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Salud 🩺

Vacuna Gate: tras el escándalo, Vizzotti anunció un plan de «monitoreo» en la campaña de vacunación

La nueva ministra de Salud presentó una propuesta «de monitoreo, información periódica y recomendaciones de cómo vacunar escalonadamente a la población estratégica». Además, explicó que su gestión pondrá el foco profundizar las negociaciones para recibir nuevas dosis.

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La nueva ministra de Salud presentó una propuesta «de monitoreo, información periódica y recomendaciones de cómo vacunar escalonadamente a la población estratégica». Además, explicó que su gestión pondrá el foco profundizar las negociaciones para recibir nuevas dosis.

La flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció este domingo que elevará a la Jefatura de Gabinete una propuesta «de monitoreo, información periódica y recomendaciones de cómo vacunar escalonadamente a la población estratégica» contra el coronavirus, en una gestión que, además, tendrá en foco profundizar las negociaciones para recibir nuevas dosis.

En diálogo con Radio 10, la hasta ayer secretaria de Salud marcó «la centralidad absoluta de la campaña de vacunación» en la tarea que inicia y evaluó que «la confianza en la vacuna y en la campaña no deberían sufrir ningún impacto», luego de la salida de Ginés González García, su exjefe y antecesor.

Además, en la entrevista, Vizzotti aseguró que «de ninguna manera funcionaba un vacunatorio VIP ni no VIP en el ministerio» y que, en cambio, se trató de una «situación puntual», en alusión a la polémica suscitada luego de que el periodista Horacio Verbitsky reconociera haber recibido una dosis en la cartera de Salud.

«De ninguna manera es una situación habitual, ni hay un vacunatorio paralelo, ni se reservan vacunas para una situación privilegiada», respondió firme la funcionaria, que negó versiones periodísticas en ese sentido.

Explicó que el Ministerio de Salud «le provee habitualmente al Hospital Posadas» dosis para todo el calendario vacunatorio y garantizó que «de ninguna manera se reservan vacunas» para una estrategia determinada.

Vizzotti, quien hasta ahora se desempeñaba como segunda en el ministerio, habló de «un plan en dos sentidos» sobre los objetivos de su gestión.

Por un lado, «transparencia», a partir de la trazabilidad que hay de cada vacuna una vez que ingresa al país, y por otro lado, reafirmó que se elaborará un documento en la Comisión Nacional de Inmunizaciones para dejar bien asentado quiénes serán «los grupos prioritarios para recibir la vacuna».

La nueva ministra explicó también que «el Estado adquiere el 100% las vacunas y los distribuye a las jurisdicciones, que son los responsables de implementar la política de vacunación».

Pero además el Ministerio de Salud conserva «un stock estratégico por si hay un brote, por si hay un accidente con las vacunas y se necesita reponerlas, y para trabajar con hospitales y ministerios nacionales», agregó.

Consultada sobre la cantidad de intendentes de oficialismo y oposición que se vacunaron sin estar incluidos en los grupos de riesgo, recordó que se trata de «personal estratégico» para el manejo del Estado.

«Un intendente es personal es estratégico, la discusión es cuándo y para qué» se vacuna, planteó la funcionaria, que aclaró que ella misma aún no se vacunó.

«La decisión es de cada distrito», insistió en cuanto a las prioridades locales, pero remarcó que deberían ser atendidas las recomendaciones nacionales.

«Esto excede oficialismo y oposición», siguió Vizzotti y consideró que la inoculación de funcionarios puede ser evaluada como algo «que genera confianza en las personas para que se vacunen o como un privilegio».

En este sentido, relató que cuando recién llegó la vacuna, en virtud de la circulación de noticias falsas contra la Sputnik V, «políticos de primera línea decidieron vacunarse para generar confianza» en la población.

«La discusión fue si seguíamos vacunándonos los funcionarios estratégicos, y decidimos que (se hiciera) cuando hubiera más stock», añadió. «Yo no estoy vacunada», respondió, a modo de ejemplo.

La ministra consideró en ese marco que «la confianza en la vacuna y la campaña no deberían sufrir ningún impacto» tras las vacunaciones conocidas este fin de semana.

En este marco, anunció que elevará una propuesta al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, «de monitoreo, información periódica y recomendación de cómo vacunar escalonadamente a la población estratégica».

En otro orden, detalló todas las negociaciones que siguen en marcha para la adquisición de más vacunas.

«Con Sinofarm de China se firmó un acuerdo por un millón de dosis», destacó y dijo que se está en la última etapa, «de autorización para uso de emergencia», para lo cual «la Anmat realizó consultas puntuales y han sido respondidas».

También mencionó que para principios de marzo esperan «560 mil dosis de la vacuna Covishield de India».

«Tuvimos además una reunión con AstraZeneca donde nos contaron cómo va el cronograma», en relación a las cerca de 22 millones de dosis comprometidas y confirmó que las entregas comenzarán «cerca de abril».

Finalmente relató que ayer la asesora presidencial Cecilia Nicolini viajó a Rusia para continuar con las tratativas de la Sputnik V y así «armar un cronograma para las próximas entregas, que sea lo mas eficiente posible».

En concreto sobre la salida de su antecesor, Vizzotti dijo que «hubo una situación puntual», pero de ninguna manera eso «puede empañar la trayectoria» de González García, tanto en esta gestión, como en las anteriores.

Dijo además tener «sensaciones encontradas» por estar ante una «inmensa responsabilidad» y agradeció «la confianza a Ginés y del Presidente» Alberto Fernández por su designación al principio de la gestión y en la actual.

Política 📢

De 128 a 6 medicamentos: Milei y Lugones liquidaron el Remediar

La provincia de Buenos Aires respondió con el programa Medicamentos Bonaerenses, que distribuye fármacos a centros de salud y hospitales de los 135 municipios.

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Seis medicamentos. Eso es lo que quedó del Remediar, el programa que durante 24 años llevó remedios gratuitos a los centros de atención primaria de todo el país. Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei borró de un plumazo el listado de 128 medicamentos esenciales que garantizaba el Estado nacional.

La medida, firmada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y publicada el jueves 15 de octubre, deroga la Resolución 3424/2021, que establecía el vademécum del programa y era la base legal de sus compras centralizadas. En su lugar, aprueba una nómina de apenas seis principios activos destinados a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares: ácido acetilsalicílico (aspirina), atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

«Un brutal y asesino ajuste»

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, fue uno de los primeros en reaccionar. «Hoy se oficializó el cierre del Remediar. Un brutal y asesino ajuste, que impacta directamente en la salud de la gente», escribió en sus redes sociales.

El funcionario de Axel Kicillof recordó que se trataba de «un programa de 24 años de historia, que abastecía a 8000 centros de salud y que cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes», y que fue reemplazado por un «plan» que solo incluye seis medicamentos. «Lo venimos diciendo. Intentaron ocultarlo, y negarlo, porque además de ajustadores seriales son mentirosos», disparó, y cerró: «Tenían más dignidad cuando al ajuste le decían ajuste y se lo bancaban».

El diputado nacional de Unión por la Patria y ex ministro de Salud de Tucumán, Pablo Yedlin, coincidió en el diagnóstico: «Hoy el boletín oficial nos despierta con la muerte del programa Remediar, es verdad que ‘mezclado’ en un programa ‘innovador’ de prevención cardiovascular». El legislador advirtió que los medicamentos para niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos sin enfermedad cardiovascular quedan fuera de la responsabilidad del Estado nacional, y sentenció: «A partir de hoy es oficial: los medicamentos esenciales serán responsabilidad exclusiva de las provincias«.

Un vaciamiento anunciado

La resolución no llega de la nada. Es el certificado de defunción de un programa que el Gobierno nacional venía desfinanciando desde el inicio de la gestión libertaria. En abril, Kicillof ya había denunciado que el vademécum del Remediar se había reducido a un esquema con proyección de apenas tres insumos y que las unidades distribuidas habían caído un 55% respecto de 2023. En aquella oportunidad, el gobernador calificó de «criminal» la decisión y advirtió que el ajuste dejaba «sin asistencia a más de 20 millones de personas».

En mayo, Kicillof y Kreplak reunieron a más de 60 intendentes de distintas fuerzas políticas para exponer el impacto de los recortes nacionales en el sistema sanitario bonaerense. Allí, Kreplak afirmó que Milei «recortó el presupuesto en Salud un 40%, paralizó la entrega de medicamentos, redujo la distribución de vacunas y aplicó la motosierra sobre el PAMI».

El Remediar sobrevivió a gobiernos de distinto signo político, incluido el de Mauricio Macri, y es la gestión de Milei la que finalmente lo desmantela. El texto oficial justifica el cambio en una supuesta modificación del escenario sanitario y en la necesidad de reforzar la atención de las enfermedades vasculares. Pero el nuevo listado tiene además carácter orientativo, como referencia para compras, logística y distribución.

Las provincias, otra vez a pagar la cuenta

En los hechos, la medida traslada a las provincias la obligación de cubrir los tratamientos que hasta ahora garantizaba la Nación, en un contexto en el que los sistemas sanitarios provinciales ya enfrentan restricciones presupuestarias, recortes en las transferencias y una demanda creciente en los hospitales públicos, producto de la pérdida de cobertura de obras sociales y prepagas.

La provincia de Buenos Aires respondió con el programa Medicamentos Bonaerenses, que distribuye fármacos a centros de salud y hospitales de los 135 municipios. Pero no todas las provincias tienen la capacidad de reemplazar lo que el Estado nacional decidió abandonar, y el costo de esa retirada lo pagarán los sectores que dependen de la salud pública para acceder a un antibiótico, un antihipertensivo o un tratamiento básico.

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