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Legislativo

Senado: la oposición avanza con la emergencia en pediatría y complica al Gobierno libertario

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, obtuvo dictamen favorable en el plenario de comisiones y se encamina hacia el debate en el recinto de la Cámara alta. El kirchnerismo impulsaba un tratamiento exprés para el jueves, pero otros bloques opositores prefieren postergar la discusión.

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El plenario de comisiones de Salud, Población y Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó este martes de manera favorable el proyecto que declara la emergencia en el área de pediatría, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que ahora se perfila como un nuevo dolor de cabeza para la administración de Javier Milei.

La propuesta recibió el respaldo de un amplio arco opositor que incluyó al kirchnerismo, la UCR, el PRO y diversos partidos provinciales, configurando una coalición transversal que pone en evidencia rrr RRHH

Un debate que se posterga por diferencias tácticas

Aunque el dictamen habilita el tratamiento en el recinto de la Cámara alta, persisten diferencias sobre los tiempos. El kirchnerismo buscaba forzar un debate exprés para el jueves próximo, una estrategia que no encontró eco en otros bloques opositores. La discusión se postergará entonces para la próxima semana, según las versiones que circulan en los pasillos del Congreso.

Esta dilación responde más a cuestiones tácticas que a desacuerdos de fondo, ya que existe consenso sobre la necesidad de abordar la crisis que atraviesa el sistema de salud pediátrico público, agravada por las políticas de ajuste del Gobierno libertario.

Recomposición salarial y exención impositiva como ejes centrales

El dictamen establece que las autoridades deberán garantizar el «acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes».

Uno de los puntos más contundentes del proyecto exhorta al Ministerio de Salud a efectuar «la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales». El despacho de mayoría especifica que esta recomposición «no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023», estableciendo un piso claro para las negociaciones.

La iniciativa también contempla a «los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos», ampliando el alcance de la medida más allá del ámbito estrictamente pediátrico.

Otro componente significativo del proyecto exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan «actividades críticas, horas extras y/o guardias», una medida que apunta a mejorar los ingresos reales de los trabajadores del sector.

El costo fiscal que inquieta al Gobierno

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) cuantificó el impacto económico de la medida, estimando que «equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones».

El informe de la OPC precisa que «anualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones», una cifra que representa un desafío considerable para las cuentas públicas en el marco de la política de déficit cero impulsada por el ministro Luis Caputo.

El organismo técnico del Congreso también señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes, y advirtió que «no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias».

Reasignación presupuestaria como alternativa

Para sortear las restricciones fiscales, el proyecto dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes a la cartera de Salud dentro del ejercicio fiscal vigente, además de permitir la ampliación de recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Esta fórmula busca evitar la necesidad de modificar la Ley de Presupuesto o recurrir a endeudamiento adicional, aunque la inexistencia de reservas específicas para emergencias sanitarias, según consignó la OPC, plantea interrogantes sobre la viabilidad práctica de la medida.

La iniciativa representa un nuevo frente de presión para el Gobierno de Milei, que ya enfrenta múltiples conflictos con el sector salud en todo el país. La confluencia opositora en torno a esta temática evidencia el potencial político de los reclamos sanitarios en un contexto de ajuste generalizado del gasto público.

Puntos clave:

  • El proyecto de emergencia pediátrica obtuvo dictamen favorable con apoyo de kirchnerismo, UCR, PRO y partidos provinciales
  • La iniciativa exige recomposición salarial para personal de salud pediátrico al nivel real de noviembre 2023
  • El costo fiscal estimado por la OPC es de $65.573 millones hasta diciembre y $133.433 millones anualizados
  • Se exime del pago de ganancias al personal que realice guardias y actividades críticas
  • El debate se postergó de jueves a la próxima semana por diferencias tácticas entre bloques opositores

Legislativo

El DNU 70 en el alambre: sin quórum pero con dos sesiones

La oposición sostiene la sesión especial del jueves 15 en Diputados para voltear el megadecreto de Milei, aunque sus conteos no llegan a 129. El oficialismo pidió su propia sesión para el miércoles 21 y negocia con los gobernadores.

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El Argentino Diario-Congreso.

El megadecreto con el que Javier Milei reescribió buena parte de las reglas del país llegó a su semana decisiva sin que nadie pueda garantizar su caída. La oposición sostuvo la sesión especial convocada para el jueves 15 de octubre a las 14 en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/2023, aunque sus propios conteos la ubican entre 112 y 120 presencias, por debajo de las 129 que exige el quórum.

Según el poroteo opositor, el jueves darían presente los diputados de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, la izquierda, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis y legisladores sueltos. El temario suma el rechazo del decreto, la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y proyectos para aliviar el endeudamiento y la morosidad de las familias.

Un decreto que el Senado ya rechazó

El DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre de 2023, reúne más de 300 artículos que desregularon de un plumazo desde los alquileres hasta el régimen de tierras rurales. El Senado ya lo rechazó en marzo de 2024; si Diputados hace lo mismo, el decreto queda sin efecto. Por eso la Casa Rosada puso todo su peso en evitar que la oposición consiga el número.

La carrera por el quórum

«Nuestra tarea es tratar de construir el quórum. Después, cada uno tendrá que dar las explicaciones del caso», dijo Germán Martínez en Radio con Vos. El jefe de bloque de Unión por la Patria agregó que, frente a un temario con discapacidad, morosos y tierras, «es difícil pensar que no te sentás en una sesión de ésas, tenés que estar muy pero muy arrodillado ante el Gobierno».

El socialista Esteban Paulón, de Provincias Unidas, fue en la misma línea: «Hay que dar quórum y derogar el DNU 70. No hay constitucionalista que diga que es constitucional y el Gobierno lo ha usufructuado tres años».

La llave está en los diputados que responden a los gobernadores. La Casa Rosada negocia con ellos en paralelo el Presupuesto 2027 y la eventual suspensión de las PASO, una mesa en la que la sesión del jueves también entra en la cuenta. Si no llegan al número, los bloques opositores planean hablar en minoría para exponer a los ausentes como aliados del Gobierno, en el marco de una movilización frente al Congreso.

La contraofensiva libertaria

El oficialismo respondió con dos movimientos. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, convocó para el miércoles 14, un día antes de la sesión opositora, un plenario con la Comisión de Legislación General para empezar a tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, al que La Libertad Avanza busca sumarle una nueva regulación sobre la compra de tierras rurales por extranjeros.

Además, el oficialismo pidió una sesión propia para el miércoles 21 de octubre, con la propiedad privada, la discapacidad y el endeudamiento familiar en el temario. La jugada busca darles a los aliados una excusa para no sentarse el jueves 15.

La Corte, en el medio

El 9 de octubre, la Corte Suprema suspendió de manera interina los efectos del artículo 154 del DNU 70, el que había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales, hasta que el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y su pedido de cautelar. Firmaron Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci; Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

El fallo repuso de forma provisoria los límites a la compra de campos por extranjeros, pero no resolvió si el decreto es constitucional. En Diputados reconocieron que la decisión abrió una discusión sobre el costo de insistir con una sesión cuyo principal argumento era la Ley de Tierras. Aun así, los bloques opositores mantuvieron su intención de rechazar el decreto completo, que comprende unas 300 reformas.

Lo que tenés que saber:

  • La oposición sostuvo la sesión especial del jueves 15 de octubre a las 14 para rechazar el DNU 70/2023, junto con discapacidad y endeudamiento familiar.
  • Sus propios conteos la ubican entre 112 y 120 diputados, por debajo de los 129 que exige el quórum.
  • El Senado ya rechazó el decreto en 2024; si Diputados también lo rechaza, queda sin efecto.
  • El oficialismo convocó un plenario de comisiones para el miércoles 14 por la propiedad privada y pidió una sesión propia para el miércoles 21.
  • La Corte suspendió el 9 de octubre el artículo 154, que derogó la Ley de Tierras, hasta que decida el juzgado federal de Bariloche.
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