Chubut
Semana clave en el juicio por crimen de Rafael Nahuel
Declaran peritos sobre armas y balas utilizadas en la represión del gobierno de Macri en Lafken Winkul Mapu.
El juicio por el asesinato de Rafael Nahuel que realiza el Tribunal Oral Federal de General Roca entrará esta semana en una etapa clave, ya que deberán testificar los peritos que intervinieron en las diligencias realizadas sobre las armas y proyectiles que utilizaron los integrantes de la agrupación Albatros, grupo de elite de la Prefectura Naval Argentina, acusados por el homicidio.
Esos testimonios serán trascendentes para el futuro del proceso judicial, debido a que se expondrán las contradicciones de las tres pericias balísticas realizadas durante la instrucción de la causa.
Rafael Nahuel fue asesinado durante una represión de los Albatros ocurrida el 25 de noviembre de 2017, en el marco del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en la zona del lago Mascardi, en la provincia de Río Negro.
Para las audiencias de los días 5 y 6 de septiembre fueron citados siete peritos, quienes participaron tanto de la autopsia al cuerpo de Nahuel, como de las pericias sobre las armas de los Albatros y el proyectil extraído del cuerpo de la víctima.
En primer término declarará Leonardo Saccomanno, perito médico que realizó la autopsia. El testimonio, según estiman las querellas, será trascendente para determinar la ubicación de Nahuel al momento de recibir el disparo, y la distancia en relación a sus agresores.
Luego se espera que declaren como testigos los tres peritos que participaron de la primera pericia balística, la única realizada sobre el proyectil que dio muerte al joven sin intermediación entre el cuerpo y el microscopio. Fueron convocados los reconocidos peritos Roberto Nigris, Karina Uribe y Silvia Bufalini (por la querella), quienes compararon la bala con los proyectiles testigos obtenidos de los disparos de las más de 20 armas secuestradas a los Albatros.
Concluyeron que la bala que mató a Nahuel provino del subfusil MP5 identificado con el número de serie B 05-C335508 adjudicado el cabo primero Francisco Javier Pintos.
Durante la declaración indagatoria en instrucción, Pintos negó haber subido a la montaña con esa arma, y dijo que el faltante de municiones detectado en los cargadores de su MP5 se debió a que las fue «descartando» una por una mientras corría descendiendo por la montaña.
No explicó con qué objetivo habría realizado esa operación. Tampoco fueron encontradas esas municiones no disparadas durante la inspección ocular realizada en el terreno.
El juez Gustavo Villanueva, quien subrogaba al momento del hecho el Juzgado Federal de Bariloche, desestimó inicialmente solicitar esa pericia balística a la Gendarmería ya que desconfiaba de la independencia de la fuerza de seguridad teniendo en cuenta su vínculo con la Prefectura y con el Ministerio de Seguridad que en esa época conducía Patricia Bullrich.
Sin embargo, el mismo magistrado ordenó una segunda pericia y en esta oportunidad sí se la solicitó a Gendarmería.
Tal como las partes querellantes anticiparon oportunamente, los peritos de Gendarmería aseguraron que no fue posible determinar que el proyectil que mató a Nahuel perteneciera del subfusil MP5 que portaba Pintos.

Con ese resultado, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal de los tribunales porteños de Comodoro Py dio por tierra el procesamiento por «homicidio agravado» que pesaba sobre el cabo primero Pintos, que había sido dictado en mayo de 2018 por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.
Tras varias instancias de apelación, un nuevo Juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata, solicitó que se efectuara una tercera pericia, y la encargó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta.
Ese trabajo se puso en marcha a comienzos de 2020 pero fue suspendido por la pandemia de Covid y finalizó el martes 19 de enero de 2021. Arrojó como resultado que el proyectil 9 mm. que mató a Nahuel salió de la pistola Pietro Beretta modelo 92, número de serie 05-P83332Z, que portaba el cabo primero Sergio Cavia.
Estas contradicciones en el resultado de las pericias balísticas configuran uno de los argumentos centrales que expondrá la defensa de los uniformados acusados al momento de intentar determinar la responsabilidad material del homicidio.
Los otros tres peritos citados para esta semana son los responsables de la pericia realizada en Gendarmería, Martín Moreno, María Mastreti (ambos de esa fuerza de seguridad) y Jorge Delgado (perito de parte de Prefectura).
Chubut
Quedó sola en el fondo del mar: imputaron al instructor de buceo por la muerte de Sofía Devries
La Justicia de Chubut formalizó este lunes la imputación contra Thiago Nahuel Pocovi, el instructor de la empresa Freediving Patagonia que guiaba la inmersión en la que murió Sofía Devries, de 23 años, en febrero pasado en Puerto Madryn. La Fiscalía sostiene que continuó la actividad pese a condiciones de visibilidad extremadamente reducidas y que la joven quedó sin supervisión directa en el fondo del mar.
La causa por la muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que falleció el 16 de febrero durante una salida de buceo de aguas profundas en Puerto Madryn, dio un giro decisivo a casi cinco meses del hecho. El Ministerio Público Fiscal de Chubut imputó por el delito de homicidio culposo a Thiago Nahuel Pocovi (26), el instructor de la empresa Freediving Patagonia que estaba a cargo de la embarcación autorizada desde la que se realizó la inmersión.
La audiencia de apertura de la investigación comenzó a las 10:30 y fue presidida por la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado. El imputado participó de manera virtual, ya que está radicado en la Ciudad de Buenos Aires, hizo uso de su derecho a no declarar y su defensa, a cargo del abogado Adrián Peroy, no se opuso al pedido de apertura formal de la investigación.
La hipótesis fiscal: una inmersión que nunca debió continuar
La imputación presentada por el fiscal jefe Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos sostiene que la actuación del instructor fue contraria a los protocolos y normas de seguridad que regulan la actividad de los instructores de buceo. Conforme a la investigación formal, Pocovi, en su carácter de instructor certificado por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), conducía un grupo de siete buceadores hacia el parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu, el pesquero hundido de manera programada que funciona como arrecife artificial en la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo.
Según la hipótesis fiscal, al iniciar la inmersión las condiciones de visibilidad eran extremadamente reducidas, circunstancia que impedía ejercer una supervisión directa sobre todo el grupo. Pese a ello, la inmersión continuó, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal.
En ese contexto, Devries y su pareja, ambos de la provincia de Buenos Aires, quedaron sin supervisión directa al llegar al fondo. Allí la víctima comenzó a manifestar signos de malestar, se retiró el regulador y, durante el intento de asistencia por parte de su compañero, quedó sin suministro de aire y falleció por ahogamiento.
La autopsia confirmó que no hubo intervención de terceros y que la joven murió por asfixia por sumersión. Su cuerpo fue encontrado días después, tras intensos operativos de búsqueda de la Prefectura Naval Argentina en la zona de Punta Cuevas.
Una certificación básica para una salida de aguas profundas
Sofía Devries era oriunda de la localidad bonaerense de Moreno, estudiaba Comunicación y Administración y creaba contenido en redes sociales sobre viajes y estilo de vida. Había viajado a Puerto Madryn junto a su pareja durante el fin de semana largo de carnaval para certificar un curso internacional de buceo. Según fuentes de la Fiscalía de Puerto Madryn citadas por ADNSUR, el grupo había realizado apenas el día anterior el curso Open Water, una certificación básica que habilita descensos de hasta 18 metros, un dato que expone la distancia entre la experiencia real de los buceadores y las condiciones de la salida en la que la joven perdió la vida.
La figura de homicidio culposo, prevista en el artículo 84 del Código Penal, alcanza a quien causa la muerte de otra persona por imprudencia, negligencia, impericia o por no observar los deberes de cuidado a su cargo. La calificación es provisoria y podrá ajustarse a medida que avance la investigación.
Lo que viene: peritajes y protocolos bajo la lupa
Con la apertura formal de la investigación penal preparatoria, la Fiscalía profundizará la recolección de pruebas con miras a una eventual acusación y posterior juicio oral. En los próximos meses se prevén nuevas declaraciones testimoniales, peritajes técnicos sobre las condiciones de la inmersión y el análisis de los protocolos internos de la empresa organizadora. La Fiscalía ya solicitó los manuales de PADI y las normativas de la Prefectura Naval para cotejar la actuación del instructor con los estándares que rigen la actividad.
El caso, que conmocionó a la comunidad de Puerto Madryn y al ámbito del buceo deportivo, vuelve a poner en discusión los controles estatales sobre las actividades turísticas de riesgo: quién verifica que las salidas comerciales respeten los niveles de certificación de los clientes, en qué condiciones se autoriza una inmersión y qué responsabilidad les cabe a las empresas que lucran con estas prácticas cuando la seguridad queda subordinada al negocio.
Puntos clave
- Thiago Nahuel Pocovi, instructor de Freediving Patagonia, fue imputado por homicidio culposo por la muerte de Sofía Devries.
- La audiencia fue presidida por la jueza Marcela Alejandra Pérez Bogado; el imputado participó de forma virtual y no declaró.
- La Fiscalía sostiene que la inmersión continuó pese a una visibilidad extremadamente reducida y que la víctima quedó sin supervisión directa en el fondo.
- La autopsia determinó asfixia por sumersión, sin intervención de terceros; el cuerpo fue hallado días después por la Prefectura Naval.
- Se abre la etapa de investigación penal preparatoria, con peritajes técnicos y análisis de los protocolos de seguridad de la empresa.
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