A pocas semanas de las elecciones de medio término en EEUU, el Gobierno de Donald Trump usó al menos 20 millones de dólares de los contribuyentes para pagar avisos televisivos que glorifican al presidente, y un juez federal tuvo que ordenarle el domingo que cancelara los que quedaban al aire. Al mismo tiempo, la administración republicana alimenta con desinformación la sospecha de fraude electoral, mientras crece el temor a que agentes de inmigración se presenten en los centros de votación.

Ese clima quedó retratado en The Morning, el newsletter del diario estadounidense The New York Times, que esta semana dedicó su edición a responder preguntas de lectores sobre los comicios del 3 de noviembre. El editor del boletín, Adam B. Kushner, convocó a cinco periodistas del diario para contestar dudas sobre los avisos oficiales de Trump, la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las urnas, la exigencia de documento para votar y la impunidad de las campañas que mienten.

Propaganda con plata de todos

La ley federal estadounidense prohíbe usar fondos aprobados por el Congreso para fines de «publicidad o propaganda». Según explicó la corresponsal en la Casa Blanca Maggie Haberman, los abogados de la Casa Blanca avalaron los avisos, pero ni siquiera algunos aliados del presidente están convencidos de que sean legales.

Haberman marcó la diferencia: el dinero público puede financiar anuncios de servicio público sobre un programa o una política, pero estos spots exaltan la figura de Trump, incluso el que se refiere a la captura de Nicolás Maduro, que también termina en un elogio al presidente.

Los avisos comenzaron a emitirse a fines de septiembre, financiados con 20 millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Uno de ellos es directamente una copia de un spot de la campaña presidencial de Trump de 2024, al que solo le cambiaron el sello de la campaña por la leyenda de que lo pagó el Gobierno de Estados Unidos. Otro muestra al mandatario caminando en blanco y negro por un pasillo mientras habla de «la batalla final» contra «el Estado profundo» y «los globalistas».

La reacción fue amplia. Legisladores de ambos partidos cuestionaron el gasto, organizaciones de defensa del voto representadas por Democracy Forward y el Comité Nacional Demócrata presentaron demandas, y un juez federal ordenó el domingo cancelar los avisos restantes. Ante la presión, Trump anunció que desde ahora los pagará con fondos de su comité de acción política MAGA Inc., aunque defendió hasta el final que usar dinero público para promocionarse era «algo bastante estándar».

El fantasma del ICE en las urnas

Otra de las preguntas que recibió el diario fue si habrá agentes del ICE en los centros de votación. La periodista de investigación Alexandra Berzon, especializada en sistemas electorales, respondió que la ley es clara: los agentes federales armados no pueden ingresar a los lugares de votación. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia aseguraron que no tienen planes de enviar agentes armados a patrullarlos.

Sin embargo, Berzon advirtió que funcionarios electorales y defensores del derecho al voto temen que esa sola posibilidad aleje a votantes, y señaló que funcionarios del Gobierno difundieron desinformación sobre los padrones al asegurar que están inflados de no ciudadanos. Es la misma estrategia de siembra de sospechas que el trumpismo viene usando desde su derrota de 2020.

Documento para votar y mentiras sin castigo

El debate sobre la exigencia de documento de identidad para votar también ocupó espacio. Michael Gold, que cubre el Congreso, explicó los argumentos de sus críticos: algunas leyes solo aceptan licencias de conducir, pasaportes o identificaciones estatales que cuestan dinero y tiempo, y los votantes mayores, pobres y no blancos tienen menos probabilidades de contar con ellas. Muchos demócratas sostienen que un derecho constitucional no puede quedar condicionado por esas barreras, sobre todo cuando el fraude electoral es poco frecuente.

Sobre por qué las campañas pueden emitir avisos que mienten sobre sus rivales, Bayliss Wagner, periodista política del diario, recordó que la Primera Enmienda le da al discurso político la máxima protección. Los candidatos pueden ser demandados por difamación si difundieron afirmaciones falsas a sabiendas, pero el umbral para ganar esos juicios es muy alto y los tribunales son lentos. Además, no hace falta mentir abiertamente para distorsionar la verdad: alcanza con omitir contexto, difundir acusaciones sin pruebas o sacar conclusiones engañosas.

En cuanto a las encuestas, la editora de sondeos Ruth Igielnik contó que, tras probar mensajes de texto, correo y entrevistas online para la encuesta Times/Siena, el clásico llamado telefónico sigue dando los resultados más precisos.

Una democracia bajo presión

Las respuestas del diario neoyorquino dibujan un mapa inquietante: un presidente que usa el aparato estatal para hacer campaña, un Gobierno que instala sospechas infundadas sobre los padrones y votantes que temen ser intimidados en las urnas. El control del Senado se definirá en noviembre en un escenario donde las reglas de juego están siendo forzadas desde la propia Casa Blanca.