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Pedofilia: suspenden a la funcionaria judicial que habló con Kiczka cuando estaba prófugo

Con las pruebas recolectadas, la presidenta del STJ, Rosanna Pia Venchiarutti, ordenó la suspensión de Dalmaroni durante 30 días.

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Lo que tenés que saber

  • Carla Dalmaroni, empleada del Juzgado de Paz de Apóstoles, fue suspendida por mantener contacto con Germán Kiczka, ex diputado imputado por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
  • La funcionaria es esposa del abogado defensor de los hermanos Kiczka.
  • Se realizaron allanamientos en la casa de los suegros del ex legislador, donde se encontraron dispositivos electrónicos y mensajes comprometedores.
  • El juez Miguel Ángel Faria informó que Dalmaroni tuvo al menos cinco conversaciones con Kiczka durante su fuga.
  • La presidenta del STJ, Rosanna Pia Venchiarutti, ordenó su suspensión por 30 días.

Conversaciones comprometedoras

La División Cibercrimen de la Policía de Misiones llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de los suegros de Germán Kiczka. Durante el procedimiento, se confiscaron cuatro teléfonos celulares, dos netbooks, una CPU y un disco rígido. Las investigaciones revelaron que Dalmaroni mantuvo contacto con Kiczka, lo que llevó a las autoridades a realizar el operativo.

Según un informe presentado por el juez Miguel Ángel Faria al Superior Tribunal de Justicia, la funcionaria judicial realizó al menos cinco llamadas al ex legislador durante el tiempo en que este se encontraba prófugo. La primera de estas comunicaciones ocurrió el 22 de agosto, a las 21:40, y duró alrededor de 10 minutos y 33 segundos, ya con una orden de detención en su contra. Otras cuatro llamadas se registraron el 28 de agosto en un rango horario similar.

Revelaciones en los mensajes

Los detalles de estas conversaciones surgieron tras un análisis realizado por personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas. En los chats, Dalmaroni le pidió a Kiczka que se deshiciera de una notebook que podría contener material comprometedor: “Lo único que te voy a pedir es que la notebook que está en la casa, la marrón, hay que deshacerse. Puede haber material viejo, no sea cosa que un día caigan a casa o algo”. Luego añadió: “Rompela o la llevamos a lo de Clarita o no sé”. Kiczka respondió: “Ok china, pero yo tengo fueros, no pueden entrar a mi casa de ninguna forma, no hay juez que pueda. Pero si te deja más tranquila, la tiro. A mí no me pueden investigar”.

En la conversación también se abordó la necesidad de deshacerse de otra computadora: “Qué sabés si Noelia no contó que hay una compu en el piso de casa. Pueden investigar y esa compu está muy a la vista, y el aparato ese que tiene las fotos también. Vamos a meter en una bolsa y llevamos a lo de mi mamá. Estoy ordenando un poco acá».

Consecuencias laborales

Ante la gravedad de la situación y las evidencias recolectadas, Rosanna Pia Venchiarutti, presidenta del STJ, tomó la decisión de suspender a Dalmaroni durante 30 días. Este caso destaca la preocupación sobre la integridad y la ética en el ámbito judicial, especialmente en contextos de delitos graves como el que involucra a Kiczka.

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Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado

Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.

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El Argentino Diario-Pity Álvarez.

El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.

El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.

Cuatro disparos y ninguna agresión previa

Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.

Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.

El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.

Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.

Una pena en la mitad de la escala

El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.

La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.

El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.

Lo que tenés que saber:

  • El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
  • Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
  • Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
  • La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
  • La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
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