El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su preocupación por los litigios internacionales que enfrenta la Argentina y que, según estimaciones privadas citadas por el organismo, representan un riesgo legal de hasta US$30.000 millones. La advertencia surgió tras la primera revisión técnica del acuerdo firmado con el Gobierno en abril, donde el staff del FMI subrayó la necesidad de una “resolución rápida” de estas disputas.

“Se deben resolver los litigios pendientes”, afirmó el organismo, aunque reconoció que el Gobierno “está llevando adelante negociaciones de buena fe” con los distintos actores involucrados. El Fondo consideró que estas causas configuran “riesgos moderados a mediano plazo” que podrían impactar sobre la estabilidad fiscal del país.

El caso YPF, aún en discusión

El juicio por la expropiación de YPF es el de mayor impacto. Una corte estadounidense falló en contra del Estado argentino y dictó una sentencia de US$16.100 millones, aunque la misma no está firme. Argentina apeló el fallo y cuestiona tanto la validez del proceso como el cálculo de la indemnización.

El FMI remarcó que este litigio todavía se encuentra en una etapa activa, lo cual deja abierta la posibilidad de modificaciones en el monto o incluso en el resultado del caso.

Cupón PBI: condena firme en Londres

Otra causa destacada es la del Cupón PBI, que se resolvió en los tribunales británicos con una sentencia firme en contra del país por 1300 millones de euros (equivalentes a unos 1600 millones de euros según la última estimación del FMI). Este caso se originó en la manipulación de las estadísticas de crecimiento económico durante la administración kirchnerista, que impidió el pago de intereses a los tenedores de los cupones.

La Corte Suprema de Londres rechazó la apelación presentada por Argentina en octubre de 2023, dejando la condena en firme. Según el informe del FMI, “se deben continuar los esfuerzos de buena fe para asegurar un acuerdo rápido sobre las condiciones de reembolso”.

Otros pasivos legales: holdouts y CIADI

El Fondo también identificó otros dos juicios relevantes:

• Holdouts de la deuda de 2001: El organismo estimó que los acreedores que no ingresaron a los canjes de 2005, 2010 y 2016 representan un pasivo contingente de aproximadamente US$2400 millones. Afirmó que el Gobierno “sigue de cerca” la relación con estos grupos.
• Mobil Exploration (caso CIADI): Se trata de una condena de US$196 millones impuesta por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), a raíz de los perjuicios que generó la pesificación de contratos durante la crisis de principios de siglo. Las negociaciones continúan en torno a un posible plan de pagos.

El FMI evalúa que las reformas no están comprometidas

Pese al volumen de estas deudas judiciales, el personal del Fondo sostuvo que los recursos comprometidos en el programa actual con Argentina “cuentan con salvaguardias adecuadas” y que los esfuerzos de reforma estructural “no se ven socavados” por las demandas internacionales.

Según la revisión técnica, los litigios “deben ser manejados activamente” para evitar un impacto financiero futuro. Aunque el FMI no impuso condiciones específicas sobre estos juicios, sí incluyó su resolución como un componente de riesgo que requiere monitoreo constante.