De 2.591 revisiones de licencias médicas realizadas en 2025, el Gobierno porteño tuvo que admitir que 1.843 habían sido rechazadas por error, según datos oficiales. Ese es el telón de fondo con el que los docentes de la Ciudad de Buenos Aires reciben ahora una nueva convocatoria: dos operativos de evaluación médica que los gremios leen como otra herramienta de presión sobre quienes enseñan.

La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco de la gestión de Jorge Macri, dará inicio a dos operativos de evaluación médica dirigidos a docentes de establecimientos de gestión estatal, según una resolución ministerial enviada a todos los docentes porteños. El documento sostiene que el propósito es facilitar la regularización de los aptos médicos psicofísicos pendientes y promover la detección temprana de posibles afecciones. La medida alcanza a quienes, de acuerdo con los registros disponibles, no cuentan con el apto correspondiente, y serán convocados a una evaluación médica completa mediante turnos individuales.

Prevención o control: la duda de los gremios

Desde los sindicatos docentes coinciden en que los operativos no constituyen una política de prevención sino otro acto persecutorio contra los trabajadores de la educación. Su argumento se apoya en las restricciones que, según denuncian, el Gobierno porteño aplica de manera sostenida para el acceso a las licencias médicas.

Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE, de la CTERA), expresó su preocupación por el contexto en que se implementan los operativos: “una política del Gobierno de la Ciudad que viene avanzando sobre los derechos de las y los docentes en materia de salud laboral con el levantamiento de tareas pasivas y el rechazo de licencias médicas”. El dirigente se preguntó si se trata de una verdadera política de cuidado de la salud o de “nuevas herramientas de control sobre las condiciones laborales de los trabajadores”.

“El Estado debe garantizar políticas integrales de salud laboral pero estas políticas no pueden convertirse en mecanismos para restringir derechos, desconocer indicaciones médicas ni poner en riesgo la estabilidad laboral”, sostuvo Francisco, y agregó que la salud de quienes enseñan exige respetar las licencias, garantizar las tareas pasivas cuando corresponden y atender las condiciones de trabajo que agravan las enfermedades laborales.

Licencias en manos privadas y miles de rechazos revertidos

El reclamo gremial no surge de la nada. Las licencias médicas de la Ciudad son manejadas por una empresa privada, DIENTS, que el año pasado cobró más de $7.000 millones y que fue denunciada por administración fraudulenta. Los números oficiales indican que, de las 2.591 revisiones de 2025, el Gobierno debió reconocer que en 1.843 casos las licencias estaban mal rechazadas. Es decir, en la gran mayoría de los casos revisados el sistema había negado un derecho que luego tuvo que reconocer.

“Hipocresía total”: el planteo de Ademys

Sofía Bonder, del equipo de estudio de condiciones de trabajo de la asociación docente Ademys, calificó la medida como una hipocresía total y sostuvo que busca intimidar a los docentes con la posibilidad de perder su trabajo. Bonder enumeró un conjunto de situaciones que atraviesan los trabajadores: el descuento del presentismo, el rechazo de licencias médicas, las citaciones durante el reposo y el pedido de conectarse a un MIT mientras se está en cama con fiebre. “Ahora redobla la apuesta, revaluando de forma arbitraria a los docentes sin explicar el motivo ni tampoco el criterio, mientras aplica un régimen de presentismo forzoso”, afirmó.

La referente gremial recordó además que los docentes trabajan más de 50 horas semanales, incluido el trabajo no pago, en aulas sin recursos para la inclusión y con resistencia al cierre de grados, y subrayó que se trata de un gremio en el que más del 80% son mujeres. Según una encuesta que Ademys realizó en 2025, más del 75% del personal docente no se tomó licencia durante el año por miedo a que se la rechazaran.

A ese panorama Bonder sumó el estado de la obra social, que describió como totalmente vaciada, con más del 70% de los docentes obligado a recurrir a la atención médica privada. “Alertamos que esta medida puede ser persecutoria para reforzar este disciplinamiento”, concluyó.

Una política de cuidado que no convence a quienes la reciben

La resolución oficial habla de cuidado y prevención, pero los trabajadores a quienes está dirigida la leen desde su experiencia reciente con un esquema de licencias que, según los propios datos del Gobierno, rechazó de manera incorrecta la mayoría de los casos revisados en 2025. Mientras el Ejecutivo porteño no explique los criterios con los que se convocará a los docentes, la desconfianza gremial encuentra terreno fértil. Hasta el momento, los sindicatos señalan que la convocatoria no detalla el motivo de la nueva evaluación ni los parámetros que se aplicarán.

Lo que tenés que saber:

• El Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño lanzará dos operativos de evaluación médica para docentes de gestión estatal sin apto psicofísico registrado.
• La UTE y Ademys denuncian que la medida es persecutoria y se suma al rechazo de licencias y al presentismo forzoso.
• De 2.591 revisiones de licencias en 2025, el Gobierno admitió que 1.843 habían sido rechazadas por error, según datos oficiales.
• La empresa privada DIENTS, que administra las licencias, cobró más de $7.000 millones el año pasado y fue denunciada por administración fraudulenta.
• Una encuesta de Ademys de 2025 reveló que más del 75% de los docentes no se tomó licencia por miedo a que se la rechazaran.