La vecina de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento del barrio porteño de Recoleta, Ximena de Tezanos Pinto, designó abogado defensor en la causa que investiga a la agrupación Revolución Federal y en la que ayer fueron procesados cuatro de sus referentes.

Tezanos Pinto presentó un breve escrito ante el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi en el que informó la designación como abogado defensor de Martín Sarubbi, quien también representa a la ahora procesada sin prisión preventiva Sabrina Basile, informaron fuentes judiciales

La vecina del piso de arriba del edificio de la Vicepresidenta sostuvo que lo hizo «por propio derecho» al nombrar al letrado como «defensor de confianza».

Según explicaron fuentes judiciales, la mujer se presentó sola, sin haber sido convocada ni imputada formalmente todavía en la causa, luego de ser nombrada por uno de los ahora procesados, Leonardo Sosa, durante su declaración indagatoria en el caso.

En su indagatoria, Sosa se refirió a una visita que hizo al departamento de la mujer con otro de los procesados, Gastón Guerra el 28 de agosto pasado, días antes del atentado a la Vicepresidenta del 1 de septiembre

El acusado sostuvo que fueron convocados por ella para hablar del posible inicio de una «carrera política» y que ambos se asomaron al balcón porque era el «mítico lugar donde vivía la vecina de Cristina»

Al dictar los procesamientos, Martínez De Giorgi consideró «alarmante» la presencia de ambos en ese lugar tres días antes del intento de magnicidio.

El juez procesó ayer sin prisión preventiva a los referentes de Revolución Federal Jonathan Morel, Sabrina Basile, Sosa y Guerra por incitación a la violencia colectiva y por llevar adelante un plan criminal para imponer sus ideas «y combatir las ajenas por la fuerza o el temor»

Los cuatro estuvieron detenidos pero la sala I de la Cámara Federal porteña ordenó su excarcelación por entender que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación

En la causa es querellante la Vicepresidenta además de otros funcionarios que fueron objeto de escraches y amenazas.