Legislativo
Diputados piden tratar «urgente» refuerzo de partidas para transporte de pasajeros del interior
Las provincias tendrán este año recursos para subsidios del transporte automotor por $46.000 millones, y ahora quieren un refuerzo de $13.500, con lo cual sumarían $59.500 millones, como se establece en el dictamen emitido en la comisión de Transporte.
Diputados de diferentes sectores políticos pidieron que mañana se trate como primer tema en la comisión de Presupuesto un dictamen que otorga un incremento adicional de emergencia para este año al transporte del interior del país en concepto de subsidios del Fondo Compensador, con el fin de solucionar el conflicto que tienen los trabajadores por reclamos de salarios y evitar nuevos aumentos de tarifas de ese servicio.
Las provincias tendrán este año recursos para subsidios del transporte automotor por $46.000 millones, y ahora quieren un refuerzo de $13.500, con lo cual sumarían $59.500 millones, como se establece en el dictamen emitido en la comisión de Transporte.
La solicitud fue presentada ante el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, por el diputado del FDT José Luis Gioja, el titular de la comisión de Transporte, Jorge Rizzotti (UCR), y del Interbloque Federal, el cordobés Ignacio García Aresca.
Los legisladores los legisladores ya habían recibido el reclamo del Consejo Federal del Transporte, cuyos ministros provinciales piden aumentos para este año y un incremento para las partidas para 2023 de $66.000 millones a $100.000 millones.
En cambio, los subsidios para el 2023 recibirán un aumento ya que se aumentarán de de los $66.000 millones proyectados en el Presupuesto a $85.000 millones, según lo acordaron el ministro Sergio Massa y mandatarios provinciales.
El gobernador Gerardo Zamora anunció por Twitter que «de común acuerdo se decidió la asignación de 85.000 millones de pesos para el presupuesto 2023 como piso para corregir las asimetrías entre jurisdicciones en materia de subsidios».
También señaló que se propone creación del Consejo Federal de Administración para aplicación de tarjeta SUBE y aplicación de subsidios por jurisdicción.
Este aumento de recursos no implicará aumento del gasto público nominal sino reasignación de partidas previstas en proyecto enviado al Congreso.
A la mañana, se realizó la reunión de la comisión de Transporte en la cual el titular del COFETRA y secretario de Transporte por Córdoba, Franco Mogetta, quien afirmó que “la situación del transporte en el interior es de muchísima gravedad”.
Moggeta reclamó que las provincias tengan un trato igualitario y requirió discutir “un nuevo esquema de distribución de subsidios a través de un fondo único con un solo criterio para todo el país”.
“Lo urgente es llegar a fin de año asegurando los fondos para el próximo año”, concluyó.
En ese sentido, el coordinador de Gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos, Manuel López, pidió que “se garanticen los fondos para los meses de noviembre y diciembre”.
El diputado y vicepresidente del cuerpo, José Luis Gioja, dijo que «la distribución equitativa de los subsidios al Transporte Público para q no haya asimetrías entre los argentinos y las argentinas del interior con los del AMBA nos preocupa y nos ocupa».
«Sabemos q es un tema que aflige, por eso lo tomamos con seriedad, responsabilidad y compromiso», agregó.
Posteriormente a esa reunión, el jefe de la bancada radical Mario Negri y Rizzotti, junto a los diputados del Interbloque Federal Garcia Aresca y Florencio Randazzo, mantuvieron una reunión con los intendentes de Rosario Pablo Jakvin, de Córdoba Capital Martín Llaryora, y de Santa Fe Emilio Jaton, quienes también reclamaron los aumentos para este año para el transporte y para el 2023.
También asistieron los legisladores de JXC Bazze, Carolina Castets y Germana Figueroa Casas, y por el interbloque Federal también lo hicieron Carlos Gutiérrez, Enrique Estévez, Florencio Randazzo y García Aresca.
«Pedimos -explicó Negri- que la Comisión de Presupuesto trate mañana la Emergencia del sistema de transporte de pasajeros del interior. La Nación prioriza el AMBA y ningunea el interior».
Por su parte, Llaryora dijo a los periodistas que «el paro de la semana que viene sería una catástrofe. Este sistema no da más y está en manos de los diputados resolver la coyuntura de este año».
Cultura
Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías
Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.
Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera
La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.
La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.
El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.
El sector advirtió por el impacto de la derogación
La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.
La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.
Advierten por el futuro de las librerías de barrio
Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.
María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».
En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.
Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.
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