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Secuestran dólares en la casa de Kovalivker en el marco de la causa ANDIS

El juez Casanello procesó al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por entorpecer el allanamiento.

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La Policía de la Ciudad secuestró este fin de semana dinero en efectivo en la casa de Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina S.A., en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Incautaciones y hallazgos en Nordelta

Los efectivos encontraron dólares sueltos y bandas elásticas en la caja de seguridad de Kovalivker. Además, en su vehículo hallaron u$s266.000 en sobres y $7 millones en efectivo.

Petrillo detalló que el empresario logró salir de la isla en Nordelta antes del allanamiento ordenado por el juez federal Sebastián Casanello. “No se fugó porque no había orden de captura, pero sí se retiró alertado por efectivos de la custodia y el jefe de seguridad”, explicó la comunicadora.

Procesamiento del jefe de seguridad

El juez Casanello procesó este lunes a Ariel de Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, por desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento. Según el magistrado, el barrio privado aplicó “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”.

El fallo del juez indicó que el procedimiento de Nordelta buscó obstaculizar la acción policial, demorar el ingreso y anular el factor sorpresa, según consta en la resolución judicial.

Petición de cierre de la causa por “cosa juzgada”

Los abogados de los Kovalivker, encabezados por Martín Magram, solicitaron al juez Casanello el cierre de la causa por “cosa juzgada”. Argumentaron que las supuestas irregularidades en contrataciones de la droguería ya habían sido investigadas en otra causa, archivada por inexistencia de delito a pedido del fiscal Carlos Rívolo.

En su escrito, el letrado también pidió la nulidad absoluta de la investigación derivada de los audios de Spagnuolo sobre presuntas coimas a funcionarios, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Magram sostuvo que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilícita y que la denuncia tiene un “claro tinte político”, además de violar el derecho de defensa y el debido proceso.

Origen de la investigación

La causa se inició tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, luego de la difusión de audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que mencionaba retornos ilegales en la compra de medicamentos y posibles pagos a funcionarios.

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La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica

Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.

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Causa por la toma del Instituto Peron

El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.

Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.

Qué dijo el juez

Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.

El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.

La Cámara Federal cerró dos puertas

Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».

Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.

Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto

La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Lo que tenés que saber

  • El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
  • Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
  • La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
  • El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
  • Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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