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Legislativo

Polémica por la candidatura de Adorni: piden su apartamiento por uso indebido del cargo

El legislador Yamil Santoro solicitó al funcionario conservador que se le pida la renuncia a Manuel Adorni, tras confirmar su candidatura a diputado.

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Lo que tenés que saber:

  • Yamil Santoro presentó un pedido ante la Oficina Anticorrupción solicitando el apartamiento de Adorni de su cargo.
  • El argumento principal es el presunto «aprovechamiento inaceptable» de su cargo para fines electorales.
  • El pedido se basa en la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
  • El Código de Ética de la Función Pública establece que los funcionarios no deben poner en riesgo la confianza ciudadana.
  • Santoro solicita que se le exija la renuncia o licencia sin goce de sueldo para garantizar transparencia.

Yamil Santoro pide la renuncia de Manuel Adorni

El legislador porteño Yamil Santoro solicitó este jueves a la Oficina Anticorrupción que se recomiende al Poder Ejecutivo Nacional el apartamiento de Manuel Adorni de su cargo como Secretario de Comunicación y Medios, en caso de que se confirme su candidatura a diputado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El pedido se basa en el argumento de que la permanencia de Adorni en su cargo mientras lleva adelante su campaña electoral sería un «aprovechamiento inaceptable de su función para una finalidad ajena a la misma».

Santoro, quien también compite en las elecciones porteñas como candidato a diputado por Unión Porteña Libertaria, estuvo acompañado en esta solicitud por el abogado José Lucas Magioncalda. El legislador sostuvo que la presencia de Adorni en funciones mientras realiza una campaña electoral contravendría la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que regula el comportamiento de los funcionarios públicos para evitar que su labor sea usada con fines personales o políticos.

Los fundamentos del pedido

El escrito presentado por Santoro también hace referencia al Código de Ética de la Función Pública, en particular a su artículo 9º. En él se establece que los funcionarios deben evitar tomar decisiones que puedan “poner en riesgo la finalidad de la función pública y la confianza ciudadana en las instituciones”.

“El funcionamiento de la comunicación institucional debe ser imparcial y no debe verse contaminado por intereses electorales”, expresó Santoro, quien también destacó que el rol de Adorni en el gobierno podría influir negativamente en la percepción de imparcialidad del proceso electoral.

¿Qué solicita Santoro?

El pedido formal solicita que, si se confirma la candidatura de Adorni, se le exija la renuncia inmediata de su puesto como Secretario de Comunicación y Medios o, en su defecto, que se le otorgue una licencia sin goce de sueldo. De esta manera, Santoro busca garantizar la transparencia del proceso electoral y el cumplimiento de los principios republicanos de ética y responsabilidad institucional.

El legislador hizo especial énfasis en que la confianza ciudadana en las instituciones depende de la imparcialidad con la que los funcionarios desempeñen su trabajo, especialmente cuando se encuentran en cargos sensibles, como el de la Secretaría de Comunicación. La renuncia o licencia de Adorni sería, según Santoro, fundamental para mantener la confianza del público en la integridad del proceso electoral.

Un desafío en la política porteña

Este pedido de Santoro llega en un contexto político tenso, donde las disputas sobre el uso de los recursos públicos y la ética en el ejercicio de los cargos gubernamentales están a la orden del día. Además, la postura de Santoro podría generar un foco de controversia, pues señala lo que considera un conflicto de interés de un funcionario en plena campaña electoral. La situación ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el comportamiento de los funcionarios públicos durante el periodo electoral.

Legislativo

El 57% quiere que se vayan: la encuesta más incómoda para Milei en la semana de la Ley de Propiedad Privada

Mientras el oficialismo celebraba la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, un estudio de Management & Fit publicado este viernes revelaba un dato incómodo: el 57% de los argentinos reclama un cambio total de gobierno y de políticas, y la desaprobación de Javier Milei trepó al 58,6%.

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El 57% pide un cambio total: la encuesta que el Gobierno prefiere ignorar.

El Senado debatió, el oficialismo festejó, la oposición negoció sus propias concesiones y cada espacio construyó su relato sobre la sesión de la semana pasada. Pero afuera del Congreso, lejos de los palcos y las unidades básicas, la ciudadanía miraba desde otro lugar. Una encuesta de Management & Fit, realizada entre el 20 y el 31 de julio sobre 2.600 casos, lo deja en claro con números que no admiten demasiadas interpretaciones alternativas.

El 57% pide un cambio de fondo

El dato central del relevamiento es contundente: el 57% de los consultados considera que el país necesita un cambio total, tanto de gobierno como de las políticas que se vienen aplicando. No una corrección de rumbo, no un ajuste de gabinete; cambio total. La demanda de continuidad, en ese escenario, queda como posición minoritaria.

La evaluación de la gestión de Javier Milei acompaña esa tendencia con la misma contundencia. La desaprobación alcanza el 58,6%, más de 21 puntos por encima de la aprobación, que se ubica en 37,1%. A su vez, la imagen negativa del Presidente llega al 53,5%, mientras que la positiva se mantiene en 30,6%. El margen es amplio y, según el propio informe, no responde a una coyuntura puntual sino a una acumulación de malestar económico sostenido.

La economía, el verdadero termómetro

El deterioro de la imagen del Gobierno tiene una explicación concreta que la encuesta detalla con precisión. Más del 70% de las respuestas espontáneas están vinculadas con problemas económicos. La dificultad para llegar a fin de mes concentra el 24% de las menciones; los bajos ingresos, el 20,4%. No son datos abstractos: son las coordenadas de la vida cotidiana de millones de personas que padecen el ajuste en el bolsillo, en la góndola, en la factura del gas.

Al analizar los principales problemas del país, la inflación y el aumento de precios y tarifas aparecen primeros con el 22,4%, seguidos por la corrupción (17,9%), la desocupación (17,6%) y la pobreza (16,2%). Un ranking que desmiente el relato oficial sobre la desaceleración inflacionaria como señal de recuperación: para la mayoría, la baja del índice mensual no se traduce en alivio real.

El escepticismo también alcanza a las perspectivas de mediano plazo. El 40,4% cree que la recuperación económica recién podría llegar dentro de más de un año, lo que proyecta el malestar bastante más allá del ciclo electoral de 2027. Incluso entre quienes todavía apoyan al Gobierno aparece una demanda creciente de cambios en la política económica y en las medidas vinculadas al empleo.

Santilli: el fichaje que no convenció a nadie

La encuesta también midió el impacto de la incorporación de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, uno de los movimientos políticos que el Gobierno presentó como señal de apertura y refuerzo de la gestión. Los resultados son, cuanto menos, desalentadores para el oficialismo: el 30,6% considera que el nombramiento no tendrá ningún impacto y otro 23% cree que será directamente negativo para el Gobierno. Solo el 27,9% estima que la incorporación podría tener un efecto favorable.

El dato instala una pregunta que el Gobierno parecía haber evitado con el cambio de Jefatura: si la apuesta a Santilli no logró mover la aguja en la percepción pública, ¿con qué fichas se juega en el tramo final antes de las legislativas de octubre? La respuesta, por ahora, no aparece en los discursos oficiales ni en las cadenas nacionales.

Dos agendas que no se tocan

El contraste que revela la encuesta es, en sí mismo, un fenómeno político relevante. Mientras la dirigencia, tanto el oficialismo como buena parte de la oposición, concentró semanas de energía parlamentaria en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la sociedad señala que sus prioridades están en otro lado: en el salario, en el precio de la canasta, en la posibilidad de llegar a fin de mes. La distancia entre la agenda del poder y la agenda del pueblo no es nueva, pero estos números la vuelven a medir con claridad.

No es la primera vez que las encuestas marcan esta brecha en lo que va del gobierno libertario. En estudios anteriores, distintas consultoras habían registrado niveles similares de desaprobación y demanda de cambio. Lo que agrega esta medición es el contexto preciso: la sociedad le pasó factura al Gobierno exactamente en el momento en que el Senado aprobaba una ley que, para la mayoría, no es la que más urge.

Puntos clave

  • El 57% de los argentinos reclama un cambio total de gobierno y de políticas, según Management & Fit (julio 2026, 2.600 casos).
  • La desaprobación de Milei alcanza el 58,6%, con imagen negativa del 53,5%.
  • Más del 70% de las preocupaciones espontáneas son de índole económica; inflación y tarifas lideran con 22,4%.
  • El 40,4% no espera recuperación económica en el corto plazo: cree que llegará recién dentro de más de un año.
  • La incorporación de Diego Santilli a Jefatura de Gabinete no generó impacto positivo en la opinión pública: el 53,6% la evalúa como neutra o negativa.
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