★ Diputados de la oposición, encabezados por Eduardo Valdés (Unión por la Patria), presentaron un proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de establecer una reparación integral para las víctimas sobrevivientes y los familiares directos de las personas fallecidas a causa del fentanilo contaminado. La iniciativa busca abordar las consecuencias de la tragedia ocurrida meses atrás por la circulación de lotes de medicamentos adulterados en el mercado argentino.

Alcances y beneficios del proyecto

La propuesta legislativa, calificada como una reparación «integral e igualitaria», contempla una subvención económica para los afectados, equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles. Sin embargo, la asistencia no se limita a lo monetario; también incluye «prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral», según detalló la iniciativa.

El proyecto prevé una pensión vitalicia destinada a los hijos y cónyuges de las personas que perdieron la vida debido a la intoxicación. Asimismo, establece beneficios específicos para los sobrevivientes que hayan sufrido incapacidades laborales o físicas a raíz del consumo del fentanilo adulterado.

Una característica destacada del proyecto es que la subvención económica dispuesta no es incompatible ni se considerará en el cobro de futuras indemnizaciones que puedan ser percibidas por la vía judicial o extrajudicial, garantizando así que no interfiera con otros procesos resarcitorios.

Beneficiarios y requisitos específicos

La reparación económica podrá ser recibida por hijos menores de hasta 18 años a través de sus representantes legales. Para los hijos mayores, el beneficio se extenderá hasta los 25 años, siempre que acrediten estar cursando estudios. En el caso de cónyuges o convivientes, se requiere acreditar un mínimo de dos años de convivencia inmediata previa al fallecimiento de la víctima.

Para las víctimas sobrevivientes, la subvención estará disponible durante todo el período en que persista la incapacidad laboral que haya sido directamente ocasionada por el suministro del fentanilo contaminado o adulterado.

Fundamentos y mecanismos de implementación

Eduardo Valdés, autor principal del proyecto, expresó: “El Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia, brindando una respuesta integral a los familiares de las víctimas y a quienes sobrevivieron”. El diputado, que cuenta con el respaldo de otros legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, subrayó que “la inoperancia estatal y la negligencia privada dejaron una herida abierta en la sociedad argentina”, enfatizando la necesidad de una ley que ofrezca «reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados”.

La norma propuesta crea el «Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado». Su implementación será responsabilidad del Ministerio de Capital Humano, que deberá coordinar acciones con las provincias afectadas para asegurar su alcance.

Además, para garantizar la transparencia y la efectividad en la aplicación de la ley, el proyecto contempla la creación de un Consejo de Control y Seguimiento. Este organismo estará integrado por familiares de las víctimas, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y diversos organismos públicos. Valdés concluyó al respecto: “Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”.