El exjuez Luis Federico Arias consideró este jueves que «no hay pruebas» para acusar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa que se sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2016, y afirmó que ese proceso «está plagado de irregularidades».

«He sido muy prudente a la hora de opinar sobre causas porque fue juez durante 15 años. Pero creo que en este expediente, todo se sale del rango de la racionalidad. Siempre hay que tener elementos de pruebas para acusar a alguien de un delito. En este caso no las hay. No existen en esta causa. En todo caso, sólo hay indicios», explicó Arias.

El exmagistrado platense consideró que en este proceso oral y público «parece haberse invertido la carga de la prueba» por parte de la fiscalía, que adelantó que acusará a los imputados, entre ellos la vicepresidenta, de integrar una «asociación ilícita».

«Se habla del delito de asociación Ilícita en un caso en el que supuestamente se intentó beneficiar a un empresario. Debería haber cuentas bancarias o movimientos a cuentas de Cristina Fernández de Kirchner que acrediten que hubo transferencias a favor suyo, y no los hay. No existe prueba que vincule a Cristina con estas situaciones», remarcó.

En ese sentido, el exjuez evaluó que «si el supuesto delito surgió en Santa Cruz, la competencia es de esa provincia, y no de los tribunales de Comodoro Py».

«Existen múltiples irregularidades en esta causa que hacen pensar que esto es una persecución propia del lawfare. Sabemos cómo operan. Lo hicieron con Lula (en Brasil) o Evo Morales (En Bolivia). Debemos tomar consciencia de esto. Acá no sirve el camino de la moderación», subrayó.

Arias tuvo a su cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de La Plata y fue el primer juez en dictar una cautelar contra el decreto del entonces presidente Mauricio Macri que anulaba artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en un fallo dictado el último día hábil de 2015.

Luego dictó sentencias contra los aumentos de las tarifas de servicios públicos, ordenó devolver descuentos a los gremios docentes bonaerenses por días de paro y estableció medidas de protección de los derechos humanos y sociales, sobre todo en cuestiones referidas a desalojos colectivos, lo que siempre se negó a tratar como un simple delito común que debe reprimirse por la fuerza.

A fines de 2017, la Procuración bonaerense instruyó un sumario con 21 conflictos de competencias entre su juzgado y otros magistrados penales y los presentó ante el Jury de enjuiciamiento de la provincia para iniciarle un proceso de destitución que terminó con su remoción.

Una de los causales de su destitución fue haber dictado una medida para que un preso recibiera atención médica cuando estaba en riesgo su vida y por eso recibió una denuncia de un juez penal que le objetó su intromisión en la causa.

Sin embargo, Arias nunca recibió una sola denuncia por corrupción o incumplimiento de sus deberes como magistrado.