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El exjuez Luis Arias evaluó que en causa de obra pública «no hay pruebas» contra Cristina Kirchner

Arias tuvo a su cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de La Plata y fue el primer juez en dictar una cautelar contra el decreto del entonces presidente Mauricio Macri que anulaba artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en un fallo dictado el último día hábil de 2015.

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El exjuez Luis Federico Arias consideró este jueves que «no hay pruebas» para acusar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa que se sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2016, y afirmó que ese proceso «está plagado de irregularidades».

«He sido muy prudente a la hora de opinar sobre causas porque fue juez durante 15 años. Pero creo que en este expediente, todo se sale del rango de la racionalidad. Siempre hay que tener elementos de pruebas para acusar a alguien de un delito. En este caso no las hay. No existen en esta causa. En todo caso, sólo hay indicios», explicó Arias.

El exmagistrado platense consideró que en este proceso oral y público «parece haberse invertido la carga de la prueba» por parte de la fiscalía, que adelantó que acusará a los imputados, entre ellos la vicepresidenta, de integrar una «asociación ilícita».

«Se habla del delito de asociación Ilícita en un caso en el que supuestamente se intentó beneficiar a un empresario. Debería haber cuentas bancarias o movimientos a cuentas de Cristina Fernández de Kirchner que acrediten que hubo transferencias a favor suyo, y no los hay. No existe prueba que vincule a Cristina con estas situaciones», remarcó.

En ese sentido, el exjuez evaluó que «si el supuesto delito surgió en Santa Cruz, la competencia es de esa provincia, y no de los tribunales de Comodoro Py».

«Existen múltiples irregularidades en esta causa que hacen pensar que esto es una persecución propia del lawfare. Sabemos cómo operan. Lo hicieron con Lula (en Brasil) o Evo Morales (En Bolivia). Debemos tomar consciencia de esto. Acá no sirve el camino de la moderación», subrayó.

Arias tuvo a su cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de La Plata y fue el primer juez en dictar una cautelar contra el decreto del entonces presidente Mauricio Macri que anulaba artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en un fallo dictado el último día hábil de 2015.

Luego dictó sentencias contra los aumentos de las tarifas de servicios públicos, ordenó devolver descuentos a los gremios docentes bonaerenses por días de paro y estableció medidas de protección de los derechos humanos y sociales, sobre todo en cuestiones referidas a desalojos colectivos, lo que siempre se negó a tratar como un simple delito común que debe reprimirse por la fuerza.

A fines de 2017, la Procuración bonaerense instruyó un sumario con 21 conflictos de competencias entre su juzgado y otros magistrados penales y los presentó ante el Jury de enjuiciamiento de la provincia para iniciarle un proceso de destitución que terminó con su remoción.

Una de los causales de su destitución fue haber dictado una medida para que un preso recibiera atención médica cuando estaba en riesgo su vida y por eso recibió una denuncia de un juez penal que le objetó su intromisión en la causa.

Sin embargo, Arias nunca recibió una sola denuncia por corrupción o incumplimiento de sus deberes como magistrado.

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La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica

Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.

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Causa por la toma del Instituto Peron

El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.

Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.

Qué dijo el juez

Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.

El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.

La Cámara Federal cerró dos puertas

Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».

Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.

Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto

La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Lo que tenés que saber

  • El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
  • Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
  • La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
  • El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
  • Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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