Más de 6 millones de argentinos no pueden pagar sus deudas con bancos, tarjetas y billeteras virtuales, y la respuesta que el oficialismo lleva al Congreso es, en esencia, un curso de educación financiera. El dictamen que La Libertad Avanza firmará junto al PRO y la UCR no toca las tasas, no ofrece refinanciación y no alivia en un solo peso la situación de quienes ya están en mora.

Este martes, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados será escenario de la firma de tres dictámenes sobre la morosidad familiar, que difieren de manera sustancial en su alcance. El texto oficialista, que se perfila como dictamen de mayoría, es articulado por la diputada nacional de LLA Silvana Giudici y por el presidente de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli. Enfrente, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica acordaron un proyecto común, mientras que el bloque Argentina Federal presentará un dictamen propio.

La receta oficial: advertencias y manuales

La iniciativa de LLA y sus aliados hace foco en la prevención, a través de un sistema de advertencias y programas de educación financiera. No contempla límites a las tasas que cobran bancos y billeteras electrónicas ni planes de reestructuración de deudas. Para el oficialismo, el problema no está en el costo del crédito sino en lo que los deudores supuestamente no saben.

«Te mandan a estudiar», resumió con ironía un diputado opositor al referirse al proyecto oficialista. La frase condensa la lógica de un gobierno que, fiel a su dogma de no intervenir en el mercado, traslada la responsabilidad del endeudamiento a las familias, aun cuando buena parte de esas deudas se contrajo para cubrir gastos básicos en un contexto de salarios pulverizados y tarifas disparadas.

Emergencia, topes y quita de punitorios

El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica propone una ley de emergencia por 180 días, prorrogable por un período igual, con instrumentos activos para quienes ya están atrapados en la mora. Establece un tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras, limita gastos y comisiones, y habilita planes de refinanciación de hasta 36 meses según el monto adeudado.

El punto más contundente es la eliminación del 100% de los intereses punitorios, con respeto del capital y de los intereses compensatorios. La propuesta no borra deudas: corta el mecanismo que las vuelve impagables.

La iniciativa también apunta a una de las prácticas más opacas del sistema: la disparidad de tasas que aplican las billeteras virtuales según el scoring de cada cliente. Para eso, otorga a Defensa del Consumidor la facultad de exigir la apertura del algoritmo que define esas condiciones, con el objetivo de transparentar prácticas que la oposición considera irregulares.

El programa de desendeudamiento de Herrera Ahuad

Argentina Federal, a través de Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, irá con un dictamen propio que guarda fuertes similitudes con el de la oposición. El texto se basa en el proyecto del ex gobernador misionero y actual jefe de bloque, que crea el Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal.

El instrumento permite unificar las deudas en una sola operación y pagarlas en cuotas a una tasa fija máxima del 35%, para beneficiarios cuyos ingresos fijos no superen los 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, prohíbe a las emisoras de tarjetas y a las entidades financieras no bancarias cobrar una Tasa Nominal Anual superior a 1,5 veces la que se paga por plazos fijos a 30 días para personas humanas. Es decir, ata el costo del crédito al rendimiento del ahorro y le pone un techo concreto a la usura.

Una crisis que el Gobierno no quiere ver

El debate llega en medio de un deterioro sin precedentes recientes. Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado con datos del Banco Central hasta mayo, la irregularidad de las familias con los bancos trepó al 12,3%, el nivel más alto desde la salida de la crisis de 2001, mientras que la mora con billeteras virtuales alcanzó un récord de 29,6% que superó incluso el pico de la pandemia. El mismo estudio indicó que la deuda familiar en situación de incumplimiento representa el 73% del saldo irregular del sector privado.

Detrás de esos números hay préstamos personales y consumos con tarjeta usados para llegar a fin de mes, en un escenario de caída del poder adquisitivo, aumento de la informalidad y despidos. Frente a esa realidad, el oficialismo elige enseñar a administrar un sueldo que no alcanza, en lugar de regular a quienes lucran con la desesperación de millones de hogares.

Lo que tenés que saber:

• LLA, el PRO y la UCR firmarán un dictamen centrado en advertencias y educación financiera, sin topes a las tasas ni refinanciación de deudas.
• Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica proponen una emergencia de 180 días, prorrogable, con topes a tasas, gastos y comisiones.
• El proyecto opositor elimina el 100% de los intereses punitorios y habilita refinanciaciones de hasta 36 meses.
• Argentina Federal propone unificar deudas con una tasa fija máxima del 35% y limitar la TNA de tarjetas a 1,5 veces la de plazos fijos.
• Más de 6 millones de personas se encuentran en mora con bancos y proveedores financieros no bancarios.