El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico ordenó hoy «la suspensión provisoria» de los efectos de un artículo del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del contrato de concesión del Acceso Norte que disponía un arbitraje internacional y ordenó a la demandada Autopistas del Sol S.A. (Ausol) abstenerse de impulsar ese trámite.

Lo hizo ante un planteo del Estado Nacional que reclamó que Ausol cese de impulsar el procedimiento arbitral identificado como «CASO CCI Nº 27318/AJP “AUTOPISTAS DEL SOL S.A. (Argentina) c/ ESTADO NACIONAL–REPÚBLICA ARGENTINA» ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, según la resolución.

La decisión se tomó ante un reclamo para suspender de manera provisoria el arbitraje del acuerdo de renegociación del contrato del Acceso Norte que se firmó durante el macrismo y que había prorrogado hasta 2030 la concesión de la autopista Panamericana a favor de Autopistas del Sol (Ausol).

El magistrado ordenó que esto se cumpla hasta que haya sentencia definitiva en la causa que al respecto tramita ante los tribunales argentinos.

En noviembre del año pasado, Lavié Pico se declaró competente para intervenir en la demanda que presentó Vialidad Nacional para declarar la nulidad de la renegociación, intervino la empresa y designó un veedor

Además, suspendió un mecanismo de compensación destinado a la recuperación de 499.000.000 dólares por parte de la concesionaria y dictó la prohibición preventiva de la distribución de dividendos y de alterar, mediante cualquier figura jurídica, la composición del capital social y de las posiciones accionarias de la empesa.

Esta decisión se encuentra apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que aún no resolvió.

Pero de manera paralela a la demanda que se tramita en el juzgado, según se afirmó en el pedido de cautelar, Ausol avanzó con el arbitraje internacional y desde el organismo internacional se pidió al Estado argentino un pago de 350.000 dólares por gastos del proceso.

A pedido del Estado Nacional el magistrado hizo lugar a la medida cautelar y ordenó suspender el arbitraje internacional que impulsaba la empresa.

«Considero que se encuentran configurados los presupuestos previstos en la normativa aplicable para conceder la tutela cautelar», concluyó el juez.

Lavié Pico evaluó «la índole de los derechos involucrados en esta causa y las manifestaciones y consideraciones vertidas por la parte actora respecto a la continuación del proceso arbitral vinculado a las presentes actuaciones, los elementos aportados a la causa, y la conducta procesal asumida por la propia demandada en el proceso arbitral aún luego de notificada la medida cautelar dispuesta en autos».

Continuar con el arbitraje «produciría los serios y graves perjuicios invocados por la accionante no sólo en el erario público sino también aquellos que pudieren generarse de la tramitación en paralelo de dos causas con un sustrato fáctico y jurídico común y cuyo tratamiento compete, como ha sido resuelto, a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal».

En su presentación el Estado Nacional indicó que “la medida cautelar requerida resulta indispensable a fin de evitar el escándalo jurídico que supone la mera coexistencia de ambos procesos; salvaguardar la eficacia de la sentencia definitiva a dictarse en las presentes actuaciones; y resguardar fundamentalmente el orden público afectado, los derechos, prerrogativas y atributos del Estado Nacional y su soberanía jurisdiccional».

Según se explicó en el planteo cautelar, luego del dictado de la medida cautelar en el juzgado de Lavíé Pico, el Estado argentino «puso en conocimiento del Tribunal Arbitral que la medida cautelar dispuesta en autos determinaba la improcedencia de la continuidad del procedimiento arbitral instado por su contraria ante esa sede».

Pero «no obstante eso, y ante el pedido de Ausol SA, el Tribunal Arbitral resolvió continuar con el trámite iniciado por la concesionaria ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, fijándose el calendario procesal del Arbitraje».

«En ese sentido, destaca que, a la par del avance del procedimiento que allí se desarrolla, la Corte de la Cámara de Comercio Internacional requirió a la República Argentina la suma de U$S 350.000, destinado a financiar la continuidad de dicho trámite y, en definitiva, a solventar los costos de ese tramo del procedimiento, con la posibilidad de que, en el devenir de dicho proceso, se requieran otros desembolsos», se advirtió.

Lo ocurrido «configura un cuadro de situación arbitrario y abusivo, habida cuenta que el Estado Nacional no sólo se ve obligado a litigar simultáneamente en dos ámbitos la cuestión que en estos autos se debate, sino que deberá desembolsar las sumas en dólares que se le requieran para financiar un procedimiento arbitral que considera palmariamente ilegítimo», se sostuvo.

La presentación fue hecha por el Estado Nacional en el litigio que mantiene Ausol con la Dirección Nacional de Vialidad Nacional por la prórroga de la concesión y que tramita en el juzgado de Lavié Pico.

En la presentación se advirtió sobre » la inaceptable coexistencia del proceso arbitral aludido con el de autos, generando -a su entender- el escándalo jurídico de la duplicidad de procesos que poseen una misma raíz, con el consecuente riesgo cierto e inminente a los intereses del Estado Nacional».