Espionaje
Casación rechazó recurso para apartar a Llorens y Bertuzzi de causa de espionaje ilegal
La decisión fue adoptada por la sala cuarta del máximo tribunal penal del país, que consideró que el planteo de la querella de la expresidenta fue extemporáneo y no representaba más que una discrepancia con los criterios adoptados por la Cámara Federal porteña en el fallo con el que fue revocado el procesamiento de los exjefes de la inteligencia macrista.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy por «inadmisible» el recurso por el cual la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había reclamado el apartamiento de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante el gobierno de Mauricio Macri.
La decisión fue adoptada por la sala cuarta del máximo tribunal penal del país, que consideró que el planteo de la querella de la ex presidenta fue extemporáneo y no representaba más que una discrepancia con los criterios adoptados por la Cámara Federal porteña en el fallo con el que fue revocado el procesamiento de los exjefes de la inteligencia macrista.
El abogado Carlos Beraldi, en representación de la Vicepresidenta, había considerado «arbitrario» el fallo de diciembre pasado en el que la Cámara Federal porteña, con la firma de Llorens y Bertuzzi, atribuyó el espionaje ilegal a espías que trabajaron por cuenta propia y no por órdenes de la entonces conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
«El apartamiento solo puede ser solicitado, cuando sea sobre la base de una causal sobreviniente, dentro de las 48 horas de ocurrida ésta, circunstancia que, de haberse visto cumplida, hubiera autorizado en términos formales el trámite de recusación formulado», sostuvo el juez Mariano Borinsky en el fallo.
Por su parte, el juez Gustavo Hornos sostuvo que «en los argumentos de la parte se observa una mera disconformidad con la solución arribada por el a quo, careciendo sus planteos de aptitud suficiente para habilitar esta instancia revisora toda vez que la ausencia de un auténtico caso de naturaleza federal impide someter la decisión recurrida a la Cámara Federal de Casación Penal».
Aquel fallo de la Cámara Federal porteña implicó la revocatoria del procesamiento de los exjefes de la AFI durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa en la que estaban acusados por espionaje ilegal y que comenzó tramitando en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
Se trata del expediente conocido como «Súper Mario Bross», por el nombre de un grupo de Whatsapp a través del cual se comunicaban varios de los espías que aún siguen procesados por el espionaje a dirigentes políticos, sociales, religiosos, sindicales y hasta periodistas.
La subdirectora de la AFI, Majdalani, quedó procesada, sin embargo, por «incumplimiento de deberes de funcionario público», bajo la acusación de no haber ejercido el debido control sobre los espías investigados.
Espionaje
Milei le dio un nuevo estatuto a la SIDE por Decreto
El Gobierno libertario lo presenta como una supuesta medida de profesionalización, pero la falta de debate legislativo y el poder discrecional que conserva el Ejecutivo sobre el organismo generan preguntas que el decreto no responde.
El Gobierno Nacional «reorganizó» por decreto el régimen laboral de los agentes de inteligencia del Estado. A través del Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que reemplaza las normas anteriores y establece un esquema integral de carrera, formación, remuneraciones y condiciones de egreso para quienes integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
La medida fue presentada por el Ejecutivo como un paso hacia la profesionalización del organismo, con el argumento de consolidar un cuerpo de trabajadores especializados capaz de mantener continuidad más allá de los cambios políticos. Sin embargo, el mecanismo elegido, un decreto presidencial sin intervención del Poder Legislativo, resulta coherente con el estilo de gestión de La Libertad Avanza: concentración de decisiones en el Ejecutivo, velocidad normativa y escaso control parlamentario sobre áreas sensibles del Estado.
Qué establece el estatuto
El nuevo régimen fija que el ingreso y la promoción dentro de la SIDE deberán contemplar criterios técnicos, éticos y profesionales. La capacitación permanente queda establecida como uno de los ejes centrales del desarrollo de los agentes, con actividades orientadas a actualizar y fortalecer conocimientos y competencias en materia de inteligencia. El estatuto dispone además la creación de un plan de carrera con formación técnica, humana y profesional, basado en principios de idoneidad, transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización.
La normativa también busca vincular los salarios con las responsabilidades de cada agente. Las remuneraciones deberán guardar correspondencia con las capacidades técnicas, las funciones y los grados jerárquicos, para evitar diferencias discrecionales entre trabajadores con funciones, trayectoria y antigüedad similares; una formulación que, en la práctica, quedará sujeta a la reglamentación interna del organismo.
Derechos y condiciones de egreso
Entre los principales derechos reconocidos figura la estabilidad laboral para quienes integren la planta permanente una vez confirmados en sus cargos. La desvinculación solo podrá producirse por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el propio estatuto. Los agentes tendrán derecho a percibir remuneraciones acordes a las escalas de su categoría, además de bonificaciones, compensaciones y otros conceptos, junto con acceso a capacitación, licencias, asignaciones familiares, obra social y beneficio jubilatorio.
El régimen contempla mecanismos para presentar consultas y reclamos cuando un trabajador considere que sus derechos fueron afectados, y establece distintas modalidades de promoción: por ascenso ordinario, por méritos extraordinarios o mediante ascenso post mortem. También reconoce el principio de igualdad de oportunidades dentro de la carrera y prohíbe tratos diferenciados por motivos ajenos a la aptitud y conducta profesional.
Un decreto en una zona de sombras
El estatuto llega en un contexto en el que la SIDE acumula cuestionamientos. El organismo, que funciona bajo la órbita directa de la Presidencia, está en el centro de varias investigaciones vinculadas a la gestión libertaria. El decreto regula el vínculo laboral de los agentes pero no toca la estructura de control político sobre el organismo ni los mecanismos de supervisión externa, que en Argentina han sido históricamente insuficientes.
La decisión de avanzar por decreto, sin debate parlamentario, en un área tan sensible como la inteligencia del Estado, se inscribe en una tendencia que la oposición ya denunció en otros ámbitos: la de legislar por la vía rápida para evitar el escrutinio de las cámaras. El estatuto puede leer como modernización institucional o como consolidación del poder discrecional del Ejecutivo sobre el aparato de inteligencia, según quién lo lea.
Lo que tenés que saber
- El Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprueba un nuevo estatuto para el personal de la SIDE.
- La norma establece criterios de ingreso por mérito, plan de carrera, capacitación permanente y remuneraciones acordes a funciones y jerarquía.
- Reconoce estabilidad laboral para la planta permanente y fija mecanismos formales para la desvinculación y para presentar reclamos.
- La medida fue adoptada por decreto, sin intervención del Congreso, en un área históricamente sensible como la inteligencia del Estado.
- El estatuto no modifica la estructura de control político sobre el organismo ni refuerza los mecanismos de supervisión externa.
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