El Gobierno libertario recibió un golpe judicial significativo cuando el Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del veto presidencial que anuló por completo la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La decisión, que responde a una acción de amparo, representa el primer revés judicial contra una de las medidas más controvertidas del Ejecutivo en materia social.

La resolución judicial apuntó específicamente contra el Artículo 3 del Decreto 534/2025, mediante el cual Javier Milei vetó íntegramente la Ley 27.793, que había sido sancionada por el Congreso Nacional con amplio consenso. Aunque los efectos del fallo se circunscriben al caso particular de los demandantes, según confirmó la periodista Vanesa Petrillo al difundir la medida, sienta un precedente judicial que puede replicarse en otros tribunales del país.

Un amparo que abre las puertas

El caso llegó a la Justicia Federal a través de una demanda iniciada por dos personas identificadas con las iniciales O.G.J. y D.R.N., quienes presentaron un recurso de amparo contra el Estado Nacional. La acción buscaba restablecer los derechos que la ley de emergencia garantizaba antes del veto presidencial.

La decisión judicial no solo hizo lugar parcialmente al amparo presentado, sino que ordenó medidas concretas para revertir los efectos del decreto gubernamental. Según el fallo, la obra social que cubre a dos menores identificados como B.N. e Y.N. deberá «adecuar sus prestaciones de acuerdo a lo que establecía la ley de emergencia», restituida ahora para estos casos específicos.

El juez también dispuso que las costas del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional, una medida que refuerza el carácter adverso del fallo para el Gobierno.

El contexto del veto presidencial

La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad había sido sancionada por el Congreso como respuesta a la situación crítica que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias, especialmente en lo que respecta al acceso a prestaciones de salud y cobertura de tratamientos. La norma buscaba garantizar la continuidad y mejora de estos servicios en un contexto de ajuste fiscal.

Sin embargo, el veto total dispuesto por Milei a través del Decreto 534/2025 anuló por completo la ley, argumentando razones presupuestarias y de política fiscal. Esta decisión generó fuerte rechazo en organizaciones de la sociedad civil, familias afectadas y sectores de la oposición política.

Un precedente que preocupa al oficialismo

Aunque el Gobierno nacional conserva la posibilidad de apelar la medida judicial, el fallo del Juzgado Federal de Campana establece un precedente que puede multiplicarse en otros tribunales del país. La declaración de invalidez del decreto presidencial abre la puerta para que se presenten recursos de amparo similares en distintas jurisdicciones.

Para el oficialismo, esta resolución judicial representa el primer cuestionamiento formal del Poder Judicial a una de sus políticas de ajuste más sensibles socialmente. El caso también pone en evidencia las tensiones entre los poderes del Estado en torno a las medidas de recorte implementadas por la administración libertaria.

La decisión del juzgado de Campana no solo restituye derechos concretos para los demandantes del caso, sino que envía una señal clara sobre los límites judiciales que puede encontrar el Gobierno cuando sus medidas afectan derechos fundamentales de sectores vulnerables.

Puntos clave:

• El Juzgado Federal de Campana declaró inválido el Artículo 3 del Decreto 534/2025 que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad
• La medida judicial responde a un amparo presentado por dos personas y beneficia directamente a dos menores de edad
• Aunque el fallo se limita al caso específico, establece el primer precedente judicial contra el veto presidencial
• El juez ordenó que la obra social adecúe las prestaciones según lo establecía la ley vetada y puso las costas a cargo del Estado
• El Gobierno puede apelar pero el precedente abre la puerta a amparos similares en otros juzgados del país