Legislativo
Continúan las negociaciones en el Congreso por las presidencias de Diputados y el Senado
Definirán en los próximos días la correlación de fuerzas en ambas cámaras del Congreso a partir de agrupamientos y realineamientos.
Referentes políticos de los espacios con representación parlamentaria definirán en los próximos días la correlación de fuerzas en ambas cámaras del Congreso a partir de agrupamientos y realineamientos, y se resolverá también quiénes serán elegidos para ocupar la titularidad de Diputados y la presidencia provisional del Senado.
Para ese puesto del Senado, segundo en la línea de sucesión presidencial, es habitual que se elija a un senador de la bancada oficialista, en este caso, de La Libertad Avanza (LLA); aunque esa cuestión es eje de uno de los debates con el Frente de Todos (FdT), dado que es la primera vez que el bloque perteneciente al Poder Ejecutivo tiene pocas bancas (38 sobre 72 en Diputados, y 7 sobre 72 en el Senado).
En Diputados, los perfilados para ocupar la presidencia del cuerpo son Cristian Ritondo (PRO-Juntos por el Cambio) y Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense-Interbloque Federal): el primero impulsado por Mauricio Macri en virtud del acuerdo electoral que se tejió para el balotaje, y el segundo como resultado de la apertura de espacios para el oficialismo cordobés referenciado en el liderazgo del gobernador y excandidato presidencial, Juan Schiaretti.
Para definir el nombre hay tiempo hasta el jueves 7 de diciembre, cuando está prevista la sesión preparatoria en la que jurarán los 130 diputados elegidos en octubre y la elección de las cuatro autoridades de la Cámara, el presidente y los tres vices.
Si bien ambos candidatos mantienen la cautela, por lo bajo o con mensajes indirectos expresan sus puntos a favor: Ritondo pone sobre la mesa la cantidad de fiscales que aportó al escrutinio del balotaje para la boleta de Javier Milei y el número de diputados nacionales que acercaría en caso de estar al frente de un interbloque oficialista.
Randazzo, en tanto, apareció en los últimos días en una foto en redes sociales con el diputado nacional electo por LLA Ricardo Bussi (Tucumán), y sobre la que éste último escribió: «Quizás, futuro presidente de la Cámara Baja. Evaluamos la composición de la Cámara y las posibilidades ciertas de contar con el apoyo de diputados de fuera de nuestro espacio político. Serán importantes los consensos y los acuerdos para garantizar que cada promesa de campaña de Javier se cumpla a rajatabla».
A diferencia de Ritondo que, según fuentes de ese espacio, dice aportar al futuro oficialismo unos 40 diputados; Randazzo sólo sumaría a los cuatro o cinco integrantes de Córdoba Federal, ya que Natalia de la Sota se expresó abiertamente en contra de las políticas de Milei y para el balotaje militó la boleta de Sergio Massa.
Desde el FdT, que a priori contará con el mayor número de bancas de acuerdo a los resultados de octubre, prefieren «aguardar a que la LLA defina cuál será su volumen y su propuesta de candidato a presidir la Cámara».
La bancada que actualmente preside el santafesino Germán Martínez tendrá 105 diputados, y según confiaron algunos de sus integrantes en diálogo con la prensa parlamentaria, prefieren que «si existe el gesto de darle la presidencia al oficialismo, más allá del número de bancas, que al menos sea alguien del propio signo de Milei, es decir de LLA».
En esa hipótesis, los que aparecen como candidatos son el porteño Oscar Zago, el puntano Carlos D’Alessandro y el bonaerense Guillermo Montenegro; tres de los 38 diputados electos que estarán el lunes en la reunión que se llevará a cabo en el Hotel Libertador para intentar reforzar esta posición con el argumento de que «la sociedad» los «eligió» a ellos.
«Los candidatos a presidir no son solamente Randazzo y Ritondo, el lunes vamos a sentarnos y discutir quién será. Yo por supuesto que prefiero a alguien de La Libertad Avanza y estoy para hacerlo, soy uno de los que siempre expresé que veníamos trabajando con el presidente (por Milei) para eso», señaló Zago en declaraciones radiales.
Además, en el FdT aún no se zanjó el debate interno en el que algunos de sus integrantes plantean que «la presidencia debe quedar en manos de la fuerza más numerosa», es decir la propia; aunque importantes referentes de lo que fue Unión por la Patria (UxP) le bajaron el tono a esa postura.
La definición de quien sea el elegido para presidir la Cámara impactará directamente en el futuro del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), ya que la posibilidad de que sea Ritondo (respaldado por el sector mileista del PRO) aleja la posibilidad de que el resto de los integrantes se sumen a confluir como bancada oficialista: la UCR, Evolución, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y Miguel Pichetto, entre otros, quedarían en un nuevo espacio de entre 50 y 55 miembros.
En el caso de que el elegido sea Randazzo, JxC trabajaría para mantenerse unido en un interbloque de entre 92 y 95 diputados, con la promesa de un análisis ley por ley, aunque el número final dependería de qué cantidad de representantes de gobernadores decidan compartir la estrategia, en otro debate que se comenzará a zanjar el martes próximo.
Aun es una incógnita el papel que tendrá la Coalición Cívica luego de que su referente Elisa Carrió considerará que -a partir del acuerdo de Mauricio Macri con Milei- JxC «se rompió».
Fuera del FdT (105), JxC (92), LLA (38) y Córdoba Federal (6) -5 más Randazzo-; los restantes 16 miembros que conformarán la Cámara baja pertenecerán a la Izquierda (5); Frente misionero (4); Socialismo santafesino (2); Ser Santa Cruz (2); oficialismo neuquino (1); Juntos Somos Rio Negro (1) y Demócrata-San Luis (1).
En el Senado se sigue una serie de pasos institucionales, tal como indica el Reglamento de la Cámara: por lo pronto, la Comisión de Asuntos Constitucionales convocó a sus integrantes el próximo miércoles 29 de noviembre para la aprobación de los pliegos de los senadores electos en los comicios del 22 de octubre y que se integrarán formalmente al Poder Legislativo desde el 10 de diciembre.
De acuerdo con las normas, la jura de los nuevos legisladores se lleva a cabo el 29 de noviembre de cada año en el que se renueva la composición de la Cámara.
Pero fuentes del oficialismo habían dejado trascender que esa ceremonia se llevaría a cabo el martes 5 de diciembre y que ese mismo día los legisladores resolverán quiénes serán las autoridades del cuerpo durante los próximos dos años.
La presidencia provisional del Senado, actualmente, está en manos de la peronista santiagueña Claudia Ledesma, acompañada por la radical santafesina Carolina Losada en la vicepresidencia, el oficialista Maurice Closs en la vicepresidencia primera y la representante de PRO Guadalupe Tagliaferri como vicepresidenta segunda.
El presidente provisional del cuerpo está segundo en la línea de sucesión (detrás de la fórmula presidencial), por lo que es habitual que en ese cargo se elija a un senador de la bancada oficialista, en este caso, de LLA.
De hecho, con menos de 20 representantes, Cambiemos logró en 2015 mantener en su poder la presidencia provisional mediante un acuerdo con el entonces Frente para la Victoria (FpV).
Sin embargo, esa decisión no se había respetado tras las elecciones legislativas de 2001 durante el gobierno de la Alianza, que tuvo como presidente al radical Fernando De la Rúa: por entonces el peronismo resolvió quitarle la presidencia provisional al misionero radical Mario Losada para poner a un legislador de ese espacio político, Ramón Puerta.
Con la fragmentación de la oposición ante la virtual división de JxC, la bancada mayoritaria será la de UxP, con 33 legisladores, mientras que LLA, que será oficialismo desde el 10 de diciembre, tendrá 7 senadores.
Si, finalmente, Juntos se divide, lo haría respetando los tres bloques que integran esa bancada: UCR (13 senadores), Pro (6) y Cambio Federal (5).
Por fuera de las tres principales fuerzas quedan Unidad Federal (3) Por Santa Cruz (2), Frente Renovador de la Concordia (2) y Juntos Somos Río Negro (1).
CABA
“Ley y orden”: Jorge Macri apuesta a la “mano dura” para llegar al 2027
El jefe de Gobierno porteño envió a la Legislatura una reforma del Código Contravencional que sube multas, endurece penas y crea nuevas infracciones. Con el slogan «Ley y Orden», Jorge Macri replica el discurso punitivista de La Libertad Avanza en un movimiento que muchos leen como un reposicionamiento electoral de cara a los comicios del año próximo.
Hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes, multas de más de 58 millones de pesos por venta ilegal en el espacio público y sanciones superiores a los 7 millones por conducir alcoholizado. Esos son los ejes del proyecto de reforma del Código Contravencional que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, envió este miércoles a la Legislatura porteña.
La iniciativa modifica la Ley 1.472 (Código Contravencional) y la Ley 12 (de Procedimiento Contravencional), e introduce un paquete de cambios que incluye el aumento de multas, de las tareas de utilidad pública y de los días de arresto, la creación de nuevas contravenciones y la supresión de la condena en suspenso para adultos. La reforma también excluye la suspensión del proceso a prueba como solución alternativa para adultos y crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.
El discurso del orden y la escenografía electoral
La presentación del proyecto estuvo cargada de una retórica que resultó difícil de distinguir de la que suele escucharse en las conferencias de prensa de La Libertad Avanza. Bajo el slogan «Ley y Orden», Macri afirmó que «al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad».
La frase fue completada con otra de tono similar: «No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos». El lenguaje utilizado por el jefe de Gobierno, que apela a la distinción entre «ciudadanos de bien» y quienes rompen la ley, es una marca de estilo propia del movimiento libertario y de la derecha punitiva internacional, y su aparición en boca de un dirigente del PRO no es casual en el contexto de la disputa por el electorado conservador que se abrirá de cara a las elecciones de 2027.
Qué cambia: las nuevas sanciones y contravenciones
El proyecto establece un aumento significativo en las sanciones existentes y suma nuevas conductas sancionables. Para la conducción con alcohol en sangre, la reforma prevé una multa de entre 1.000 y 6.000 Unidades de Fomento (UF), equivalentes a más de 7 millones de pesos, con arresto de 5 a 30 días e inhabilitación de la licencia de conducir de 6 meses a 4 años. Para las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, la multa podría alcanzar las 50.000 UF, equivalentes a 58.654.000 pesos, frente al máximo actual que no supera los 15 millones.
En el caso de los ruidos molestos, las tareas de utilidad pública pasarían de un rango de 1 a 5 días al de 3 a 15 días, con multas de hasta 600 UF y la posibilidad de hasta 10 días de arresto. El texto agrava las sanciones para reincidentes con aumentos del 50% en la primera reincidencia, del 66,6% en la segunda y del 100% en la tercera.
Entre las nuevas contravenciones incorporadas se encuentran el seguimiento o acecho en la vía pública, la obtención de claves o credenciales mediante engaños digitales, la organización de compraventa informal masiva en el espacio público, la comercialización de datos personales, la portación de dispositivos de interferencia de señales y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte público. También se sanciona la suplantación de identidad de agentes de autoridad, el financiamiento de contravenciones reiteradas o de agrupaciones contraventoras, la portación o distribución de materiales aptos para disturbios y el entorpecimiento de sistemas de videovigilancia pública.
Adolescentes: un régimen diferenciado, pero con sanciones
La iniciativa también alcanza a adolescentes de entre 14 y 17 años, aunque a través de un régimen diferenciado que no replica el esquema de adultos. Para ese grupo se prevén medidas como amonestación formal, acompañamiento de equipos interdisciplinarios, programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral, reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y las aptitudes. El proyecto sostiene que su objetivo es la responsabilidad, la educación, la integración social y el interés del adolescente, aunque la incorporación de los menores en un proyecto de reforma marcadamente punitivista abre interrogantes sobre los criterios de aplicación y los mecanismos de garantía de derechos.
La lógica política detrás del paquete
La elección del momento para enviar esta reforma no es inocente. Con las elecciones legislativas de 2027 en el horizonte y el PRO intentando redefinir su lugar en el mapa político frente al avance de La Libertad Avanza sobre su propio electorado, el discurso del «orden» y la «mano dura» se convierte en una herramienta de reposicionamiento. Macri apuesta a que endurecer el Código Contravencional le permitirá capturar a un votante que en 2023 se inclinó por Milei, y que hoy observa con simpatía un discurso que equipara la presencia de vendedores ambulantes o trapitos con las «mafias» y los «violentos».
El riesgo de esa estrategia es doble. Por un lado, la reforma puede profundizar la criminalización de la pobreza y de sectores vulnerables que utilizan el espacio público como única fuente de ingresos ante la falta de empleo formal, una consecuencia que el proyecto no analiza ni previene. Por el otro, la imitación del estilo libertario puede no alcanzar para disputarle votos a LLA en su propio terreno, y en cambio acelerar la disolución de la identidad política del PRO como fuerza diferenciada.
Lo que tenés que saber:
- Jorge Macri envió a la Legislatura porteña una reforma integral del Código Contravencional que sube multas, endurece penas y crea nuevas infracciones.
- Las sanciones por conducción alcoholizada podrán superar los 7 millones de pesos, y por venta ilegal en la vía pública los 58 millones.
- Se eliminan la condena en suspenso y la suspensión del proceso a prueba para adultos, y se crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.
- El proyecto incorpora nuevas contravenciones como el acecho en la vía pública, la interferencia de señales y el entorpecimiento de sistemas de videovigilancia.
- El lenguaje punitivista utilizado por Macri imita el discurso de La Libertad Avanza en un movimiento que se lee como un reposicionamiento político de cara a las elecciones de 2027.
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