Legislativo
El Senado aprobó la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema
El proyecto de ley que amplía de cinco a quince el número de integrantes de la Corte fue girado a Diputados.
El Senado de la Nación aprobó y giró este jueves a la Cámara de Diputados un proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que amplía de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en tanto que establece una representación de, al menos, ocho integrantes del mismo sexo, durante una sesión especial en la que la oposición votó en contra.

Tras un debate de ocho horas, la iniciativa obtuvo 36 votos a favor y 33 rechazos, en tanto que hubo tres ausencias.
A favor de la reforma votaron los 34 representantes del Frente de Todos presentes (el misionero Maurice Closs se está recuperando de una afección de salud) y sus aliados: la riojana María Clara Vega, de Hay Futuro Argentina; y Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro.
En contra se pronunciaron los 32 integrantes de Juntos por el Cambio que estaban en el recinto (el cordobés Luis Juez estuvo ausente) y la oficialista puntana María Eugenia Catalfamo.
También estuvo ausente la representante de Córdoba Federal, Alejandra María Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti.
La legisladora de San Luis había anticipado en el debate su voto negativo, al criticar que se modifique el proyecto original para bajar el número de miembros de la Corte de 25 a 15.
“No estoy dispuesta a deslegitimar la palabra de los gobernadores que vinieron acá”, había dicho Catalfamo.
El proyecto original del oficialismo, presentado por los jefes de la bancada del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y que contaba con el apoyo de los gobernadores peronistas, establecía la ampliación a 25 del número de integrantes.
Esa iniciativa obtuvo dictamen de comisión el 29 de junio, pero no pudo ser debatida en el recinto porque el bloque mayoritario no tenía el número necesario.
En la última semana, el Frente de Todos aceptó bajar de 25 a 15 el número de integrantes de la Corte, lo que le valió el respaldo de dos de sus aliados, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana María Clara Vega; y de uno de sus integrantes, el puntano Adolfo Rodríguez Saá.
Los tres legisladores habían presentado proyectos vinculados a la composición de la Corte: Weretilneck, uno que dejaba en 16 el número de jueces; Rodríguez Saá, otro con nueve miembros; mientras que Vega sostenía la paridad de género.
No obstante, la letra del proyecto de ley aprobado esta noche no se conoció, oficialmente, hasta minutos antes de que finalice el debate en el recinto, ya que el Frente de Todos estuvo ajustando detalles hasta último momento.
Al comenzar la discusión, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el jujeño Guillermo Snopek dio un anticipo de lo que contendría el documento final cuando mencionó a los quince integrantes, así como la idea de la paridad de género.
Snopek, al abrir el debate, reconoció que “el número original generó discusiones internas que son propias de los debates” dentro de la bancada mayoritaria.
“Esta pluralidad generó que la integración sea con quince miembros y, en este efecto, establecer una paridad con ocho jueces o juezas que deben ser del mismo género”, anunció Snopek.
El neuquino Oscar Parrilli, en tanto, salió al cruce de la oposición y consideró que “es todo mentira” cuando desde JxC acusan al oficialismo de falta de diálogo y «que se impone siempre la mayoría”.
“Eso sirve solo para cuando algunos dirigentes de la oposición van a los medios de comunicación afines”, replicó.
Además, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales atribuyó la falta de acuerdo a que “hay dirigentes políticos opositores que le tienen miedo a (el expresidente Mauricio) Macri y a (el CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto, aunque digan que están dialogando con nosotros”.
En tanto, el formoseño Mayans reivindicó su apoyo a la ampliación de la Corte tras advertir la gravedad que significa para la democracia que «un poder se arrogue una superioridad sobre los otros dos poderes del Estado», que «es lo que está pasando en la República Argentina en estos momentos»
«Nadie puede negar que en el Gobierno anterior hubo una intención de persecución contra sindicalistas, políticos y empresarios y que se utilizó como herramienta a la justicia», añadió el jefe del interbloque oficialista, quien acusó a la Corte de tomar decisiones legislativas que no le corresponden.
Para Mayans, al declarar la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura 15 años después de recibir esa causa, el máximo tribunal puso en funcionamiento una ley que había sido derogada por el Congreso, lo que constituye -marcó- «un hecho gravísimo».
Por su parte, la senadora bonaerense Juliana Di Tullio se refirió a la actual composición de la Corte y calificó a los cuatro jueces que la componen como «muy débiles, vulnerables a los aprietes del poder económico, de independientes no tienen nada y de democráticos mucho menos».
Por la oposición, el porteño Martín Lousteau acusó al Frente de Todos de buscar “partidizar” el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.
“Si la van a politizar la Corte, menos confianza en la justicia van a generar”, sostuvo Lousteau.
El jefe del bloque radical, el fomoseño Luis Naidenoff, afirmó que “esta es una victoria pírrica” para el gobierno nacional y arriesgó que “lo que está marcando es el fin de ciclo”.
“La convocatoria al diálogo no sirve. ¿Pueden hablar de diálogo con este tratamiento? Si quieren ser serios, que este tema vuelva a comisión”, reclamó.
El debate tuvo un momento de distensión cuando el radical fueguino, Pablo Blanco, llevó un bolillero al recinto para señalar que, a cuatro horas de iniciada la sesión, todavía no se conocían detalles de las modificaciones que pensaban introducir al dictamen original.
Elecciones
Bullrich, la aliada incómoda: el ajuste en discapacidad agrieta el armado 2027
La senadora libertaria cuestionó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027 y en Casa Rosada ya temen una ruptura que fragmente a la derecha. El karinismo minimiza el riesgo, pero otras tribus del oficialismo admiten que hay que contenerla.
El recorte en discapacidad que el Gobierno de Javier Milei metió en el Presupuesto 2027 no solo golpea a miles de familias que dependen de esas prestaciones: también abrió una grieta en la propia coalición oficialista, que a menos de un año de las presidenciales ya hace cuentas sobre qué pasaría si Patricia Bullrich decide irse. En Casa Rosada reapareció un fantasma conocido: la fragmentación del electorado de centroderecha.
La protagonista es la senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, que en los últimos días se desmarcó públicamente del capítulo VI del proyecto presupuestario. Ese apartado, que abarca los artículos 36 a 41, plantea modificaciones y derogaciones sobre distintos puntos de la legislación vinculada con discapacidad, incluido el esquema con el que se fijan y actualizan los aranceles del sistema de prestaciones.
«Nadie dijo nada de esto»
La primera señal llegó cuando Bullrich admitió que desconocía los cambios. «Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz. El Presupuesto llegó con cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos», explicó en una entrevista con Radio Rivadavia. Días después subió el tono en el canal de noticias A24: «Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto».
En esa misma entrevista apuntó contra la cartera que conduce Luis «Toto» Caputo como responsable del envío del texto al Congreso y definió el episodio como «un error no forzado» que «te puede hacer perder el partido». Luego fue más lejos: «Si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles».
El cruce escaló cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que la senadora se había retirado antes de que la mesa política abordara el tema. Bullrich lo desmintió de plano: «Cuando se habló del Presupuesto yo estaba», afirmó, y agregó que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco conocía las modificaciones. «Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es», disparó, aunque aclaró que no pretende pelearse con nadie.
La crítica que no toca el ajuste
Conviene leer la letra chica del desmarque. Bullrich no cuestiona el rumbo económico: en sus intervenciones remarcó que el superávit fiscal y las metas de inflación son pilares no negociables del plan oficial, y sostuvo que el tema de discapacidad requiere una definición que no altere los objetivos fiscales de la administración libertaria. Su reproche no apunta al recorte en sí, sino al costo político de que la sociedad perciba al Gobierno como insensible.
La preocupación que la senadora expresa es, en esencia, electoral. «El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad», recordó, en referencia a las derrotas legislativas que sufrió el oficialismo. Para las personas con discapacidad y sus familias, lo que está en juego no es la imagen de un gobierno, sino el acceso a tratamientos, transporte y rehabilitación.
Las tribus libertarias y el temor a la ruptura
Si bien buena parte de la plana mayor del oficialismo cree que Bullrich repite un patrón conocido y no romperá con La Libertad Avanza, algunas voces del espacio siguen de cerca cada paso y plantean que el Gobierno debe esforzarse por retenerla. «El Gobierno tiene que impedirlo y tiene las herramientas para hacerlo», precisó una voz de una de las tribus libertarias, según trascendió.
El temor se alimenta de otro movimiento: el extitular de la Unión Cívica Radical Ernesto Sanz planteó la necesidad de impulsar un espacio opositor similar a Juntos por el Cambio. En el oficialismo le bajan el precio a la idea, pero reconocen que la ecuación cambiaría si la senadora se fuera. «Quieren poder darle cierto cuerpo a una potencial candidatura del PRO. Cuando hablan de Juntos por el Cambio es porque Sanz le sumaría ‘el tono radical’ para hablar de algo más amplio, pero no lo veo viable. Excepto que rompa Patricia», afirmó una fuente oficial.
En el karinismo, el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, descartan que la senadora tome distancia del partido al que se afilió en último término, aunque admiten que Bullrich se considera «una aliada» de la administración libertaria. «Es lógico. Ella ganó una PASO y fue candidata de otro espacio», la justifican. «Patricia es Patricia», resumió un funcionario del círculo íntimo de la hermana del Presidente.
Una candidatura en disputa
Con la reelección de Milei como objetivo declarado, toma fuerza la posibilidad de que Bullrich integre la fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta en 2027. La propia senadora lo dejó entrever sin nombrar al mandatario: «Es muy importante que el proyecto reelija». En su entorno evitan precisar a qué lugar de las listas aspira, pero anticipan que «hará lo necesario para que el peronismo no gane».
La escena revela la fragilidad de una coalición que se sostiene más por el espanto compartido que por un programa común. Mientras la interna libertaria discute lugares en las listas, el ajuste sobre los sectores más vulnerables sigue su curso en el Congreso.
Lo que tenés que saber:
- El capítulo VI del Presupuesto 2027 (artículos 36 a 41) modifica y deroga normas vinculadas con discapacidad.
- Bullrich admitió que desconocía esos cambios y los calificó como «un error no forzado».
- La senadora desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre el tratamiento del tema en la mesa política.
- Bullrich sostiene que el superávit fiscal y las metas de inflación no son negociables.
- En el oficialismo crece la posibilidad de que sea candidata a vicepresidenta en 2027, mientras Ernesto Sanz impulsa reeditar un frente similar a Juntos por el Cambio.
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