Legislativo
La militancia del FdT acompaño el discurso del Presidente
A pesar de ser un día feriado de carnaval, la manifestación mostró un apreciable marco de asistencia por parte de los militantes del FdT, que siguieron las palabras del jefe de Estado a través de las pantallas gigantes montadas en la Plaza Congreso.
Militantes del Frente de Todos (FdT), de varios sindicatos y de los movimientos populares cercanos al oficialismo se movilizaron este martes en las inmediaciones del Congreso nacional y respaldaron el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa con marcados aplausos, especialmente cuando el mandatario aseveró que el acuerdo que el Gobierno alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) excluye la sanción de una reforma laboral.
A pesar de ser un día feriado de carnaval, la manifestación mostró un apreciable marco de asistencia por parte de los militantes del FdT, que siguieron las palabras del jefe de Estado a través de las pantallas gigantes montadas en la Plaza Congreso.
El fervor de la militancia le aportó a esta concentración el típico color de la liturgia justicialista que se hizo presente en la apertura del 140° periodo de sesiones ordinarias del Poder Legislativo Nacional.
El sonar de los bombos y trompetas de los diferentes grupos que estuvieron frente al palacio legislativo tuvo su pico máximo cuando Alberto Fernández remarcó que el entendimiento con el FMI no implica «una reforma laboral”.
“Los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio. A esas críticas les contesto: No queremos más ajustes”, lo que provocó una cerrada ovación de los manifestantes.
Otro de los pasajes con mayor reconocimiento a la alocución de Fernández fue cuando se refirió a la economía popular y su inclusión a través de un “monotributo productivo”.
“Debemos facilitar que el Estado compre sus insumos y haga partícipes a las cooperativas de trabajo en las pequeñas obras públicas que el Estado realiza. Es necesario impulsar su inclusión a través de un monotributo productivo que simplifique su formalización”, apuntó.
En ese sentido, agregó: “La economía popular puede colaborar con la producción y abastecimiento local y regional de alimentos necesarios para la vida comunitaria en el interior de nuestra Patria”.
Las columnas de los movimientos populares como el Movimiento Evita también dieron muestra de conformidad cuando el presidente expresó: “Avanzaremos en convertir los planes sociales en empleo formal recurriendo a la formación en oficios, capacitación y fomento de la terminalidad educativa, mediante la registración de la economía popular”.
A diferencia de los aplausos a Fernández, el expresidente Mauricio Macri acumuló silbidos y abucheos, cada vez que el mandatario mencionó al fundador del PRO.
Al finalizar, fue el turno formal de la vicepresidenta Cristina Kirchner de cerrar la Asamblea Legislativa, cuya intervención provocó otro estruendoso aplauso por parte de la militancia.
Minutos antes de las 10, las primeras filas de militantes del FdT comenzaron a ocupar los distintos sectores de la Plaza de los dos Congresos, frente al edificio legislativo, con banderas y pancartas en apoyo a Alberto Fernández, en una jornada de soleada.
También las zonas aledañas se vistieron con las banderas con los nombres de varios ministros, entre ellos, Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas); y líderes territoriales del conurbano bonaerense como el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
Entre los movimientos populares, asistieron nutridas columnas de militantes del Movimiento Evita, Barrios de Pie, CTD- Aníbal Verón, MUP, OLP, Octubres, Frente 22 de Agosto, Coordinadora 25 de Mayo, Vía Campesina y MP La resistencia.
Con sus típicos bombos, banderas y remeras de sus sindicatos, los trabajadores de cada gremio fueron arribando a la plaza y ubicándose lo más próximo al Parlamento.
Entre las columnas gremiales, se destacaron la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Obras Sanitarias; trabajadores de televisión (Satsaid); conductores de taxi; Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público (Sutep).
Frente al Congreso se instaló una gran pantalla led que transmitió el discurso del mandatario y que, desde horas antes, comenzó a pasar música con una marcha peronista remixada.
Los manifestantes, en tanto, portaban carteles con leyendas tales como «Macri, qué hiciste con la guita del FMI»; «que la deuda la paguen los que la fugaron»; y «queremos estaciones de tren llenas de gente. Queremos un país federal».
El apoyo al presidente también se trasladó desde las calles a las redes sociales por una iniciativa que lanzó el Partido Justicialista (PJ) nacional con el hastag #AlbertoEnElCongreso, «acompañamos a Alberto en la Plaza y en las redes», junto con la imagen de la vicepresidenta.
Desde las 7, estuvieron cortadas al tránsito las zonas aledañas al Congreso y los servicios públicos estuvieron reducidos, por lo que los simpatizantes del FdT que no pertenecen a ningún sindicato ni espacio político, arribaron a la plaza luego de caminar varias cuadras en familia y en medio de un clima festivo.
«Venimos a bancar a Alberto. Le tocó un tiempo muy fea de pandemia (de coronavirus) y una deuda que nos condiciona», señaló a Télam un hombre del barrio de Caballito que se acercó al frente del Parlamento junto a sus hijos.
Otra de las asistentes mostró el agotamiento por caminar tantas cuadras para llegar a la Plaza de Dos Congreso: «Me cansé de caminar. Es feriado, pero todo sea por Alberto, si no, ni vengo».
Investigación 🔬
Tres pedidos de juicio político contra la jueza que frenó la ley penal juvenil
Las presentaciones contra Marta Pascual fueron firmadas por Manuel Passaglia, Guillermo Montenegro y Alfredo Drocchi, luego de la cautelar que suspendió por 60 días el nuevo régimen penal juvenil en la provincia.
La suspensión por 60 días de la Ley Nacional 27.801 abrió un nuevo frente institucional en la provincia de Buenos Aires: tres sectores presentaron pedidos de juicio político contra la jueza que dictó la medida cautelar.
Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, frenó preventivamente la aplicación del nuevo régimen en todo el territorio bonaerense. Las presentaciones fueron impulsadas por el diputado provincial Manuel Passaglia, de Hechos, el senador Guillermo Montenegro, del PRO, y el abogado Alfredo Drocchi.
La cautelar que disparó las presentaciones
La resolución fue dictada el 7 de septiembre en la causa “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”. Pascual suspendió la aplicación de la Ley Nacional 27.801, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La magistrada también convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10. Funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles prevén para implementar el nuevo régimen.
La norma había sido sancionada en febrero por iniciativa del Gobierno nacional y contemplaba un período de transición de 180 días para que las jurisdicciones adaptaran sus estructuras destinadas al alojamiento de adolescentes.
Los argumentos contra la jueza
Los pedidos ingresaron en la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento y plantearon un supuesto “mal desempeño en sus funciones”. Sus impulsores cuestionaron que una jueza de primera instancia suspendiera en toda la provincia una ley aprobada por el Congreso Nacional.
También objetaron el alcance de la cautelar y la fundamentación vinculada con las condiciones de los centros de alojamiento. La medida judicial se originó en un habeas corpus preventivo presentado para evitar que adolescentes fueran derivados a institutos que no cumplirían con estándares mínimos.
El miércoles anterior, la ONG Usina de la Justicia había denunciado penalmente a Pascual por supuesta “usurpación funcional y abuso de autoridad”. La entidad pidió además intervenir como amicus curiae en el expediente y calificó la resolución como “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho”.
Según la organización, la jueza construyó su decisión sobre “una hipótesis de futuro”, al advertir sobre un posible aumento de adolescentes detenidos y problemas de alojamiento.
Otro fallo expuso la tensión entre tribunales
El contrapunto judicial apareció en el conurbano oeste. El Juzgado de Garantías del Joven de Moreno-General Rodríguez, encabezado por la magistrada Mirta Guarino, desestimó el alcance de la medida cautelar y ratificó la vigencia de la normativa en su jurisdicción, según informó Agencia NA.
Para ese tribunal, la falta de recursos físicos, las deficiencias edilicias o las restricciones presupuestarias no constituyen razones jurídicas para suspender una ley. La resolución sostuvo que esas falencias obligan a los poderes Ejecutivo y Judicial a garantizar su cumplimiento.
El choque entre ambas decisiones dejó expuesta una disputa que excede la situación de una sola jueza. La implementación del régimen penal juvenil quedó atravesada por diferencias sobre los límites de la Justicia, las responsabilidades del Estado y la protección de los derechos de adolescentes.
La discusión política detrás del expediente
Después de la cautelar, sectores del oficialismo nacional y dirigentes bonaerenses apuntaron contra el gobernador Axe l Kicillof. La presentación de los tres pedidos de juicio político sumó una herramienta institucional a una disputa que ya había escalado en declaraciones públicas.
El expediente combina una discusión sobre la aplicación de una ley nacional con una pulseada política por el alcance de las decisiones judiciales. Los pedidos no implican la destitución de Pascual, sino el inicio de un trámite cuya continuidad deberá ser evaluada por los órganos competentes.
Lo que tenés que saber:
- Tres personas presentaron pedidos de juicio político contra Marta Pascual.
- La jueza suspendió por 60 días la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en la provincia de Buenos Aires.
- La norma baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
- El Juzgado de Garantías del Joven de Moreno-General Rodríguez rechazó el alcance de la cautelar en su jurisdicción.
- La ONG Usina de la Justicia denunció penalmente a Pascual por supuesta usurpación funcional y abuso de autoridad.
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