Libertad de expresión
Milei en la mira del Congreso: proyectos de repudio por ataques a periodistas
Legisladores exigen tratar iniciativas que cuestionan los dichos del presidente contra la prensa durante una extensa entrevista por streaming.
Lo que tenés que saber
- Diputados opositores impulsan resoluciones contra agravios presidenciales a periodistas.
- El presidente nombró y descalificó a comunicadores en una entrevista de 5 horas.
- Presentaron denuncias penales contra Pagni, Canosa y Lijalad.
- Exigen reactivar la Comisión de Libertad de Expresión y convocar a periodistas.
- La presidenta de esa comisión mostró apoyo a referentes libertarios.
Diputados reclaman tratar repudio a Milei por dichos contra periodistas
Diputados de diversos bloques solicitaron formalmente que la Cámara baja discuta con urgencia los recientes dichos del presidente Javier Milei, quien durante una extensa entrevista en el canal de streaming Carajo, conducido por el influencer libertario Daniel Parisini (conocido como “Gordo Dan”), dirigió insultos hacia periodistas con nombre y apellido.
La entrevista, de más de cinco horas de duración, incluyó expresiones como “infradotados”, “mandriles”, “ensobrados”, “lacra inmunda” y “prostitutas de los políticos”. Además, instó a su audiencia a que “si vos odias al político, al periodista ódialo más”.
Proyectos de resolución y denuncias judiciales
El bloque Democracia Para Siempre, representado por la diputada Marcela Coli, presentó un proyecto de resolución para expresar un “enérgico repudio” a las expresiones del presidente. La iniciativa fue acompañada por diputados de la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Coli sostuvo en los fundamentos: “Estas declaraciones constituyen una inadmisible estigmatización del ejercicio de la labor periodística y una amenaza directa al principio fundamental de la libertad de expresión”. También se citan informes de ADEPA, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras sobre la situación de la prensa en Argentina.
Desde Unión por la Patria también ingresaron un proyecto con tono similar, donde expresan: “Expresar su enérgico repudio a la sistemática campaña de descrédito, intimidación y persecución de la actividad periodística por parte del Presidente de la Nación Javier Milei y su equipo de comunicación, utilizando la investidura y recursos públicos contra columnistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación”.
El proyecto peronista incluye además el rechazo a las recientes denuncias judiciales interpuestas por el propio presidente contra Carlos Pagni (La Nación), Viviana Canosa (Canal 13) y Ari Lijalad (El Destape), en el marco de presuntas calumnias e injurias.
Pedido de sesión en la Comisión de Libertad de Expresión
Junto a la presentación del proyecto, Coli remitió una nota a María Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, pidiendo la convocatoria inmediata a una reunión para tratar el tema.
En el texto, la diputada señaló que “la Comisión se encuentra virtualmente paralizada, sin reuniones ni tratamiento de los múltiples proyectos que abordan los continuos ataques a la libertad de prensa”, y solicitó que se convoque a los periodistas mencionados por el presidente como expositores.
Mónica Frade (Coalición Cívica), Karina Banfi (UCR) y Esteban Paulon (Encuentro Federal), también respaldaron el pedido. “Esta situación no puede desvincularse del preocupante contexto actual, y exige tratamiento urgente en el ámbito parlamentario correspondiente”, expresa la carta enviada a la Comisión.
La presidenta de la comisión y su vínculo con el oficialismo libertario
María Emilia Orozco, diputada salteña de La Libertad Avanza y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, participó recientemente de un acto partidario junto a figuras influyentes del entorno libertario como Mariano Pérez, Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, Agustín Romo y Daniel Parisini.
El evento tuvo lugar una semana antes de las elecciones locales en Salta, y fue promocionado en redes sociales bajo consignas como “¡La Libertad avanza y no hay vuelta atrás!” y “¡Viva la libertad, carajo!”.
Durante la aparición en el streaming, el propio Milei hizo referencia a una supuesta lista de periodistas a encarcelar, ironía que fue celebrada por los participantes. “Es el Gordo Dan el que se hace cargo en redes de liderar, ironía mediante, el armado de una lista de periodistas que el Presidente debe meter presos”, se señala en el informe.
Orozco, en sintonía con la postura de los sectores más radicales del oficialismo, continúa al frente de una comisión históricamente relegada, pero que ahora cobra protagonismo en medio del conflicto entre el Ejecutivo y los medios de comunicación.
Judiciales ⚖️
Reclaman que Monteoliva explique la represión contra manifestantes y periodistas
El legislador socialista presentó un proyecto de resolución para que la ministra de Seguridad rinda cuentas ante la Cámara Baja por el violento operativo del 6 de agosto frente al Congreso, donde una fotógrafa sufrió fractura de cráneo tras recibir un palazo policial durante la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El diputado nacional por el Partido Socialista, Esteban Paulón, presentó este viernes un proyecto de resolución exigiendo que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, concurra a la Cámara de Diputados a dar explicaciones sobre el violento operativo desplegado por Gendarmería y la Policía Federal en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante el debate del Senado sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El pedido se formuló el mismo día en que trascendió que una fotógrafa sufrió una fractura de cráneo como consecuencia directa de un palazo policial recibido durante la represión del pasado jueves
El proyecto: cuatro preguntas que el Gobierno no quiere responder
«Monteoliva tiene que dar la cara. La represión de fuerzas de seguridad nacionales durante la sesión de inviolabilidad de propiedad privada no tiene ninguna justificación. La Ministra debe concurrir a Diputados a dar la cara. Hágase cargo de la violencia!«, publicó Paulón en su cuenta de X, donde también compartió el texto del proyecto presentado ante la cámara.
El documento exige que Monteoliva responda sobre cuatro ejes concretos: el operativo policial desplegado el 6 de agosto mientras el Senado debatía la controvertida ley; si existe alguna investigación interna sobre la represión que se desató durante más de dos horas contra manifestantes que, hasta ese momento, se encontraban en calma; si se procedió a la identificación de los agentes que efectuaron disparos directos contra trabajadores, periodistas, cronistas, camarógrafos y manifestantes; y el motivo por el cual los camiones hidrantes continuaron actuando a más de 500 metros del palacio legislativo cuando la concentración ya se dispersaba en total tranquilidad.
Una fotógrafa con fractura de cráneo: otro símbolo de la violencia estatal y el ataque a la libertad de prensa
El caso más grave documentado durante la represión fue el de una fotógrafa de prensa que recibió un palazo policial en la intersección de Avenida de Mayo y Lima. El periodista Ariel Zak alertó en vivo: «En Avenida de Mayo y Lima, una fotógrafa herida en la cabeza, sangrando. Hirieron en la cabeza a una fotógrafa».
La trabajadora de prensa, que en ese momento cubría profesionalmente la represión, recibió atención de primera mano de la doctora Mirta Romero, quien le practicó un vendaje por politraumatismo. Luego fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich, donde se confirmó la fractura de cráneo.
El caso condensa lo que organizaciones de derechos humanos y sindicatos de prensa vienen denunciando desde la llegada del régimen libertario: el uso deliberado de la fuerza contra periodistas como mecanismo de intimidación y control de la cobertura. Una fotógrafa en ejercicio de su función resultó con el cráneo fracturado en una democracia que el oficialismo define como modelo de respeto institucional.
La respuesta de Monteoliva: impunidad con retórica democrática
Lejos de reconocer los excesos, la ministra Monteoliva salió a defender el accionar de las fuerzas en sus redes sociales. «En la Argentina se puede manifestar en paz. Lo que no vamos a permitir es que la violencia sea utilizada para condicionar el funcionamiento de las instituciones y alterar el orden democrático. La democracia se defiende haciendo cumplir la ley y el orden. El que las hace, las paga», publicó en X.
La ministra también anunció que el Ministerio presentó una denuncia penal para identificar a quienes «destruyeron bienes públicos e intentaron impedir el funcionamiento del Congreso», apuntando incluso contra quienes «promovieron, organizaron e instigaron» los hechos. La narrativa oficial, que califica de «violencia» lo que decenas de testimonios y registros audiovisuales muestran como una protesta pacífica dispersada por la fuerza, contrasta brutalmente con la imagen de la fotógrafa ensangrentada en la vía pública.
El patrón es conocido: criminalizar la protesta para encubrir la represión. Mientras el Gobierno anuncia denuncias penales contra manifestantes, ningún agente que disparó contra periodistas o cargó con bastones contra civiles desarmados fue identificado públicamente ni apartado de sus funciones.
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