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Legislativo

Se aprobó dictamen de mayoría para proyecto de licencias parentales y de cuidados

Siley informó, el universo al que beneficiaría la iniciativa contempla a 372.926 personas, de las cuales 303.900 son del sector registrado y el restante del sector de monotributistas y autónomos.

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Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad y de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió hoy dictamen de mayoría que unifica los distintos proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo y diferentes bloques sobre la ampliación de licencias para las personas que cuentan con trabajo formal y la creación de las asignaciones parentales igualitarias para las personas con Monotributo o Monotributo Social.

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, que preside Vanesa Siley; de Mujeres y Diversidad, a cargo de Mónica Macha; y de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Carlos Heller, se reunió hoy pasadas las 17 en el Anexo C de la Cámara baja, donde se informó que se presentaría un dictamen de mayoría (que cuenta con 55 firmas) y dos de minoría presentados por los bloques socialista y de JxC, que presentarán mañana un dictamen propio.

Iniciado el debate, la diputada Siley (FdT) informó que según proyecciones del Ministerio de Trabajo, el universo al que beneficiaría la iniciativa contempla a 372.926 personas, de las cuales 303.900 son del sector registrado y el restante del sector de monotributistas y autónomos.

A su turno, la diputada Silvia Lospennato (JxC), explicó que no acompañarán la iniciativa del oficialismo, ya que «entendemos que agravará la situación deficitaria del sistema de seguridad social» e informó que mañana presentarán un dictamen propio.

De la misma manera, el diputado Enrique Estévez (bloque socialista) informó que presentarían un dictamen propio junto a la diputada Mónica Fein.

En tanto, la diputada (PTS-FIT) Myriam Bregman, afirmó que su bloque acompañaría el proyecto de la mayoría con disidencias «para que se pueda avanzar y que pueda llegar al recinto».

La encargada de realizar la descripción detallada del proyecto, fue la diputada Marisa Uceda (Fdt) sostuvo que «parecía que había un acuerdo entre todas las fuerzas de la necesidad de avanzar y de visibilizar algo que es un secreto a voces de la desigualdad que existe en el mundo laboral. No sé si fue hasta hace minutos antes de esta comisión, o tal vez en clave electoralista, algunos han olvidado los propios proyectos que han presentado y los propios debates que han dado a lo largo de este trabajo».

Se trata de un debate que se inició en junio pasado con el análisis de proyectos sobre el tema, elaborados por diputados de diferentes bancadas.

El despacho tomó en cuenta, entre otros, el proyecto enviado en marzo de 2022 por el Poder Ejecutivo denominado SINCA (Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género) que propuso elevar de manera progresiva hasta 126 días la licencia por nacimiento de hijos para las madres, mientras que para los padres sube a unos 15 días durante el primer año de la ley y 30 días en el segundo, hasta emparejar a 90 días durante un período de 8 años, a la vez que incluyó aumentos de licencias para personas no gestantes y por adopción.

Entre otras cuestiones, el borrador de dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo, para el que se tuvieron en cuenta además unos 52 proyectos impulsados por diputados del oficialismo y de la oposición, establece por matrimonio o unión convivencial, 12 días corridos; por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija, hijo o hija afín 10 días; en tanto que por fallecimiento de padre, madre, padre, hermano o hermana, nieta o nieto, 3 días corridos.

En tanto, para el cuidado por enfermedad de un miembro del grupo familiar, persona a cargo, se establece un máximo de 20 días por año que podrán ser utilizados en forma continua o discontinua, la cual podrá extenderse hasta 60 días anuales, sin goce de haberes.

Para rendir examen en cualquier nivel educativo de la educación formal, se contemplan 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario.

En tanto, para el cuidado o atención de un miembro del grupo familiar y persona a cargo con discapacidad, el proyecto establece 3 días corridos con un máximo de 15 días por año calendario.

En el caso de interrupción del embarazo, la iniciativa contempla 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia, tanto para la persona gestante como para la persona no gestante con la cual hubiera compartido la responsabilidad parental.

Asimismo, para la asistencia a entrevistas con fines de adopción, audiencias, encuentros o visitas a un niño, una niña o adolescente que se pretende adoptar, se establecen 2 días corridos con un máximo de 12 días hábiles anuales, desde el inicio de las visitas previas a la tenencia en guarda con fines de adopción y hasta la resolución judicial que ordena su otorgamiento.

Por Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), se propone establecer una licencia de 15 días laborables continuos o discontinuos por año calendario como persona gestante, ovodonante o manifestando su voluntad procreacional.

En tanto, para situaciones de violencia de género o violencia laboral, se busca establecer una licencia de 15 días hábiles por año calendario, prorrogables por una única vez por otro período igual.

Cultura

Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías

Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.

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El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.

Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.

La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.

El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.

El sector advirtió por el impacto de la derogación

La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.

Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.

La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.

Advierten por el futuro de las librerías de barrio

Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.

María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».

En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.

Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.

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