encontrando anfitriones: esta semana, el intendente de Morón, Lucas Ghi, le entregó un Gallito de Bronce, el máximo galardón del Municipio, durante la inauguración de una nueva sede de la UTHGRA en el distrito.

Lo que tenés que saber:

  • La Secretaría de Trabajo de Julio Cordero prepara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el fallo de la Sala VI que reconoció a Barrionuevo al frente de la UTHGRA.
  • El 1 de julio, la cartera laboral ya había recurrido a la Corte contra una cautelar que le ordenaba emitir un certificado provisorio de autoridades.
  • La ruptura se originó en el pacto de 2023 por el cual el gremio debía aportar fiscales a La Libertad Avanza; el oficialismo acusó a Barrionuevo de no cumplirlo.
  • La Lista Gris/Naranja denunció que la sentencia fue firmada por Pisacco y Vázquez sin el voto de Pose, quien estaba designado para votar.
  • Barrionuevo reconoció que su sector perdió 82.000 empleos entre agosto de 2025 y agosto de 2026.
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