Por Carlos Del Frade

“…Confundiendo el dinero de una deuda con el del botín”

Fiscal Federal Javier De Luca

28 de junio de 2022. El titular de la Fiscalía N°4 ante la Cámara Federal de Casación, Javier De Luca, dictaminó que debía rechazarse el recurso de casación interpuesto por los representantes de la firma Vicentin, contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que confirmó la prohibición de innovar de las participaciones sociales que tuviera la empresa, dictada por el Juzgado Federal de Reconquista.

El 9 de diciembre de 2020, en el marco de uno de los expedientes, el fiscal Roberto Salum y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación solicitaron la medida cautelar de prohibición de innovar respecto de los paquetes accionarios de Vicentin con el objetivo de asegurar el decomiso del instrumento y/o producto del delito que se investiga.

En esa oportunidad también se solicitó la reserva del incidente de medidas cautelares. El juez Alurralde hizo lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal y autorizó la acumulación del proceso a otro que se encontraba en trámite.

La medida fue recurrida por los representantes de Vicentin pero la Cámara Federal de Resistencia confirmó la resolución del juez Alurralde.

En tal sentido, indicaron que el delito de lavado de activos prevé que el juez puede adoptar las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos cuya vulneración aquí se discute.

“Esa situación es consecuencia inevitable de la comprobación de las conductas aquí investigadas en un debido proceso y, por ende, es totalmente independiente y ajeno a los asuntos de los acuerdos con los acreedores”, consideró y agregó: “razonar de otra manera sería legitimar el pago de deudas de la actividad comercial con dineros provenientes de delitos que lesionaron bienes jurídicos colectivos, sociales, y públicos (delitos contra el orden económico, tributarios, o el patrimonio de entes oficiales), es decir, que no son los de los acreedores. Se pretende mostrar como natural o conveniente una situación totalmente antijurídica, confundiendo el dinero de una deuda con el del botín”.

El fiscal general De Luca también señaló que en cuanto a la existencia de verosimilitud en el derecho “es importante recordar que nos hallamos al comienzo de la investigación y que el dictado de una medida cautelar no requiere la prueba de la certeza de la existencia del derecho pretendido, sino sólo la apariencia de buen derecho”.