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Alberto Fernández declaró nuevamente ante el juez Casanello por la Causa Seguros

El ex presidente se presentó en Comodoro Py ante el juez Casanello, que investiga presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al Estado.

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El Argentino Diario-Alberto Fernández.

Alberto Fernández acudió este mediodía a los tribunales federales de Retiro para ampliar su declaración indagatoria en el marco de la Causa Seguros, una investigación que lo involucra junto a medio centenar de personas físicas y jurídicas por supuestas maniobras irregulares durante su gestión.

La audiencia tuvo lugar ante el juez federal Sebastián Casanello, quien citó al ex mandatario tras el pedido de ampliación presentado por su defensa. La causa, que se encuentra en etapa de instrucción, indaga posibles delitos cometidos a través de contrataciones realizadas por Nación Seguros durante el gobierno anterior.

El foco de la investigación

La causa apunta a determinar si existió direccionamiento de contratos o beneficios indebidos con fondos públicos a través de la empresa estatal Nación Seguros. En ese marco, Casanello había ordenado el pasado 9 de abril la reimplantación de la inhibición general de bienes a Fernández y a más de cincuenta personas físicas y jurídicas involucradas en la causa.

Fuentes judiciales indicaron que la indagatoria se llevó adelante con normalidad, sin que trascendieran mayores detalles sobre el contenido de la declaración del ex presidente.

Una causa con derivaciones políticas

La investigación por presuntas irregularidades en el manejo de seguros estatales forma parte de un conjunto de expedientes que apuntan a ex funcionarios del gobierno anterior. Si bien no hay una acusación formal elevada a juicio, las medidas tomadas por Casanello —como la inhibición de bienes— reflejan el avance de la causa.

Fernández había sido citado por primera vez a declarar en este expediente meses atrás, y su comparecencia de este viernes fue a pedido propio, como parte de su estrategia defensiva.

Sin definiciones procesales inmediatas

Hasta el momento, no se han tomado nuevas decisiones respecto a su situación procesal. De acuerdo a fuentes del caso, el juez evalúa distintos elementos incorporados recientemente, entre ellos documentación aportada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).

Se espera que en las próximas semanas se definan nuevas medidas, aunque el expediente aún se encuentra en etapa preliminar.

Puntos clave:

  • Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py para ampliar su indagatoria.
  • La causa investiga presuntas irregularidades con seguros estatales durante su gestión.
  • El juez Casanello reimplantó la inhibición de bienes sobre Fernández en abril.
  • Más de cincuenta personas físicas y jurídicas están involucradas en el expediente.
  • La causa continúa en etapa de instrucción, sin definiciones procesales inmediatas.

Investigación 🔎

Todo sobre el Olivosgate: nepotismo, 29 toneladas de carne y la casta libertaria en Olivos

La destitución de Belén Agudiez, la subsecretaria que manejó la Quinta presidencial como un emprendimiento familiar, destapó un escándalo de malversación que golpea el círculo íntimo de Karina Milei. Nepotismo masivo, 700 millones en licitaciones sospechosas y un contrato de confidencialidad para acallar testigos: el Gobierno que prometió acabar con la casta reproduce sus peores prácticas en el mismo predio donde gobernaron todos los presidentes desde Frondizi.

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29 toneladas de carne, 700 millones en licitaciones y nepotismo masivo: la "casta" vive en Olivos.

Veintinueve toneladas de carne para una residencia presidencial. Una licitación de 700 millones de pesos que se orientó hacia los vínculos del clan familiar. Un catering privado de la propia funcionaria que, según las investigaciones, se nutrió de recursos estatales. Ese es el mapa del escándalo que el Gobierno de Javier Milei intentó silenciar con una purga masiva de personal civil en la Quinta de Olivos, operación encubierta bajo el argumento de «reforzar la seguridad» ante la eventual visita del Papa a la Argentina.

El presidente Javier Milei desplazó de su cargo a Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y una de las funcionarias de máxima confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El despido se formalizó en el Boletín Oficial de este lunes. Agudiez tenía bajo su órbita el manejo operativo de la residencia presidencial de Olivos y, según las denuncias que precipitaron su caída, convirtió ese espacio en un negocio familiar con acceso a las arcas del Estado.

El clan en el corazón del poder

Las alarmas internas y las denuncias posteriores expusieron un modus operandi basado en el beneficio familiar y el desvío de recursos estatales. Agudiez había designado como intendente de la Quinta a su propio cuñado, el jardinero Javier Sosa, y facilitó la contratación de su madre, su hermana y sus primos para tareas de limpieza, mantenimiento y administración. La gestión del denominado «clan Agudiez» quedó bajo la lupa judicial y parlamentaria cuando se conocieron los gastos desproporcionados: la presunta adquisición de 29 toneladas de carne para la residencia y una licitación de 700 millones de pesos destinada a tareas de jardinería, presuntamente direccionada a sus propios contactos.

La sospecha principal apunta a un circuito de retornos y malversación que vincula de manera directa los insumos de la estructura oficial con «Pancitos Caseros», un emprendimiento privado de catering atribuido a la propia Agudiez. El esquema, de confirmarse, implicaría que el Estado financiaba los insumos de un negocio personal de la funcionaria a cargo de administrarlos.

La denuncia que detonó la purga

La trama sumó gravedad a partir de las denuncias de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió que la red de Agudiez utilizó la identidad de un jubilado en situación vulnerable para registrarlo falsamente como proveedor del Estado, llegando a facturarle a la Presidencia más de 600 millones de pesos. A eso se sumaron las quejas internas por el uso de las instalaciones de Olivos para asados y eventos privados de los allegados a la subsecretaria, que habrían alterado la rutina del jefe de Estado.

El jueves anterior al Boletín Oficial, Milei ordenó el despido de casi todo el personal civil de la Quinta, incluidos cocineros y personal de mantenimiento, reemplazándolos por efectivos militares. El Gobierno emitió un comunicado argumentando razones de seguridad y algunos voceros llegaron a vincular la medida con la futura visita del Papa. La narrativa oficial se desarmó con la destitución de la mano derecha de Karina Milei, que expone el trasfondo de irregularidades que la medida buscaba encubrir.

Según trascendió, los desplazados civiles habrían firmado contratos de confidencialidad por 90 días que los obligan a guardar silencio. Si la información es correcta, habrá que esperar al día 91 para conocer la versión de quienes vivieron de cerca el escándalo.

El impacto sobre el entorno de Karina Milei

La caída de Agudiez no es un episodio aislado. Golpea directamente la línea de flotación de Karina Milei, cuyo entorno ya arrastra los cuestionamientos por presuntos retornos del 3% en los contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vinculados a su exprotegido Manuel Adorni, así como las persistentes sospechas en torno a los manejos de la estructura de Tecnópolis. El Olivosgate se suma así a un patrón que el Gobierno libertario comparte con las prácticas que prometió extirpar.

La historia de la Quinta: de Uriburu a Milei

La Residencia Presidencial de Olivos tiene una historia tan rica como la de los escándalos que la atravesaron. Los terrenos fueron adjudicados originalmente por Juan de Garay en la época colonial y pasaron por manos de Miguel de Azcuénaga, vocal de la Primera Junta. La casa principal, de estilo neoclásico, es obra de Prilidiano Pueyrredón, hijo del Director Supremo de las Provincias Unidas, arquitecto, pintor y primer criollo en retratar desnudos, con obras conservadas en el Museo de Bellas Artes. El predio llegó al Estado nacional en 1918 por legado de Carlos Villate Olaguer, biznieto de Azcuénaga, quien lo cedió antes de morir para que sirviera como residencia presidencial, oferta aceptada por Hipólito Yrigoyen.

El primero en habitarla fue, paradójicamente, un presidente de facto: José Félix Uriburu, ya que tanto Marcelo T. de Alvear como el propio Yrigoyen habían declinado usarla. El primer mandatario constitucional en instalarse allí fue Arturo Frondizi, en 1958. Juan Domingo Perón fue el único presidente en fallecer en la Quinta, el 1° de julio de 1974, a los 78 años. Su cuerpo fue trasladado a la Catedral Metropolitana y al Congreso, donde un millón de personas lo despidieron en las calles.

Entre los episodios más recordados de la residencia figuran la reunión secreta entre Arturo Frondizi y Ernesto «Che» Guevara el 18 de agosto de 1961, tras una cumbre de la OEA en Punta del Este, un encuentro que irritó a las Fuerzas Armadas y anticipó el golpe de 1962. Carlos Menem recibió allí a los Rolling Stones en febrero de 1995, con pizza, champagne y habanos que, según el expresidente, le enviaba Fidel Castro. Y el libro «Olivos», de Soledad Vallejo, consigna que la residencia nunca gozó de prestigio gastronómico: ningún testimonio, de ninguna época, recuerda platos memorables.

Mientras el ajuste fiscal asfixia a los sectores populares, los pasillos de Olivos demuestran que los privilegios de la «casta» gozan de excelente salud, ahora bajo el sello libertario. La diferencia es que, esta vez, los que prometieron acabar con ella son los mismos que la practican.

Lo que tenés que saber

  • Belén Agudiez, subsecretaria de confianza de Karina Milei, fue destituida y su salida se formalizó en el Boletín Oficial tras revelarse irregularidades en la administración de la Quinta de Olivos.
  • Las denuncias incluyen nepotismo masivo (cuñado, madre, hermana y primos empleados en la residencia), compra sospechosa de 29 toneladas de carne y una licitación de 700 millones de pesos presuntamente direccionada.
  • La diputada Marcela Pagano denunció el uso de la identidad de un jubilado para facturarle más de 600 millones de pesos a la Presidencia de manera irregular.
  • Los empleados civiles desplazados habrían firmado contratos de confidencialidad por 90 días para impedir que hablen públicamente.
  • El escándalo se suma a las causas contra Manuel Adorni y las sospechas sobre contratos en ANDIS vinculados al entorno de Karina Milei, consolidando un patrón de corrupción dentro del Gobierno libertario.
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