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Investigan si funcionarios sabían y no denunciaron los pinchazos a los bebés fallecidos en Córdoba

Así lo refirió Rodríguez este mediodía en rueda de prensa, donde puso en conocimiento las características de esta nueva investigación que inició ayer de oficio el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, y negó que vaya en paralelo con la causa que investiga exclusivamente los motivos y responsabilidades directas por la muerte de cinco bebés entre marzo y junio pasado, que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón.

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El fiscal de Instrucción Iván Rodríguez fue designado para iniciar una investigación que determine si tres funcionarios públicos tenían conocimiento previo de “los pinchazos” que sufrieron los bebés que luego murieron el Hospital Neonatal de Córdoba y no denunciaron los hechos en el momento.

Así lo refirió Rodríguez este mediodía en rueda de prensa, donde puso en conocimiento las características de esta nueva investigación que inició ayer de oficio el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, y negó que vaya en paralelo con la causa que investiga exclusivamente los motivos y responsabilidades directas por la muerte de cinco bebés entre marzo y junio pasado, que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón.

“No es una investigación paralela, no es una investigación de la primera investigación, y tampoco es una investigación de una eventual línea política o responsabilidades funcionales que pueda haber en relación a los otros hechos que se investigan que son las muertes y lesiones de bebés en el hospital”, aclaró rápidamente Rodríguez.

En ese sentido, reforzó: “Esta investigación se circunscribe a determinar si los funcionarios públicos que han sido objeto de esta remisión de antecedentes, han incurrido -o no- en alguna conducta delictiva”.

El fiscal investigado es Guillermo González, además de un funcionario del Poder Ejecutivo y un integrante del equipo forense del Poder Judicial, desatacó Rodríguez, de quienes no aportó sus nombres.

En su charla con la prensa, el fiscal argumentó: “En rigor de la pieza que a mí se me remite surge y es objeto de investigación si uno de ellos tenía conocimiento que había niños que presentaban pinchazos y que no tenían una explicación médica en principio”.

Rodríguez resaltó que no “puede afirmar” que alguno de esos funcionarios tuvieran conocimiento de la muertes de bebés, aunque destacó que “no lo estoy negando si luego se establece, pero tampoco lo puedo afirmar en ese momento”.

“Lo importante es que el MPF decidió iniciar una investigación para ver si hay responsabilidad o no”, resumió.

En las últimas horas, la ministra de Salud de Córdoba, Gabriela Barbás, removió de su cargo al subdirector de Gestión Administrativa del Hospital Materno Neonatal, Alejandro Escudero Salama, luego de que el MPF abriera la nueva línea de investigación.

Esta nueva investigación recayó, por sorteo informático, en la Fiscalía del Distrito 3 turno 6 a cargo de Rodríguez, y se llevará independientemente al proceso que sustancia el fiscal de Instrucción Garzón, en el que hay una enfermera detenida y tres directivos del establecimiento sanitario fueron imputados.

Tras el desplazamiento de Escudero Salama, la ministra Barbás y el director del Hospital Neonatal, Marcelo Argüello, fueron convocados por el fiscal Garzón y participaron de una reunión en la que tomaron contacto como autoridades sanitarias recientemente designadas.

“En esta ocasión la ministra puso a disposición el Ministerio y, particularmente el Hospital Neonatal, en lo referido a la causa que investiga”, indicaron desde la cartera sanitaria.

Hasta el momento, la única persona detenida por el caso es la enfermera Brenda Agüero, de 27 años, quien permanece en el penal de Bouwer acusada por el fiscal Garzón de «homicidio calificado reiterado», mientras que también están imputadas la exdirectora del Hospital, Liliana Asís, por «omisión de los deberes de funcionario público»; al igual que dos jefas del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.

Recientemente, el fiscal Garzón ordenó que la enfermera detenida sea sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas para luego avanzar con la indagatoria.

Aunque hoy el abogado defensor de Agüero, Luis Obregón, confirmó al sitio Cba24n que la fiscalía accedió a un pedido y a la mujer se le tomará la indagatoria antes de que se realicen las pericias interdisciplinarias. También se espera la confirmación de la fecha de esa indagatoria.

La causa por la muerte de cinco bebés tras nacer en buen estado entre marzo y junio pasado, además de otros ocho que sobrevivieron, derivó en la renuncia el jueves pasado del hasta entonces ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, tras los cuestionamientos recibidos por no haber hecho la denuncia ante la Justicia cuando en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en el Hospital neonatal.

Entonces, solamente se había iniciado un sumario administrativo interno en el Hospital Neonatal y la investigación judicial se conoció el 11 de agosto a partir de denuncias concretas por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados.

De acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.

Los resultados preliminares de la autopsia de dos bebés nacidos el 6 de junio último concluyeron en que los decesos ocurrieron por cuadro de «hiperpotasemia» que fue causado por «exceso de potasio inyectado de manera intencional», y se descartaron otras patologías, error o mala praxis.

Femicidio

Fueron 169 las víctimas de femicidio en 8 meses: el mapa de la violencia de género que Milei niega

El Observatorio de Femicidios Adriana Zambrano registró 144 femicidios y femicidios vinculados, 8 transfemicidios y 17 crímenes vinculados de varones entre enero y agosto de 2026. Otros 203 hijos e hijas quedaron sin madre, el 57% son menores de edad. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema constató un incremento del 8% en las denuncias durante la última feria judicial de invierno.

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El horror tiene número y el número sigue creciendo. Entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026, 169 personas fueron asesinadas en la Argentina como consecuencia directa de la violencia de género, según el informe publicado por el Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano», dirigido por La Casa del Encuentro. La cifra desagregada revela la magnitud del problema: 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños, todos ellos asesinados en el marco de la violencia patriarcal.

Detrás de cada número hay una historia de violencia previa, de denuncias ignoradas, de medidas cautelares incumplidas y de un sistema que llega tarde o no llega. El 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, y el 67% de los crímenes ocurrió dentro de la propia vivienda de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor. La violencia de género no viene de afuera: habita en el lugar donde debería reinar la seguridad.

203 hijos e hijas sin madre

El impacto generacional de estos crímenes es devastador. 203 hijas e hijos quedaron sin madre como consecuencia directa de los femicidios relevados en estos ocho meses, y el 57% de ellos son menores de edad. Niños y niñas que crecerán con la ausencia como marca permanente, con la herida de haber perdido a su madre a manos de un hombre, en muchos casos el mismo que debía proteger a la familia.

En términos geográficos, la distribución no es pareja pero el problema es de alcance nacional. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba. No existe una región del país que pueda declararse ajena a esta crisis.

349 tentativas: la violencia que no mató pero pudo hacerlo

El informe incorpora también un dato que suele quedar fuera del debate público: 349 tentativas de femicidio en seguimiento. Son mujeres que sobrevivieron, pero que siguen en riesgo. Entre los casos relevados, un 16% de las mujeres agredidas contaba con denuncias previas al crimen, lo que pone en evidencia una falla estructural del sistema judicial y de las políticas de protección: las denuncias existieron, el peligro estaba documentado, y aun así la violencia llegó a consumarse.

Esta brecha entre la denuncia y la protección efectiva es uno de los nudos más críticos del problema. No alcanza con que las mujeres denuncien si el Estado no garantiza que esa denuncia se traduzca en una medida real de resguardo de su vida.

La feria judicial y el termómetro de la OVD

En paralelo, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aportó su propio registro sobre el período de la última feria judicial de invierno. La OVD asistió a 600 personas. De ese total, 357 denunciaron violencia doméstica, lo que representó un incremento del 8% respecto al mismo período del año anterior. Se realizaron 491 evaluaciones de riesgo, un 15% más que en el período previo.

Los datos de tipología de violencia son reveladores: predominó la violencia psicológica (97%), seguida por la simbólica (58%) y la física (38%). El equipo médico evaluó a 70 personas y constató lesiones en el 81% de los casos; de ese grupo, el 74% presentaba antecedentes por episodios anteriores. La violencia que termina en femicidio rara vez surge de la nada: tiene historia, tiene señales y, en demasiados casos, tiene expedientes judiciales previos.

El 49% de las víctimas asistidas tenía entre 18 y 59 años, y el 44% de los vínculos correspondió a parejas o exparejas, en línea con los datos del Observatorio Adriana Zambrano sobre el universo de femicidios consumados.

Una crisis que el ajuste profundiza

Las cifras de 2026 se producen en un contexto de desfinanciamiento sostenido de las políticas de género y de protección a las víctimas de violencia. Los recortes presupuestarios ejecutados por la gestión de Javier Milei afectaron de manera directa a los programas de asistencia, a los hogares de tránsito y a los dispositivos territoriales que funcionaban como primera línea de contención para mujeres en situación de riesgo. Un Estado que achica su presencia en los barrios, en los centros de salud y en la justicia de proximidad es un Estado que deja a las mujeres más vulnerables frente a sus agresores.

La violencia de género no es un fenómeno privado ni individual. Es una emergencia pública que requiere respuesta institucional sostenida, financiamiento real y voluntad política. Los números del Observatorio Adriana Zambrano y de la OVD lo confirman una vez más: mientras se debate en abstracto, las mujeres y las disidencias siguen muriendo.

Los números de la violencia de género

  • 169 personas asesinadas por violencia de género entre enero y agosto de 2026, según el Observatorio Adriana Zambrano (La Casa del Encuentro).
  • 203 hijos e hijas quedaron sin madre; el 57% son menores de edad.
  • El 67% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en la compartida con el agresor.
  • 349 tentativas de femicidio en seguimiento; un 16% de las víctimas tenía denuncias previas.
  • La OVD registró un aumento del 8% en las denuncias por violencia doméstica durante la feria judicial de invierno.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

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