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Legislativo

Diputados pondrá a debate los proyectos contra la ludopatía la próxima semana

La Comisión de Prevención de Adicciones, presidida por Mónica Frade (Coalición Cívica) abordará este tema en reuniones informativas a partir del martes próximo.

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La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside Mónica Frade (Coalición Cívica), pondrá en debate a partir del martes de la semana que viene los proyectos de ley que trabajan en estrategias para prevenir y combatir la ludopatía, es decir, el uso patológico de los juegos de azar, especialmente a partir del auge en las plataformas online.

“Es un tema que está quebrando a las familias y adolescentes. Es un problema que corroe silenciosamente a las familias”, advirtió la diputada opositora, que adelantó un cronograma tentativa de reuniones cada martes en las que los distintos integrantes de la comisión podrán sugerir invitados especialistas para exponer sobre este flagelo.

Son varios los proyectos que giran en torno a esta problemática. Uno de ellos fue presentado recientemente por Maximiliano Ferraro, prohibiendo la publicidad de las apuestas online y el uso de las tarjetas de crédito para este tipo de juegos de azar. También Marcela Campagnoli había presentado uno similar el año pasado.

Ahora se sumó otra iniciativa de la diputada del PRO Silvana Giudici que propone regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas en líneas, prohibiendo las que se realizan en espectáculos deportivos, indumentaria, campos de juego, y en contenidos digitales orientados a menores de edad.

Sobre el final del encuentro, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le pidió a Frade coordinar con otras comisiones para armar plenarios dado que por una cuestión administrativa de los giros que recibieron los proyectos, algunos de ellos quedar afuera.

“Lo vamos a hacer”, tranquilizó la presidente de la comisión. “Incluso vamos a hacer reuniones conjuntas con otras comisiones para avanzar rápido con eso”, agregó.

En la reunión de este martes se completó la grilla de autoridades con la designación de Rogelio Iparraguirre como vicepresidente segundo y Eduardo “Pipi” Ali como secretario tercero, ambos de Unión por la Patria.

Los proyectos de ley contra la ludopatía
El proyecto de ley de Giudici restringe las publicidades sobre apuestas online orientada a menores de edad e incluso prohíbe las que se difunden en medios de comunicación audiovisuales en el horario desde las 6.00 hasta las 22.00 hs.

Por otro lado, la iniciativa busca establecer sistemas de identificación biométrica para evitar el acceso de los menores a los sitios y apps de juegos de apuestas en línea y plantea un régimen sancionatorio para quienes infrinjan las prohibiciones.

“Durante los últimos años se ha incrementado la oferta de juegos de azar y apuestas en línea deviniendo una problemática que incide notablemente en los adolescentes, particularmente entre los jóvenes de 13 a 17 años, donde se acrecienta el acceso en línea de apuestas de Poker, de azar o apuestas deportivas”, expresó Giudici, autora del proyecto que suma otras 23 firmas del bloque PRO.

El proyecto que Ferraro presentó en los últimos días prohíbe la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar, tanto los tradicionales que se desarrollan en salas físicas como casinos, y las apuestas en línea de todo tipo, que se encuentran el pleno auge.

«Hay un bombardeo enorme y constante de la publicidad y oferta de plataformas y juegos en línea», denunció Ferraro, y e hizo hincapié en el exponencial crecimiento de la publicidad de apuestas deportivas en la programación de canales de deportes.

Otro de los puntos salientes del proyecto es que limita los medios de pago al uso de efectivo o tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros, excluyendo el uso de sistemas de crédito, como así también de aquellas tarjetas de prestaciones de ayuda social.

Para la modalidad de apuestas en línea, el proyecto propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión, lo que garantiza que queden afuera del acceso los menores de edad.

A su vez se exige que las plataformas y sistemas de juego en línea cumplan una serie de requisitos de juego responsable que permitan a los consumidores acceder a información cierta sobre las apuestas en las que participan, su historial de usuario, el tiempo en línea, mecanismos de autoexclusión, posibilidad de establecer límites y alertas de tiempo y dinero y secciones de ayuda y asistencia.

Otro aspecto clave del proyecto es que crea un registro nacional de autoexclusión voluntaria, que sirve para que la persona que considera que tiene problemas con el juego pueda autoexcluirse por hasta 24 meses, y los establecimientos y plataformas online deberán hacer cumplir esta prohibición.

La inscripción en este registro vale no solamente para la jurisdicción de la persona en cuestión sino para todo el país a partir de la articulación e interoperabilidad de los registros ya existentes.

Las familias también podrán solicitar la inscripción de un familiar en el registro, la que se hará efectiva solo con el consentimiento voluntario de este.

El proyecto de ley también establece criterios mínimos a seguir por las autoridades locales respecto del funcionamiento de las salas físicas de apuestas en relación a su localización, franjas horarias de apertura, cercanía a cajeros, prohibiciones de estrategias de fidelización de clientes.

Entre otras medidas, se establece la obligación para las salas y plataformas de reproducir mensajes disuasivos y se dispondrán canales públicos de comunicación y asistencia, manuales de comunicación responsable, campañas de concientización y difusión.

La Coalición Cívica viene siguiendo muy de cerca la cuestión de la ludopatía y elaborando propuestas para al menos mitigar estas prácticas patológicas vinculadas a los juegos de azar.

De hecho, a mediados del año pasado Campagnoli había presentado otro proyecto similar al de Ferraro con el que busca restringir el horario de la publicidad de los juegos de azar en línea y también circunscribir el pago de las apuestas virtuales al uso de tarjetas de débito, con el objetivo de evitar la acumulación de deudas.

Esta iniciativa contempla que la publicidad del juego en línea solo pueda exhibirse en la franja horaria de 1 a las 5 de la mañana, ya sea en televisión, radio o plataformas de contenidos de internet, tanto redes sociales como páginas web y aplicaciones.

Además, no podrán incitar directamente al consumo del usuario y estará prohibido el otorgamiento de bonos o vales de captación.

Las publicidades no podrán en ningún caso estar orientadas a menores de 18 años, y estarán prohibidas aquellas en las que participen deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública.

Tampoco estarán permitidas aquellas que asocien el juego de apuesta al éxito personal, social o profesional, o se compare el juego con el trabajo, el estudio o el esfuerzo.

No estarán autorizadas tampoco las publicidades que difundan expectativas falsas o engañosas sobre las posibilidades de ganar.

También se exige que se establezca un «sistema de alerta sobre el tiempo y dinero apostado que indiquen al apostador cuando esté cerca de alcanzar los límites establecidos en su cuenta de usuario»

Por otra parte, se solicita como requisito que se disponga de «un procedimiento para verificar la identidad y edad del apostador y un canal de elección del jugador para comprobar su identidad mediante un doble factor o la tecnología que en el futuro lo reemplace».

Cultura

Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías

Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.

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El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.

Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.

La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.

El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.

El sector advirtió por el impacto de la derogación

La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.

Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.

La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.

Advierten por el futuro de las librerías de barrio

Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.

María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».

En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.

Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.

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