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Alberto pidió por «un desarrollo equilibrado» sobre la base de un intercambio comercial «justo y equitativo, basado en el respeto mutuo»
Alberto Fernández pronunció estos conceptos al hablar en la apertura de la III Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en el Edificio Europa en Bruselas (Bélgica).
El presidente Alberto Fernández planteó hoy la necesidad de que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) vayan hacia un acuerdo de asociación que garantice «un desarrollo equilibrado» sobre la base de un intercambio comercial «justo y equitativo, basado en el respeto mutuo».
Alberto Fernández pronunció estos conceptos al hablar en la apertura de la III Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en el Edificio Europa en Bruselas (Bélgica).
Allí, Fernández -quien habló en su carácter de expresidente pro tempore de la Celac- afirmó que «América Latina y el Caribe es una región marcada por profundas brechas socioeconómicas, donde millones de personas enfrentan la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos».
«Nuestro objetivo primordial pasa por afianzar la integración latinoamericana y caribeña», indicó el mandatario argentino, y recordó que la pandemia de Covid-19 «demostró la importancia de la solidaridad» entre las naciones de esa región.
Además, puso en valor a la Celac «como mecanismo de diálogo y concertación política, en un contexto en que las instituciones multilaterales fueron puestas a prueba por una crisis sin precedentes».
Durante su presidencia pro tempore de la Celac, Fernández reseñó que promovió «el relanzamiento del diálogo con la Unión Europea, celebrando en octubre de 2022 la Tercera Reunión de Cancilleres de ambos bloques» en donde se aprobó «la hoja de ruta que pavimentó el camino» que «condujo hasta el encuentro de hoy».
Indicó que «como el resto del mundo» América Latina y el Caribe debió «enfrentar una crisis en cadena que ha determinado efectos perniciosos» sobre sus sociedades, que «se traducen en un incremento de la inseguridad energética y alimentaria y en un empeoramiento de los principales indicadores sociales».
El jefe de Estado se refirió, entonces, a los condicionamientos que el fuerte endeudamiento externo heredado del gobierno de Mauricio Macri impuso a la Argentina para enfrentar la crisis global.
Dijo que en el caso de la Argentina «a esa crisis en cascada se sumó al efecto negativo generado por una deuda con el Fondo Monetario Internacional» que su
gobierno «jamás hubiera asumido, pero que afronta con mucho esfuerzo y profunda responsabilidad».
Y advirtió: «Todos deben saber que estamos convencidos de que ninguna reestructuración de deuda puede marginar a los empobrecidos, ni postergar los sueños ni el futuro de un país».
Remarcó que el problema de la deuda externa «también atormenta a muchos países hermanos», para luego señalar que «América Latina y el Caribe es la región más endeudada del mundo en desarrollo», con un promedio del «77% del Producto Bruto regional» comprometido al pago a acreedores.
En otro tramo de su discurso, el presidente argentino evaluó que el «acto de asociación» entre los países de la Celac y la UE «supone la existencia de partes que se entienden en la búsqueda de un desarrollo equilibrado» que exige que ambas «se beneficien en el acuerdo», y advirtió que cuando solo lo hace una sola «deja de ser un acuerdo y empieza a parecerse a una estafa».
«Nuestras regiones deben promover un comercio justo y equitativo, basado en el respeto mutuo», se dirigió Fernández a los mandatarios europeos.
Precisamente sobre Europa reconoció «valores compartidos» y enumeró que «la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades individuales, la democracia y el estado de derecho son aspectos centrales».
«Para dar sustento a estos valores y construir sociedades más justas, debemos promover políticas inclusivas que garanticen el acceso igualitario a la educación, la salud, el empleo digno y la protección social», indicó.
Y agregó: «Es responsabilidad de nuestros gobiernos trabajar en conjunto para garantizar que nadie quede al margen de la sociedad y atrapado en el pozo de la pobreza».
El mandatario recordó que «este año Argentina celebra los 40 años del restablecimiento de la democracia», y ratificó el compromiso del gobierno argentino «con la promoción y protección de los derechos humanos como una política de Estado, lo que constituye una parte indisoluble» de la identidad del país.
También habló del impacto del cambio climático como «otro de los temas prioritarios» de la agenda común entre ambas regiones y refirió que «las consecuencias del calentamiento global están afectando de manera desproporcionada» a las regiones expuestas a esos fenómenos extremos.
Fernández ejemplificó que la Argentina «está sufriendo los efectos de la peor sequía que la historia registra desde 1929».
«Lamentablemente, cada nación que compone nuestra Comunidad, de distintas maneras, se ha visto marcada por este flagelo», expresó.
«Europa sabe bien que somos proveedores de oxígeno que brindan nuestras selvas, nuestros bosques y nuestros montes; Europa y el norte desarrollado sabe bien que somos acreedores ambientales, aunque nunca hemos sido tratados de ese modo», puntualizó.
Y dijo que «resulta necesario que el mundo desarrollado cumpla con el compromiso asumido de proporcionar los recursos financieros necesarios» que permitan «desarrollar energías limpias y sustentables».
Sobre el cierre, Fernández recordó que su primera participación en una cumbre Celac-UE fue como jefe de Gabinete del expresidente Néstor Kirchner, el 12 de mayo de 2006 en Austria, mención que aprovechó para señalar las demoras en el avance de la integración birregional.
«Pasaron ocho años del último encuentro, no puede ser que no convirtamos este encuentro en un punto de inicio de acuerdo entre la Unión Europea y América Latina, al que creo que es posible, máxime que Jorge Luis Borges inspira a los europeos tantas veces», enfatizó tomando las alusiones al escritor argentino hechas antes en sus discursos por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y el presidente de España y titular del Consejo de la Unión Europea, Pedro Sánchez.
Sánchez citó una frase de Borges referida a «la extraña resolución de ser razonables» para vincularla a la idea de alcanzar acuerdos entre ambas regiones.
En la apertura de la sesión, Michel también había nombrado a Borges y luego agradeció al mandatario argentino y al presidente de San Vicente y Las Granadinas y titular de la Celac, Ralph Gonsalves «por su colaboración estrecha para fijar un escenario para realizar una cumbre exitosa».
Borges también fue invocado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que habló inmediatamente después que Fernández, y también sumó en su discurso al colombiano Gabriel García Márquez y al brasileño Vinicius de Moraes, sobre quien citó una frase con la que convocó a la integración: «Estamos destinados a estar juntos».
Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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