Judiciales ⚖️
Fiscalía pidió levantar el secreto bancario de Javier y Karina Milei
La investigación sobre la fallida criptomoneda $Libra da un nuevo giro: la justicia busca analizar la evolución patrimonial del presidente y su entorno.
Lo que tenés que saber
- El fiscal Eduardo Taiano pidió levantar el secreto bancario de Javier y Karina Milei.
- También requirió la medida para tres implicados más en el caso $Libra.
- La decisión final queda en manos de la jueza María Servini.
- La causa se inició tras un posteo de Milei sobre la criptomoneda en febrero.
- Juan Grabois es querellante y representa a tres inversores que denuncian estafa.
El fiscal Taiano avanza en el caso $Libra y apunta al entorno presidencial
El escándalo de la criptomoneda $Libra escala dentro del Poder Judicial. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó formalmente levantar el secreto bancario del presidente Javier Milei y de su hermana Karina Milei, quien además ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia. La causa investiga la supuesta estafa a inversores que habrían sido engañados por la promoción pública de este criptoactivo.
También incluyó en el pedido a Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Sergio Morales, todos investigados en el expediente.
El pedido fue formulado ante la jueza María Servini, quien tiene la responsabilidad de decidir si acepta o no el requerimiento del fiscal.
Qué se investiga en la causa $Libra
La causa se centra en la posible comisión de delitos vinculados con la promoción y lanzamiento de la criptomoneda $Libra. Las sospechas surgieron luego de que Milei publicara un mensaje en X (ex Twitter) el 14 de febrero, en el que hacía alusión a la moneda digital. A raíz de ese posteo, tres personas aseguran haberse sentido inducidas a invertir en un proyecto que terminó por fracasar, y presentaron la denuncia correspondiente.
El dirigente social Juan Grabois, querellante en representación de los damnificados, fue quien difundió el avance judicial desde su cuenta en redes sociales.
Evolución patrimonial en el foco
En marzo, Taiano había solicitado colaboración a la Secretaría para la Investigación Financiera y el recupero de activos ilícitos. Su objetivo era obtener datos sobre la evolución patrimonial de los involucrados desde el año 2023 hasta la actualidad.
Con esa información en mano, ahora busca profundizar la pesquisa con acceso a los movimientos bancarios, algo que podría aportar datos clave para determinar si existió enriquecimiento o movimientos financieros inusuales vinculados a $Libra.
El rol de Karina Milei y los otros acusados
Karina Milei no solo forma parte de la causa por su cercanía institucional con el presidente, sino que figura como una de las involucradas en el pedido del fiscal. Junto con los empresarios Godoy, Novelli y Morales, son señalados como presuntos responsables de formar parte de una maniobra de promoción engañosa o irregular.
Por el momento, ninguno de los acusados hizo declaraciones públicas tras este nuevo avance judicial.
Una causa que puede impactar en la política
El caso se transforma en un frente judicial incómodo para la Casa Rosada. Si bien no se trata aún de una acusación formal contra el presidente, el hecho de que se solicite acceso a sus cuentas bancarias tensiona el clima político, justo cuando el Gobierno busca consolidar reformas estructurales.
La jueza María Servini deberá decidir si aprueba el pedido de Taiano, lo que podría habilitar nuevas medidas de prueba para seguir el rastro financiero de todos los implicados.
Judiciales ⚖️
Denunciaron a Caputo y Bausili por el oro del Banco Central: investigan pérdidas por US$ 1.023 millones
Una presentación de Gregorio Dalbón apunta a esclarecer las operaciones financieras realizadas durante 2025 con las reservas de oro. El expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, mientras la acusación solicita investigar las decisiones y sus posibles consecuencias patrimoniales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados judicialmente por las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara resultados negativos por US$ 1.023 millones durante 2025.
La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La presentación busca que la Justicia determine cómo se tomaron las decisiones relacionadas con esas operaciones, quiénes intervinieron y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.
El planteo se apoya en el informe sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Las cifras consignadas corresponden a resultados negativos asociados con determinadas operaciones financieras y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidades penales.
Qué dice el informe de la AGN sobre el oro del Banco Central
El informe de la Auditoría General de la Nación identificó resultados negativos por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales durante 2025. Según los datos difundidos, el monto equivale a $1.469.155 millones.
El detalle presentado distingue dos componentes principales:
- US$ 960,2 millones: resultados negativos correspondientes a opciones financieras.
- US$ 62,8 millones: montos asociados con el pago de primas.
La información constituye el punto de partida de la denuncia impulsada por Dalbón, quien reclama esclarecer las condiciones en las que se realizaron las operaciones y las decisiones que determinaron sus resultados.
El objetivo de la presentación es que se analice la documentación correspondiente y se establezca si las operaciones respondieron a una justificación económica adecuada, qué riesgos involucraron y qué mecanismos de control se aplicaron.
Qué pidió Gregorio Dalbón en la denuncia contra Caputo y Bausili
En su presentación, el abogado planteó la necesidad de identificar a los funcionarios y responsables que participaron en el diseño, la autorización y la ejecución de las operaciones financieras.
Dalbón sostuvo: “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”.
A partir de ese planteo, solicitó que la investigación determine distintos aspectos de las operaciones:
- Quiénes tomaron las decisiones y quiénes las autorizaron.
- Qué actores diseñaron las estrategias financieras.
- Con qué contrapartes se realizaron las operaciones.
- Cuál fue la justificación económica de cada decisión.
- Qué riesgos financieros se asumieron.
- Qué controles se aplicaron durante el proceso.
- Si las operaciones ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado argentino.
La denuncia procura establecer esos elementos a partir de la documentación disponible y de las medidas que disponga la Justicia. La existencia de resultados contables negativos no implica, por sí misma, que se encuentre acreditada una conducta delictiva.
La causa quedó en manos de Ariel Lijo y Gerardo Pollicita
La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita tendrá intervención en el expediente.
En esta primera etapa, Dalbón buscó formalizar la denuncia, individualizar a las autoridades judiciales intervinientes y establecer el marco procesal para avanzar con el análisis de la documentación y las posibles responsabilidades.
El avance de la investigación dependerá de las medidas que adopten los funcionarios judiciales y de los elementos que se incorporen a la causa.
Entre los puntos planteados figura la necesidad de reconstruir el circuito de decisiones que condujo a las operaciones financieras y examinar los controles que existieron durante su implementación.
Cuándo ampliarán la denuncia por las operaciones con el oro
Dalbón anunció que ampliará la denuncia el martes 13 de octubre ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita. Según adelantó, incorporará nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan.
El abogado también anticipó que requerirá medidas urgentes para preservar pruebas vinculadas con las operaciones investigadas.
Al explicar ese pedido, advirtió: «Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley».
La ampliación buscará profundizar la documentación presentada inicialmente y avanzar sobre las decisiones que rodearon las operaciones con el oro del Banco Central.
Qué falta esclarecer sobre las operaciones del Banco Central
La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo se estructuraron las operaciones financieras, quiénes participaron en su autorización y ejecución, qué fundamentos económicos las respaldaron y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.
También deberá examinarse el alcance de los resultados negativos registrados por la AGN y su relación con las decisiones adoptadas durante el ejercicio 2025.
Por ahora, la presentación de Dalbón constituye una denuncia judicial y los señalamientos deberán ser evaluados en el marco del expediente. La eventual existencia de responsabilidades individuales dependerá de los elementos que se incorporen y de las conclusiones a las que llegue la Justicia.
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