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Judiciales ⚖️

La vecina de Cristina ya tiene abogado defensor en la causa de Revolución Federal

Martín Sarubbi es tambien letrado de su consorte de causa, Sabrina Basile, que fue liberada hace pocos días.

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La vecina de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento del barrio porteño de Recoleta, Ximena de Tezanos Pinto, designó abogado defensor en la causa que investiga a la agrupación Revolución Federal y en la que ayer fueron procesados cuatro de sus referentes.

Tezanos Pinto presentó un breve escrito ante el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi en el que informó la designación como abogado defensor de Martín Sarubbi, quien también representa a la ahora procesada sin prisión preventiva Sabrina Basile, informaron fuentes judiciales

La vecina del piso de arriba del edificio de la Vicepresidenta sostuvo que lo hizo «por propio derecho» al nombrar al letrado como «defensor de confianza».

Según explicaron fuentes judiciales, la mujer se presentó sola, sin haber sido convocada ni imputada formalmente todavía en la causa, luego de ser nombrada por uno de los ahora procesados, Leonardo Sosa, durante su declaración indagatoria en el caso.

En su indagatoria, Sosa se refirió a una visita que hizo al departamento de la mujer con otro de los procesados, Gastón Guerra el 28 de agosto pasado, días antes del atentado a la Vicepresidenta del 1 de septiembre

El acusado sostuvo que fueron convocados por ella para hablar del posible inicio de una «carrera política» y que ambos se asomaron al balcón porque era el «mítico lugar donde vivía la vecina de Cristina»

Al dictar los procesamientos, Martínez De Giorgi consideró «alarmante» la presencia de ambos en ese lugar tres días antes del intento de magnicidio.

El juez procesó ayer sin prisión preventiva a los referentes de Revolución Federal Jonathan Morel, Sabrina Basile, Sosa y Guerra por incitación a la violencia colectiva y por llevar adelante un plan criminal para imponer sus ideas «y combatir las ajenas por la fuerza o el temor»

Los cuatro estuvieron detenidos pero la sala I de la Cámara Federal porteña ordenó su excarcelación por entender que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación

En la causa es querellante la Vicepresidenta además de otros funcionarios que fueron objeto de escraches y amenazas.

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El TSJ porteño limitó la actualización de indemnizaciones con la nueva ley laboral

Por mayoría, el tribunal revocó un fallo de la Cámara del Trabajo y aplicó el artículo 55 de la Ley 27.802 a una trabajadora despedida por el Banco Hipotecario. Los jueces Lozano y Ruiz votaron en disidencia: sostuvieron que la norma discrimina a los trabajadores.

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Tribunales: causa laboral por indemnización

Una trabajadora despedida por el Banco Hipotecario verá su indemnización actualizada con una fórmula que nunca podrá superar al IPC más 3% anual que había fijado la Justicia del Trabajo. El Tribunal Superior de Justicia porteño decidió que corresponde aplicar el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, con tasa pasiva del Banco Central y un piso del 67%.

En la causa «Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral)», el TSJ hizo lugar al recurso de la entidad y revocó por mayoría una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Votaron en mayoría Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, esta última con fundamentos propios; en disidencia, Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz. La Ley 27.802 entró en vigencia el 6 de marzo de 2026, mientras la causa estaba en trámite.

Qué dice el artículo 55

La norma rige para los juicios laborales en trámite sin sentencia definitiva: los créditos se actualizan con la tasa pasiva del Banco Central, con un techo equivalente a la actualización por IPC más 3% anual y un piso del 67% de esa fórmula. Los casos nuevos quedan bajo el artículo 54, que mantiene el IPC más 3%.

La Cámara había declarado inconstitucionales las leyes 23.928 y 25.561, que prohíben la indexación, y había ordenado actualizar el crédito por IPC más un interés puro del 3% anual.

Los argumentos

El banco sostuvo que el fallo era arbitrario y se apartaba de los precedentes «Oliva» y «Lacuadra» de la Corte Suprema. La trabajadora planteó la inconstitucionalidad del artículo 55 y el tribunal la rechazó: la mayoría consideró que declarar la invalidez de una ley es el último recurso, que el régimen transitorio responde a un criterio de oportunidad y mérito legislativo y que el piso del 67% es compatible con la doctrina de no confiscatoriedad de la Corte Suprema. Weinberg agregó que la trabajadora no probó con cifras cuánto perdía.

La disidencia y los números

Lozano y Ruiz declararon inconstitucional la norma. Sostuvieron que discrimina a los trabajadores, sujetos de «preferente tutela», al darles por la mora una reparación inferior a la de cualquier otro acreedor y por haber acudido a la Justicia.

El voto en disidencia citó un cálculo para el período entre marzo de 2017 y agosto de 2026: el IPC acumuló 11.980%, la tasa pasiva del artículo 55 llegó a 5.930% y la tasa de interés moratorio del Banco Central (TIM) alcanzó 12.186%.

El respaldo de la Corte Suprema

El TSJ explicó que su decisión coincide con el fallo de la Corte Suprema del 5 de noviembre en «Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ UNIR S.A. y otros s/ despido», firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En ese caso, el máximo tribunal dejó sin efecto sentencias que habían ordenado calcular las deudas por IPC más 3% y dispuso aplicar el artículo 55 a los juicios sin sentencia definitiva firme. La Suprema Corte bonaerense ya había avalado ese artículo el 21 de octubre.

Lo que tenés que saber

  • El TSJ porteño aplicó el artículo 55 de la Ley 27.802 a la indemnización de una trabajadora despedida por el Banco Hipotecario.
  • La fórmula usa la tasa pasiva del Banco Central, con techo de IPC más 3% anual y piso del 67%.
  • La decisión fue por mayoría: Lozano y Ruiz votaron en disidencia.
  • El tribunal rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la trabajadora.
  • El fallo sigue lo resuelto por la Corte Suprema el 5 de noviembre en «Cabana Opanasiuk».
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