Por Silvia Rajcher y Silvina Angiono

El oficialismo buscará alcanzar este lunes un acuerdo con los bloques dialoguistas para sancionar esta semana el proyecto de ley de «Bases», que contempla una delegación de facultades al Poder Ejecutivo, una amplia reforma del Estado y la privatización de unas 40 empresas públicas.

La sesión especial no fue aun solicitada por La Libertad Avanza (LLA) porque aguarda las conversaciones que se efectuarán con los bloques que firmaron con disidencia el dictamen de mayoría, pero de todos modos mantiene su decisión de hacer el martes la reunión del plenario del cuerpo.

Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, procurará alcanzar mañana un acuerdo con los bloques del Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar del proyecto el paquete fiscal.

De esta manera no se tratarán los capítulos del dictamen de mayoría que establecían una aumento de las retenciones agropecuarias, un nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones desde abril, el blanqueo de capitales, los cambios en Impuesto a los Bienes Personales y la moratoria.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), y el de Córdoba, Martín Llaryora, y los legisladores de UCR, PRO, Hacemos e Innovación habían rechazado de plano el aumento de las retenciones agropecuarias y el nuevo mecanismo de ajuste de los haberes previsionales.

Los mandatarios de JxC mantuvieron ayer reuniones por Zoom y tendrán nuevos encuentros mañana para conciliar una postura con los bloques dialoguistas.

Tras esa decisión del Gobierno se abrirá mañana una nueva etapa de diálogo para lograr la sanción de esta iniciativa, cuyo debate estará centrado en la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en nueve materias, y las privatizaciones.

Por tratarse de la primera sesión que afrontará LLA en la Cámara de Diputados, y por la cantidad de temáticas que incluye la ley, el oficialismo debe aceitar la estrategia para conseguir, primero, los 129 votos que necesita para habilitar el quórum, y luego para lograr los respaldos para sancionar artículos clave de la ley.

En ese contexto, uno de los puntos centrales del dictamen de mayoría firmado por LLA, Pro, UCR, un sector de Hacemos e Innovación, y un diputado del bloque Independencia (ex UxP), establece que se declara la emergencia pública hasta diciembre del 2024 en nueve materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética, administrativa, previsional y de salud.

Otro de los planteos que podría ayudar a destrabar la situación y que contribuiría a alcanzar mayores acuerdos sería la posibilidad de acotar las delegaciones de facultades para que no abarque la emergencia en salud y previsional, y declarar sí la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, seguridad, tarifaria, energética y administrativa

Menem expresó ayer que es «optimista» sobre que el proyecto pueda aprobarse, aunque recordó que el bloque de LLA sigue siendo «minoría en la cámara de Diputados» por lo que «dependerá de la voluntad» de todos los legisladores.

«Nuestra intención como fuerza política es tratar la ley y trabajar lo antes posible», agregó.

En esa misma línea, el presidente del bloque de diputados de la LLA, Oscar Zago, consideró que el retiro del paquete fiscal del proyecto de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos «facilita y acorta la sesión del martes próximo, que iba a ser demasiado larga».

Por su parte, el presidente del Pro, Cristian Ritondo, dijo que esa fuerza política «está por los cambios en Argentina y está para sesionar el martes».

En el radicalismo la situación es mas complicada porque hay, al menos, una decena de legisladores -que responden a Martín Lousteau y Gerardo Morales- de los 34 que componen esa fuerza política que se oponen al proyecto, por lo cual será clave la reunión de bloque que mantendrán mañana.

También habrá que esperar cuál será la postura que tendrán Hacemos Coalición Federal e Innovación, que actúan como si fuera un interbloque y tienen 32 miembros, de los cuales seis de la Coalición Cívica tienen dictamen propio y lo mismo sucede con los dos socialistas y el Gen.

Al respecto, Llaryora abogó el último sábado por construir «una etapa de diálogo» en la cual «todos nos podamos sentar a la mesa», pidió «dejar de tomar medidas a las apuradas» y recalcó que se reunirá con los legisladores de su espacio el lunes para que la sanción del proyecto ‘Bases’ tenga un contenido que favorezca a Argentina.

En cambio, desde Unión por la Patria (UxP), el presidente del bloque, Germán Martínez, ratificó el rechazo al proyecto y dijo que el retiro del capitulo fiscal «es una derrota parlamentaria, pero también una trampa» ya que «el corazón» de la iniciativa «no cambió y tiene que ver con la delegación de las facultades extraordinarias» para el presidente Javier Milei.

Además de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el dictamen de mayoría contempla la privatización de unas 40 empresas, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y la reforma del Estado, donde se contemplan cambios en la estructura en la administración pública y un sistema de prescindibilidad de empleados públicos.

Sobre las privatizaciones, el despacho fija que en el caso de las empresas públicas Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.

En cuanto al FGS, el oficialismo propone que sus activos se transfieran al Tesoro Nacional y fija que para poder vender esas acciones haya un dictamen previo favorable emitido por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.

También se plantean diferencias entre el oficialismo y los bloques sobre el sistema de financiamiento de partidos políticos, ya que la nueva norma busca habilitar el aporte privado, que es rechazado por la UCR.

Otro punto esencial es que autoriza al Gobierno a realizar una reorganización de la administración pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la Justicia.

Además se dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.

Otro punto contempla que los empleados públicos que realicen protestas sufrirán el descuento en sus salarios.

El dictamen mantiene su propuesta para regular la protesta, al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de 30 personas en un espacio público, en lugar de las tres personas que establecía la iniciativa original.

También se mantiene la propuesta de permitir la legitima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.