Presidencia
Cristina recusó a Capuchetti por «dependencia» del Gobierno de Larreta
La defensa de la Vicepresidenta presentó ese pedido en el marco de la causa por el intento de magnicidio que sufrió el 1° de septiembre de 2022.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un pedido de recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa por el intento de magnicidio por considerar que la magistrada tiene «dependencia» del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.
«Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado«, señaló en relación a la cartera que condujo Marcelo D’Alessandro quien pidió licencia tras la filtración de sus escandalosos chats.
Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, que representan a la Vicepresidenta, sostuvieron que «el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de CABA«.
«Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana«, indicó el texto.
Y señaló: «Desde 2019, Capuchetti pasó de ser investigadora a ‘Investigadora Senior’ (Resolución No. 62/ISSP/19). Luego, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución No. 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como ‘Investigadora Senior’ del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución No. 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más».
En la presentación se indicó que «participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo».
«Por otro lado -añadieron-, el Ministerio de Seguridad de la CABA tiene a su cargo a la policía de la Ciudad, que debería haber sido investigada en estas actuaciones (como lo fue la Policía Federal) pero respecto de la cual la jueza no dispuso una sola medida».
Los abogados afirmaron que «en pocas palabras, Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar» en la causa por el atentado.
Cristina ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como «irregularidades y arbitrariedades» cometidas «desde el primer día» de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1 de septiembre de 2022.
La presentación de la vicepresidenta tiene lugar en el marco de la causa caratulada «Sabag Montiel, Fernando s/ homicidio en grado de tentativa», que la tiene como querellante.
Islas Malvinas
Polémica por el RIGI: denuncian que una petrolera sancionada por operar en Malvinas recibió beneficios
El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó la participación de Harbour Energy en Southern Energy, un proyecto gasífero de Río Negro aprobado por el Gobierno. La compañía británica posee el 15% de la iniciativa, según la denuncia.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que la petrolera británica Harbour Energy participa de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pese a sus antecedentes vinculados con operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
Según planteó el legislador, la empresa posee el 15% de Southern Energy, una iniciativa destinada al desarrollo de actividades vinculadas con la producción y exportación de gas desde Río Negro.
El proyecto fue aprobado por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025.
Ferraro vinculó a Harbour Energy con una empresa sancionada
Uno de los principales puntos de la denuncia apunta a la identidad societaria de Harbour Energy.
Ferraro sostuvo que la compañía es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo la denominación Premier Oil PLC, nombre que fue modificado en 2021.
Según la denuncia del diputado, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 a través de una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
Las operaciones cuestionadas se desarrollaban en cercanías de las Islas Malvinas.
¿Qué es el RIGI?
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un esquema creado por el Gobierno argentino para promover inversiones de gran escala mediante un conjunto de beneficios y condiciones especiales.
En este caso, la controversia planteada por Ferraro se centra en que una empresa británica que, según su denuncia, mantiene un vínculo societario con una compañía previamente sancionada por actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la zona de Malvinas forme parte de un proyecto alcanzado por ese régimen.
El planteo apunta específicamente a la participación de Harbour Energy en Southern Energy.
La denuncia se conoció en medio de una nueva ofensiva por Malvinas
El cuestionamiento de Ferraro trascendió después de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
En ese contexto, el diputado puso bajo la lupa la situación de Harbour Energy y su participación en el proyecto gasífero de Río Negro.
La denuncia instala así un debate sobre la aplicación del régimen de inversiones y los antecedentes de empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas Malvinas.
Qué cuestiona el diputado Ferraro
El planteo de Ferraro se concentra en la participación accionaria de Harbour Energy en Southern Energy y en el vínculo que establece entre la actual compañía y la antigua Premier Oil.
Según su denuncia, Premier Oil fue sancionada por actividades de exploración realizadas sin autorización argentina y posteriormente cambió su denominación a Harbour Energy.
El legislador cuestiona que, pese a ese antecedente, la compañía participe actualmente de una iniciativa alcanzada por los beneficios del RIGI.
La denuncia se suma a la discusión política sobre las empresas que intervienen en actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas y sobre las condiciones bajo las cuales pueden participar de proyectos en territorio argentino.
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