El plenario de comisiones de Salud, Población y Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó este martes de manera favorable el proyecto que declara la emergencia en el área de pediatría, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que ahora se perfila como un nuevo dolor de cabeza para la administración de Javier Milei.

La propuesta recibió el respaldo de un amplio arco opositor que incluyó al kirchnerismo, la UCR, el PRO y diversos partidos provinciales, configurando una coalición transversal que pone en evidencia rrr RRHH

Un debate que se posterga por diferencias tácticas

Aunque el dictamen habilita el tratamiento en el recinto de la Cámara alta, persisten diferencias sobre los tiempos. El kirchnerismo buscaba forzar un debate exprés para el jueves próximo, una estrategia que no encontró eco en otros bloques opositores. La discusión se postergará entonces para la próxima semana, según las versiones que circulan en los pasillos del Congreso.

Esta dilación responde más a cuestiones tácticas que a desacuerdos de fondo, ya que existe consenso sobre la necesidad de abordar la crisis que atraviesa el sistema de salud pediátrico público, agravada por las políticas de ajuste del Gobierno libertario.

Recomposición salarial y exención impositiva como ejes centrales

El dictamen establece que las autoridades deberán garantizar el «acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes».

Uno de los puntos más contundentes del proyecto exhorta al Ministerio de Salud a efectuar «la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales». El despacho de mayoría especifica que esta recomposición «no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023», estableciendo un piso claro para las negociaciones.

La iniciativa también contempla a «los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos», ampliando el alcance de la medida más allá del ámbito estrictamente pediátrico.

Otro componente significativo del proyecto exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan «actividades críticas, horas extras y/o guardias», una medida que apunta a mejorar los ingresos reales de los trabajadores del sector.

El costo fiscal que inquieta al Gobierno

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) cuantificó el impacto económico de la medida, estimando que «equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones».

El informe de la OPC precisa que «anualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones», una cifra que representa un desafío considerable para las cuentas públicas en el marco de la política de déficit cero impulsada por el ministro Luis Caputo.

El organismo técnico del Congreso también señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes, y advirtió que «no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias».

Reasignación presupuestaria como alternativa

Para sortear las restricciones fiscales, el proyecto dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes a la cartera de Salud dentro del ejercicio fiscal vigente, además de permitir la ampliación de recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Esta fórmula busca evitar la necesidad de modificar la Ley de Presupuesto o recurrir a endeudamiento adicional, aunque la inexistencia de reservas específicas para emergencias sanitarias, según consignó la OPC, plantea interrogantes sobre la viabilidad práctica de la medida.

La iniciativa representa un nuevo frente de presión para el Gobierno de Milei, que ya enfrenta múltiples conflictos con el sector salud en todo el país. La confluencia opositora en torno a esta temática evidencia el potencial político de los reclamos sanitarios en un contexto de ajuste generalizado del gasto público.

Puntos clave:

• El proyecto de emergencia pediátrica obtuvo dictamen favorable con apoyo de kirchnerismo, UCR, PRO y partidos provinciales
• La iniciativa exige recomposición salarial para personal de salud pediátrico al nivel real de noviembre 2023
• El costo fiscal estimado por la OPC es de $65.573 millones hasta diciembre y $133.433 millones anualizados
• Se exime del pago de ganancias al personal que realice guardias y actividades críticas
• El debate se postergó de jueves a la próxima semana por diferencias tácticas entre bloques opositores