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Denuncia

El Gobierno profundiza la represión: SiPreBA alerta sobre ataques sistemáticos a la prensa

El sindicato de prensa denunció que las fuerzas de seguridad atacan deliberadamente a periodistas durante protestas, poniendo en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.

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Lo que tenés que saber

  • El gremio de prensa repudió la represión en la marcha de jubilados frente al Congreso, que dejó más de 100 detenidos.
  • El fotógrafo Pablo Grillo sufrió una herida grave en la cabeza por el impacto de un cartucho de gas.
  • Denuncian que las fuerzas de seguridad aplican un «ataque sistemático» contra periodistas en coberturas de protestas.
  • SiPreBA responsabilizó al gobierno de Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich por la violencia ejercida.
  • El sindicato recordó que ya hubo múltiples casos de represión a trabajadores de prensa desde la aplicación del protocolo antipiquetes.

Represión en la marcha de jubilados: SiPreBA denuncia agresión a la prensa

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un duro comunicado en el que repudió la represión ejercida por las fuerzas de seguridad nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires durante la movilización de jubilados en el Congreso. La represión dejó más de un centenar de detenidos y un saldo de periodistas agredidos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una grave herida en la cabeza tras el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.

SiPreBA destacó que Grillo se encontraba en la manifestación para documentar la jornada, que también contaba con la participación de hinchas de diversos clubes de fútbol. Sin embargo, “una hora antes del horario en el que estaba convocada la manifestación”, las fuerzas de seguridad desplegaron un “enorme y violentísimo operativo de seguridad montado por el gobierno para dispersar, reprimir y criminalizar la protesta”, señaló el gremio.

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Violencia estatal contra periodistas

El sindicato denunció que el operativo, dirigido por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, incluyó carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma. Según el comunicado, la jornada terminó con “palazos, detenciones al voleo en motos, autos prendidos fuego y una escalada de violencia desatada por el propio gobierno en los alrededores del Congreso”.

En este contexto, Grillo intentó registrar los hechos, tal como lo han hecho fotógrafos y fotógrafas a lo largo de la historia argentina para visibilizar la represión y la violencia institucional. Mientras realizaba su tarea periodística, fue impactado por un proyectil de gas, lo que lo dejó en estado crítico. “Estaba sacando una foto cuando un proyectil de gas lanzado por las fuerzas de seguridad lo impactó y lo hirió de modo tal que está en riesgo su vida”, denunció SiPreBA.

La protesta, un derecho vulnerado

El gremio subrayó que la labor periodística no debería poner en peligro la integridad de los trabajadores de prensa y recordó que la represión de manifestaciones atenta contra derechos constitucionales y normas internacionales. “La prensa no debería estar registrando la represión a la protesta porque es un derecho constitucional, protegido por las leyes internacionales y fundamental para la vida democrática”, afirmó la organización.

SiPreBA también reiteró que el gobierno de Javier Milei ha sido advertido en múltiples ocasiones sobre la necesidad de respetar la labor periodística y cesar la violencia contra manifestantes y trabajadores de prensa. “El gobierno de Milei tiene que dejar de reprimir a la protesta y a la prensa”, sentenció el comunicado.

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Periodistas heridos y antecedentes de represión

El gremio señaló que Grillo no fue el único periodista afectado durante la jornada. Hasta última hora del miércoles, al menos 15 trabajadores de prensa habían sufrido agresiones, impactos de balas de goma o ataques con gases lacrimógenos. Entre los heridos se encontraban representantes gremiales de SiPreBA.

“Seguramente con el pasar de los días sepamos que fueron más. Porque el operativo fue directamente una cacería”, lamentó la organización. El sindicato recordó que en febrero de 2024 ya se había denunciado la represión contra 50 trabajadores de prensa, y que en junio de ese mismo año, durante la movilización contra la Ley Bases, más de 30 manifestantes fueron detenidos y enviados a cárceles federales.

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Ataques sistemáticos contra la libertad de prensa

SiPreBA denunció que el gobierno de La Libertad Avanza mantiene una estrategia deliberada para atacar a la prensa y vulnerar la libertad de expresión. Según el gremio, existe un “ataque sistemático de las fuerzas de seguridad sobre los trabajadores de prensa en cada manifestación, protesta o movilización que les toca cubrir”.

El sindicato también recordó que ha presentado denuncias contra el protocolo antipiquetes impulsado por Bullrich, señalando que es una herramienta utilizada para justificar la represión y el silenciamiento de la protesta social. “El gobierno de Milei y Bullrich reprime y es responsable de sus consecuencias, mientras debería ser quien garantice el derecho a la protesta y el trabajo en prensa”, concluyó la organización.

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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