Movimientos Sociales
La UTEP reclamó el tratamiento de leyes agrícolas con un «feriazo» frente al Congreso
Desde el sector señalaron la necesidad de reconocer la «emergencia agropecuaria» existente, agravada por «toda la especulación monetaria que hubo en los últimos meses» y que «generó un fuerte aumento en todos los insumos que se necesitan para la producción de alimentos».
Pequeños y medianos productores rurales nucleados en la rama agraria de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron este miércoles hasta el Congreso de la Nación y realizaron «feriazos» en las principales ciudades del país, exigiendo el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra, la reglamentación definitiva de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, y que se avance con el proyecto de Fomento a la Agroecología.
«Nos manifestamos frente al Congreso de la Nación para exigir la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar pero también la Ley de Acceso a La tierra que se viene peleando desde hace muchos años ya», señaló el referente de la rama Rural del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE Rural), Lautaro Leveratto.
Asimismo enfatizó la necesidad de reconocimiento de «la emergencia agropecuaria que hay en el sector por toda la especulación monetaria que hubo en los últimos meses» y dijo que eso «generó un fuerte aumento en todos los insumos que necesitamos para la producción de alimentos».
«Desde la UTEP Agraria generamos estas actividades en 21 provincias para hacer visible el reclamo de las familias agricultoras y de los pequeños productores que producen alimentos y que generan trabajo en todo el país», remarcó el dirigente.
En esta línea, en un comunicado, Leveratto sostuvo que «son leyes que venimos reclamando históricamente y que ya no podemos esperar más en esta situación de emergencia económica y social».

La convocatoria central se realizó desde las 10 frente al Congreso de la Nación, y al mismo tiempo se realizaron marchas en las principales ciudades del país.
Leveratto precisó que en el contexto de emergencia económica y social que atraviesa la Argentina, las familias productoras agropecuarias, que tienen un rol central en la producción, necesitan medidas urgentes para paliar la crisis.
«La dolarización de nuestros insumos, el aumento del precio de los alquileres y de la tierra, y la contracción de la demanda de nuestra producción generan muchas pérdidas y la dificultad para sostener nuestros ciclos productivos», subrayó el referente, quien participó de la protesta que se hizo esta mañana.
Además, señaló que ante los cambios en el gabinete y una nueva agenda económica, los que producen los alimentos tienen que «ser parte de ella», y remarcó que «el problema central de las familias argentinas no es el dólar, es tener comida sobre la mesa».
En sintonía con las políticas destinadas a fomentar la liquidación de divisas de exportaciones, exigen fondos extraordinarios para garantizar la distribución y comercialización de la producción del sector «y créditos para garantizar las próximas campañas».
El dirigente enumeró que el Gobierno debe reglamentar la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar «tantas veces anunciada», con un presupuesto acorde a las necesidades del sector y la situación inflacionaria.
«Como país, nos estamos perdiendo una oportunidad de poder desarrollarnos y generar arraigo en el campo, si no se avanza en políticas concretas como las que reclamamos», aseguró.
La Ley de Acceso a la Tierra y protección de los cinturones verdes y zonas estratégicas de producción, que ya lleva varios años esperando su tratamiento en los despachos del Congreso, prevé que los agricultores que carezcan de tierra propia, puedan adquirir inmuebles rurales a través de créditos blandos destinados a tal fin, y de esa manera terminar con el abuso inmobiliario y la especulación.
En Mar del Plata, pequeños productores del cordón frutihortícola de General Pueyrredon realizaron una protesta frente a la municipalidad local, vendiendo bolsones de verdura por $200, en reclamo por una ley de acceso a la tierra, créditos blandos y que se controle a los intermediarios, entre otras demandas.
Carlos «Chino» Vaca, referente de los pequeños productores del cordón frutihortícolas local, nucleados en la Federación Nacional Campesina, explicó a Télam: «Estamos en la calle una vez más, haciendo un ‘feriazo’ para poder visibilizar nuestros reclamos, nuestros problemas, como es el acceso a una porción de tierra».
«Somos el segundo cordón frutihortícola más grande de la Argentina y no se nos escucha. Hoy se ha puesto caro producir, cuesta mucho producir y luego viene el intermediario y nos compra la verdura y luego vemos que a la gente le cobran carísimo en la verdulería o en el mercado», consideró.
En esa línea, Vaca dijo que -en lo que hace a la suba de precios de los alimentos- «acá nadie controla a los intermediarios, ellos nos compran nuestra producción a un precio muy bajo, nos dan migajas. Sería bueno que los controlen a ellos más que a nosotros».
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Morosidad al 12,7% y 30.000 pymes cerradas: la otra cara del supuesto “éxito” económico que Milei vende al mundo
La CGT, las CTA, la UTEP y cámaras pymes tomaron las calles de Buenos Aires este jueves para reclamar contra el endeudamiento de las familias y el cierre de miles de pequeñas empresas. La movilización ocurrió el mismo día en que Javier Milei expuso en el lujoso hotel Alvear ante el Council of the Americas, mientras Luis Caputo insiste en que las deudas de los hogares son «un asunto entre privados».
La imagen fue elocuente: mientras Javier Milei disertaba ante ejecutivos y representantes del capital internacional reunidos en el hotel Alvear para la edición 2026 del Council of the Americas, a pocas cuadras de allí la CGT, las dos CTA, la UTEP y decenas de cámaras pymes marchaban hacia el Ministerio de Economía y la Plaza de Mayo. El contraste no fue casual. Fue, en todo caso, la radiografía más precisa del país que el modelo libertario está construyendo: uno para los que tienen acceso al poder financiero y otro para los millones que acumulan deudas para pagar la luz, la nafta y la comida.
Una jornada, dos columnas y una misma crisis
Las columnas sindicales y sociales concentraron desde las 14 en Paseo Colón y Estados Unidos y en la esquina de Independencia y Paseo Colón, para converger luego frente al Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen 250. El eje del reclamo fue el desborde del endeudamiento familiar: millones de hogares que tomaron créditos para afrontar gastos esenciales y que hoy no pueden pagar. La UTEP, conducida por Alejandro Gramajo, llamó a una «masiva movilización» y advirtió que la falta de acceso al crédito formal empuja a los sectores populares hacia el financiamiento informal. «La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar», señalaron en el comunicado de convocatoria.
Simultáneamente, referentes de cámaras pymes se concentraron en Plaza de Mayo en el marco del Día del Empresario Nacional. La convocatoria reunió a la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Cámara Económica Sanmartinense, PYME SUR, la Confederación General de la Producción y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín, entre otras organizaciones. El sector estima que unas 30.000 empresas dejaron de operar desde que asumió Milei y reclama que el Congreso avance con la Ley de Emergencia PyME impulsada por ENAC, que contempla medidas específicas para sostener la actividad productiva.
Los números del BCRA: la morosidad que el Gobierno llama «privada»
El reclamo callejero tiene sustento en datos inapelables. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento de los préstamos a familias trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En menos de dos años, la morosidad se quintuplicó. En el segmento de fintech y billeteras virtuales, la situación es aún más crítica: un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense ubicó la mora en torno al 33% de los deudores. El mismo informe indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas.
Esos números no son solo estadísticas. Son familias que pidieron prestado para comprar alimentos, pagar una factura de gas o costear un turno médico. Son jubiladas, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas que hoy están atrapados en una espiral de intereses que el Estado nacional se niega a desactivar.
La respuesta del Gobierno: que lo arregle el mercado
La postura oficial frente a esta emergencia social fue coherente con la filosofía del modelo. El 2 de agosto, en una entrevista en LN+, Milei rechazó cualquier forma de asistencia estatal y preguntó: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás». El ministro de Economía, Luis Caputo, definió el endeudamiento familiar como «un tema entre privados» durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la implementación de un «plan platita» para los deudores en mora.
La lógica es conocida: el Estado ausente como virtud. El problema es que esa abstención no opera en el vacío, sino sobre un tejido social que acumula años de ajuste, tarifazos y pérdida de poder adquisitivo. Según datos del IIEP (UBA-CONICET), los servicios públicos acumularon subas superiores al 525% desde diciembre de 2023. El transporte subió cerca del 900%, el gas más del 700%. En ese contexto, endeudarse no fue una elección: fue la única estrategia de supervivencia disponible para millones de personas.
El Congreso, con cerca de 30 proyectos y sin dictamen
La problemática llegó al Poder Legislativo. Distintos bloques de la oposición presentaron cerca de 30 iniciativas. Entre las más relevantes, una propuesta de los diputados Diego Giuliano y Caren Teep plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante una línea de crédito de la ANSES destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas, con créditos de hasta $1,5 millones y cuotas que no superen el 30% del ingreso neto. Otra iniciativa propone condonar al menos el 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados con planes de hasta 60 meses. También se presentó la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE) y, en el Senado, un proyecto con quitas de intereses y financiación de largo plazo.
La Fundación Alameda y más de 40 organizaciones también lanzaron una campaña de recolección de firmas para impulsar una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas avanzó en el Congreso, donde el oficialismo mantiene capacidad de bloqueo suficiente para impedir la formación de dictámenes.
Council of the Americas: el otro país
Mientras todo esto ocurría en las calles, Javier Milei participó de la edición 2026 del Council of the Americas en el hotel Alvear, el espacio de encuentro anual entre el poder político y el capital financiero internacional. La elección del escenario no es menor: la gestión libertaria construyó su narrativa económica sobre la promesa de integración a los mercados globales y la confianza de los inversores externos. Ese relato se sostiene mientras las familias se endeudan a tasas usurarias para llegar a fin de mes y las pymes cierran por cientos cada semana. La contradicción no es un accidente: es el modelo.
Puntos clave
- La morosidad en créditos a familias trepó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,7% en junio de 2026, según el BCRA.
- En el segmento fintech, el 33% de los deudores está en mora, según la Defensoría del Pueblo bonaerense.
- Las organizaciones pymes estiman que unas 30.000 empresas cerraron desde la asunción de Milei.
- Hay cerca de 30 proyectos legislativos sobre endeudamiento familiar, ninguno con dictamen.
- El Gobierno rechazó cualquier intervención estatal y calificó el problema como «un asunto entre privados».
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