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Defensa

Denuncia penal contra Milei, Petri y Bullrich por uso inconstitucional de las Fuerzas Armadas

Organismos de derechos humanos y ATE Capital reclamaron judicialmente por el uso de militares en seguridad interior en Salta y advirtieron sobre su ilegalidad.

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Lo que tenés que saber

  • Presentaron un hábeas corpus preventivo colectivo contra la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”.
  • La denuncia apunta al uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior en la frontera norte.
  • Daniel Catalano cuestionó la “militarización encubierta” y advirtió sobre su carácter inconstitucional.
  • Reclaman la desclasificación de las “Reglas de Empeñamiento” por falta de transparencia.
  • Citan como antecedentes casos de violencia institucional en operativos fronterizos recientes.

Denuncian penalmente a Milei, Petri y Bullrich por la militarización de la frontera norte

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, acompañó una denuncia penal y un hábeas corpus preventivo colectivo contra el presidente Javier Milei, el ministro de Defensa Luis Petri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La medida judicial fue impulsada junto a organismos de derechos humanos de Salta ante el Juzgado Federal de Orán.

El planteo tiene como eje la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, un despliegue militar en zonas de frontera norte. Según los denunciantes, su implementación viola la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, ya que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones policiales.

“El nuevo marco jurídico pretende legitimar el uso de las Fuerzas Armadas para la represión de población civil, en zonas inhóspitas, sin regulación clara, con objetivos reservados, sin mecanismos de rendición de cuentas, ni límites definidos”, señala el texto judicial patrocinado por el abogado Martín Plaza.

Piden prohibir detenciones a civiles por parte del Ejército

La presentación solicita que se prohíba expresamente cualquier acción de las Fuerzas Armadas que incluya detenciones de civiles, por considerarlas contrarias al orden constitucional. El escrito cuestiona los decretos 1107/24 y 1112/24, además de la resolución ministerial 347/35 que habilitan estas acciones.

“Este plan de militarización encubierta viola la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se avanza con mecanismos propios de gobiernos represivos bajo la excusa del combate al narcotráfico”, afirmó Catalano.

Advierten sobre el carácter secreto de las Reglas de Empeñamiento

Uno de los puntos de mayor preocupación es la existencia de las llamadas “Reglas de Empeñamiento”, cuyo contenido permanece clasificado. Estas normas establecen cómo y bajo qué condiciones actuarán los militares, sin control civil ni transparencia pública.

Desde las organizaciones que acompañan la denuncia también exigen la inmediata desclasificación de estas reglas, advirtiendo sobre el riesgo que implica una actuación sin supervisión institucional.

Preocupación por antecedentes de violencia en la frontera

La presentación hace referencia a casos recientes como los de Fernando Gómez y Rodrigo Torres, quienes murieron durante operativos de Gendarmería. Sostienen que estos hechos evidencian un aumento de la violencia institucional en zonas de frontera.

“Estamos frente a una reedición de las peores recetas del pasado. La represión en la frontera no es una solución a los problemas sociales. Es una provocación que puede terminar en tragedia”, sostuvo Catalano durante la conferencia de prensa que acompañó la presentación judicial.

Defensa

Cancillería rechazó como inadmisible que Irán declare terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea

En un comunicado, el Palacio San Martín sostuvo que ambas fuerzas están subordinadas a la Constitución y volvió a exigir que Teherán coopere con la Justicia argentina por los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Irán respondió así a la inscripción del CGRI en el RePET.

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El Argentino Diario-Quirno-Christopher Landau.

La Cancillería rechazó la decisión de Irán de declarar “organizaciones terroristas” a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas y calificó esa acusación de “inadmisible” contra instituciones legítimamente constituidas. El comunicado de la Cancillería que conduce Pablo Quirno se difundió el miércoles, horas después de que Teherán anunciara la medida en represalia por la inscripción del Cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica (CGRI) en el RePET, el registro argentino de personas y entidades vinculadas al terrorismo.

La Cancillería sostuvo que la decisión iraní “carece de todo fundamento y constituye una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberanía nacional”. Agregó que ambas fuerzas cumplen sus funciones con respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y a la soberanía de los Estados.

El reclamo por la Embajada y la AMIA

En el mismo texto, el Gobierno recordó que la Justicia argentina atribuyó responsabilidad a la República Islámica de Irán por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994. Cuestionó que Teherán siga sin cooperar con los tribunales, que no cumpla las órdenes internacionales de detención vigentes y que haya designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por la Justicia. “Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, remarcó, y volvió a exigir que Irán los ponga a disposición de los tribunales.

El Gobierno reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia, expresó solidaridad con los familiares y con la comunidad judía argentina y ratificó su rechazo a toda forma de terrorismo.

Dónde está la causa judicial

El reclamo convive con una investigación que sigue abierta. En junio de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado argentino por “una falta grave a su deber de investigar” el atentado a la AMIA. El juez federal Daniel Rafecas procesó el 21 de septiembre a siete iraníes y un libanés por ese ataque, en el marco del juicio en ausencia; la Cámara Federal debe revisar esos procesamientos y, según se informó, el juicio podría comenzar en 2027.

Una designación unilateral frente a otra

Irán justificó su decisión en una ley de 2019 de medidas recíprocas, dictada tras la designación del CGRI como “organización terrorista” por Estados Unidos. Como publicó El Argentino Diario, la Argentina inscribió al CGRI en el RePET por la Resolución Conjunta 3/2026 de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, publicada el 6 de abril, mientras que Irán aplicó el mismo mecanismo el 1 de noviembre a la Marina Real y a la Fuerza Aérea del Reino Unido. El comunicado iraní no anunció sanciones concretas.

La inscripción del CGRI fue un acto administrativo de dos ministerios, sin ley del Congreso ni fallo judicial, y la represalia iraní apunta ahora a dos fuerzas armadas del Estado argentino. En abril, después de esa decisión, la Cancillería declaró persona non grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y le dio 48 horas para dejar el país.

Lo que tenés que saber:

  • Cancillería calificó de “inadmisible” que Irán declare terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea.
  • Teherán adoptó esa medida en represalia por la inscripción del CGRI en el RePET, formalizada por la Resolución Conjunta 3/2026.
  • El comunicado sostuvo que ambas fuerzas están subordinadas a la Constitución y al derecho internacional.
  • El Gobierno volvió a exigir cooperación iraní con la Justicia argentina por los atentados de 1992 y 1994 y recordó que los acusados no comparecieron en tres décadas.
  • La causa por la AMIA sigue abierta: Rafecas procesó el 21 de septiembre a siete iraníes y un libanés.
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