Chaco
Caso Cecilia: aún faltan peritajes para cerrar la etapa de pruebas en el expediente
Los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez aguardan una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación y posteriormente elevar la causa a juicio.
El análisis por parte de expertos en antropología forense de los restos óseos humanos calcinados que fueron hallados en el lecho de un río para establecer si se puede extraer ADN; el estudio de laboratorio sobre las manchas de sangre encontradas en un colchón de la casa del Clan Sena y el análisis tecnológico de los últimos cuatro teléfonos de un total de 12 peritados en el marco de la investigación son las medidas que aún restan para que los fiscales que investigan el femicidio de Cecilia Strzyzowski puedan cerrar la etapa de pruebas y elevar la causa a juicio por jurados.
El jueves pasado el Equipo Fiscal Especial (EFE) de Chaco dictó la prisión preventiva para el esposo de Cecilia, César Sena (19), como autor del femicidio; a sus padres Emerenciano Sena (59) y Marcela Acuña (51), como coautores del asesinato; y al chofer José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42), por el «encubrimiento agravado» del crimen.
Ahora, los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez aguardan una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación y posteriormente elevar la causa a juicio.
Una de ellas es el análisis de los restos óseos calcinados encontrados el 22 de junio pasado tras un rastrillaje efectuado en una de las márgenes del río Tragadero, lindero a la chanchería del matrimonio de Sena y su esposa Acuña, junto a un dije en forma de cruz que también se hallaba incinerado y pertenecía a Cecilia, según reconoció su madre, Gloria Romero.
Fuentes judiciales informaron a Télam que los restos serán trasladados el próximo lunes al laboratorio de genética forense que posee en la provincia de Córdoba el equipo que viajó dos veces desde esa provincia al Chaco para colaborar en la causa.
De esta manera, el objetivo final de los expertos es obtener un ADN a partir de las muestras tomadas para el procesamiento de análisis genético, y, de ser posible, realizar un cotejo con el perfil genético de los progenitores y/o familiares de la víctima.
Si bien aún no fue confirmado oficialmente, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el más prestigioso del país y que trabajó en innumerable casos de reconocimiento de restos humanos, entre ellos de soldados muertos en la guerra de Malvinas, también colaborará en los estudios.
«Las muestras óseas analizadas pertenecen a una única persona adulta, aunque no fue posible determinar sexo, edad precisa ni causa de muerte debido a que se encuentran multifragmentadas y calcinadas», informó en un comunicado el Poder Judicial del Chaco, a partir de la conclusión a la que arribó un equipo interdisciplinario de Antropología, Medicina y Odontología.
Si bien en un principio se explicó que se trataba de huesos que podrían pertenecer a un pie y una mano, luego los fiscales ampliaron que también se habían encontrado restos de un cráneo.
La complicación que enfrentan los expertos en antropología es que la mayoría de los restos encontrados se hallaban calcinados, lo que imposibilita la extracción de ADN.
«De hueso calcinado es imposible obtener ADN, están ya blancos, los tocas y se deshacen. De hueso carbonizado sí es posible obtener», explicó a Télam un investigador.
Por otro lado, fuentes judiciales aseguraron a esta agencia que también el próximo lunes, a partir de las 8, el equipo de Química Legal del Poder Judicial de Chaco comenzará a peritar las manchas de sangre aparentemente limpiadas con lavandina que fueron halladas en un colchón que el matrimonio le había regalado a un vecino el 6 de junio último y cuyo traslado en un camión de mudanzas quedó registrado en una cámara de seguridad ubicada frente a la casa de los detenidos en la calle Santa María de Oro al 1400, de Resistencia.
En total, se trata de cuatro muestras halladas en la parrilla de madera de una cama y en recortes de tela del colchón.
En el caso de confirmarse que se trata de un rastro femenino, los fiscales también dispondrán un cotejo de ADN con el patrón genético de la madre de Cecilia, para confirmar si efectivamente es sangre de la joven.
En tanto, el EFE también aguarda la apertura de los teléfonos móviles de los detenidos, de los cuales ya se extrajeron ocho nubes de información y aún restan cuatro, mientras que también el lunes comenzarán a peritarse pendrives incautados.
La fiscal Velázquez afirmó que «son muchos los teléfonos secuestrados» y que ya han recibido informes sobre los dispositivos de César Sena y de Cecilia, «que estuvieron de manera conjunta hasta el día lunes (5 de junio), que fue el día anterior a la denuncia (de desaparición), día en que se apagaron los datos».
Strzyzowski fue vista por última vez el viernes 2 de junio de 2023, a las 9.16, cuando ingresaba al domicilio de la familia Sena.
Para los fiscales, César Sena y sus padres «idearon un plan para dar muerte a Cecilia», para el cual «la engañaron manifestándole que viajaría con César a la ciudad de Ushuaia, bajo la promesa de que contarían con vivienda y tres trabajos».
Los fiscales dieron por acreditado que el 2 de junio pasado, «a las 9.16 César ingresó junto a Cecilia al interior del domicilio de sus padres, situado en calle Santa María de Oro 1460», de Resistencia.
Allí, «entre las 12.13 y 13.01, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena procedieron a dar muerte a Cecilia», explicaron en la resolución en la que el jueves a la noche procesaron con prisión preventiva a todos los imputados.
«Posteriormente, siendo las 16.58 horas, se hizo presente José Obregón a bordo de su automóvil Citröen C4, color gris, mientras que a las 17.12 lo hizo Fabiana Cecilia González, a bordo de su motocicleta, ingresando ambos a la vivienda a fin de colaborar con la tarea de hacer desaparecer rastros y/o pruebas de la escena del hecho», explicaron.
Según los fiscales, «a las 19.27, César Sena y Obregón cargaron el cuerpo de Cecilia en la cajuela de la Hilux color blanca, para luego dirigirse hacia Campo Rossi, ubicado en Zona Rural de la localidad de Puerto Tirol, donde con la colaboración de Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, cuidadores del predio, procedieron a incinerar el cuerpo, con el fin de hacer desaparecer los restos del mismo».
Chaco
Juicio por la golpiza a jóvenes qom: Zdero había ascendido a una de las acusadas
Diez policías chaqueños son juzgados en Resistencia por el operativo de 2020 en Fontana. La oficial Claudia Lucena, acusada de encubrimiento y detención ilegal, fue promovida por decreto en 2025, cuando la causa ya estaba elevada a juicio.
Según la acusación, entraron de madrugada, sin orden judicial, y golpearon a los jóvenes que estaban en la casa, entre ellos una adolescente. Después se los llevaron a la comisaría, donde, según denunciaron las víctimas, siguieron los golpes, las amenazas de muerte y los insultos racistas. Seis años después de aquella noche en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, diez policías del Chaco se sientan en el banquillo, y una de ellas llegó al juicio con un ascenso firmado por el gobernador Leandro Zdero.
El debate oral comenzó el lunes ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en la causa 12.386/2020-1. El tribunal está integrado por Dolly Fernández, como presidenta, Cristina Pisarello y Ernesto Azcona, y la acusación está a cargo del fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos. La querella del Estado quedó unificada en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que actúa también en representación del área de Derechos Humanos de la provincia. Entre los acusados está Claudia Beatriz Lucena, que dirigía la Comisaría Tercera de Fontana cuando ocurrieron los hechos.
Qué pasó el 31 de mayo de 2020
Según la acusación, cerca de las 4.30 de la madrugada del 31 de mayo de 2020 un grupo de efectivos irrumpió en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y golpeó a varios jóvenes de una familia de la comunidad qom. La versión policial de ese momento era que buscaban a personas que supuestamente habían apedreado una dependencia de la fuerza. En la casa había además dos chicos pequeños.
Cuatro jóvenes fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Tercera. Allí, de acuerdo con sus denuncias, continuaron las agresiones y los insultos racistas; también relataron que los rociaron con alcohol y los amenazaron con prenderles fuego. Las denuncias sostienen, además, que parte de esas agresiones quedó registrada por las cámaras de la dependencia. El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia institucional con mayor repercusión en la provincia, en plena cuarentena y contra una comunidad indígena históricamente postergada.
Los cargos
Lucena enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal cometida por un funcionario público. La acusación le atribuye no haber puesto a la adolescente detenida a disposición del juzgado correspondiente y no haber denunciado las vejaciones que habría presenciado en su unidad.
Los otros nueve policías afrontan distintas combinaciones de imputaciones, entre ellas vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, falsedad ideológica agravada y detención ilegal. Son acusaciones que el tribunal deberá examinar: ninguno de los diez efectivos tiene condena y todos están amparados por la presunción de inocencia hasta que haya sentencia.
Un ascenso con la causa en marcha
El dato que salpica al gobierno actual es administrativo y tiene fecha. El decreto 974/25, firmado por Zdero el 13 de junio de 2025, promovió a Lucena de comisario inspector a comisario mayor, con vigencia retroactiva al comienzo de ese año. La propuesta fue elevada por el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, y contó con los avales administrativos correspondientes.
Romero no es un nombre nuevo en esta causa. Era jefe de la Policía cuando ocurrieron los hechos de Fontana y renunció el 13 de julio de 2020, junto con el subjefe, después de que el gobierno de Jorge Capitanich rechazara reincorporar a cuatro efectivos imputados en el expediente. En ese momento, Romero argumentó que la normativa policial obligaba a reintegrar al servicio a los agentes que habían recuperado la libertad. En diciembre de 2023, Zdero lo designó otra vez al frente de la fuerza.
Para entonces, Lucena estaba imputada desde septiembre de 2021 y el expediente había sido elevado a juicio en abril de 2022. El ascenso llegó, por lo tanto, después de que la oficial quedara formalmente acusada y después de que la Justicia resolviera llevar el caso a debate oral. Hasta el momento no se conoció una explicación oficial sobre por qué la promoción avanzó con ese antecedente.
En declaraciones recogidas por el diario El Ancasti, el abogado querellante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Darío Edgardo Gómez, confirmó que Lucena «fue ascendida ahora ya en la gestión del gobernador (Leandro) Zdero».
Seis años de demoras
El juicio llegó a su primera audiencia tras sucesivas reprogramaciones. La última postergación fue en septiembre, por el cambio de defensor de uno de los imputados, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura había cuestionado públicamente las demoras. El cronograma prevé nuevas audiencias los días 13, 14, 15, 27 y 28 de octubre, y el 3 y el 12 de noviembre.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías del Chaco son juzgados desde el lunes en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por el operativo del 31 de mayo de 2020 contra jóvenes qom en Fontana.
- Según la acusación, los efectivos entraron sin orden judicial a una vivienda, golpearon a varios jóvenes, entre ellos una adolescente, y detuvieron a cuatro.
- La oficial Claudia Beatriz Lucena, que en 2020 dirigía la Comisaría Tercera de Fontana, está acusada de encubrimiento agravado y detención ilegal.
- Zdero la ascendió a comisario mayor por el decreto 974/25, de junio de 2025, a propuesta del jefe de Policía Fernando Romero, que también encabezaba la fuerza en 2020; la causa ya estaba elevada a juicio desde abril de 2022.
- Las audiencias seguirán en octubre y noviembre; ninguno de los acusados tiene condena.
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