Lo que tenés que saber

• Sergio Neiffert y Diego Kravetz fueron denunciados por abuso de autoridad.
• El Plan de Inteligencia Nacional permite vigilar a sectores sociales y críticos.
• Se cuestiona la legalidad de una orden secreta vinculada al monitoreo público.
• El seguimiento incluye expresiones ideológicas, redes sociales y protestas.
• Organismos de derechos humanos podrían estar dentro de los objetivos de vigilancia.

Denuncian penalmente a la SIDE por tareas de inteligencia prohibidas

Una denuncia penal fue presentada contra Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y Diego Kravetz, director general de Operaciones del organismo. La acusación señala responsabilidades en la creación y puesta en marcha de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y de una orden secreta que permitirían actividades de vigilancia consideradas ilegales.

El foco está en los contenidos del PIN, que habilita a “identificar y monitorear” a “grupos sociales vulnerables” y a actores con capacidad de “capitalizar la creciente polarización política para expandir su influencia”. Este tipo de definiciones abren el camino a tareas de seguimiento sobre expresiones sociales y políticas en medios y plataformas digitales.

Seguimiento de la conversación pública y monitoreo político

Parte significativa de las acciones definidas en el PIN se orienta a observar “la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales”. Se identifica como amenaza cualquier expresión que “promuevan la conflictividad” o que “erosionen la confianza en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país”.

El alcance de estas tareas incluye actores sociales bajo categorías amplias y sin precisiones: “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”. También se incorpora a quienes “manipulen la percepción” o “promocionen la fragmentación social”. Las decisiones sobre quién representa una amenaza quedarán a criterio de funcionarios de la SIDE.

Ámbitos alcanzados por la inteligencia y riesgos de vigilancia ideológica

De acuerdo con la denuncia, el PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, que derivan en “Objetivos Particulares de Inteligencia” y luego en “Necesidades de Inteligencia”.

En ese marco, el Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3 plantea vigilancia sobre actividades políticas o sociales consideradas amenazas. “Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas.”

Otro foco está en el Objetivo Particular de Inteligencia 6, que menciona los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional”. Según la denuncia, “allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos”.

Expresiones políticas, ambientales e indígenas como blanco del PIN

El texto del PIN también define al “terrorismo anarquista” como un objetivo de vigilancia. Según se detalla, “expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia”.

A esto se suma un seguimiento específico de la “conflictividad socioambiental”, el activismo ambientalista y las comunidades indígenas. El documento señala a actores que interfieran con la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos estratégicos como sujetos de interés. Además, incorpora “el seguimiento de instancias internacionales” vinculadas a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”.

Según lo denunciado, quienes “promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista” son definidos como actores “adversos al interés nacional”.

Pedido judicial para investigar posibles acciones ya ejecutadas

La denuncia solicita que se investigue si ya se aplicaron acciones concretas bajo esta orden secreta y el PIN. Además, apunta a establecer si se violó la Ley de Inteligencia Nacional N.º 25.520, que prohíbe la vigilancia política y exige control judicial para tareas sobre personas o grupos.

“Está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.”