El fiscal Carlos Stornelli ratificó este lunes que no se presentará este martes ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que lo volvió a citar luego de que no concurriera el martes pasado para que exponga en el expediente sobre el pedido de enjuiciamiento a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Poder Ejecutivo y una docena de gobernadores.

Stornelli, requerido en calidad de testigo, envió un oficio a la Procuración General de la Nación -interinamente a cargo de Eduardo Casal- en el que afirmó que se encuentra a la espera de que se le remita el pliego de preguntas que desee formularle la comisión parlamentaria y afirmó que de haberlas recibido las hubiera contestado el mismo día. 

Para sostener el nuevo faltazo, Stornelli se apoyó en el Código Procesal Penal y en la Ley de Ministerio Público Fiscal, que eximen a los fiscales de la obligación de comparecer cuando son convocados como testigos por un tribunal.

Mientras, desde la Congreso remarcan que esa exención -que sí corre para presidentes, gobernadores y vices- no está contemplada para casos como el suyo.

La decisión de Stornelli abrirá una nueva polémica entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio -que respalda la posición del fiscal-, ya que desde el oficialismo se advirtió la semana pasada que si no se presenta impulsará un pedido de desafuero ante la Procuración General de la Nación para obligarlo a concurrir a exponer personalmente ante la comisión.

«Si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública», aseguró la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard (FdT), en la última reunión del cuerpo al referirse a la situación del fiscal, a quien le rechazó el planteo para declarar por escrito.

Sin la presencia del fiscal, la comisión continuará con los testimonios de nuevos invitados a exponer ante ese grupo de trabajo parlamentario, que abrió a fines de enero una investigación sobre el accionar de los magistrados de la Corte Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Además de Stornelli fueron citados los abogados Juan Manuel Olima Espel (Secretario Institucional de la Procuración General de la Nación), Marcelo Mazzeo (abogado), Sebastián Garay (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte) y Natalia Hilda Monayer (Vocalía del Presidente de la Corte).

Hasta esta tarde habían confirmado su presencia Olima Espel, Garay y Monayer, mientras se aguardaba una definición de Mazzeo, informaron fuentes parlamentarias.

Stornelli fue quien, en la última feria judicial, propuso el archivo de dos denuncias casi calcadas para que se investigara si había delitos en las conversaciones atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires.

El argumento esgrimido por Stornelli para pedir el archivo de las denuncias (una de ellas presentada por el abogado Gastón Marano, quien había asesorado a Juntos por el Cambio en la Comisión bicameral de Inteligencia) fue que los elementos citados por las presentaciones judiciales podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.

Por la comisión ya pasó el juez Sebastián Ramos, quien archivó la denuncia tras el pedido de Stornelli. Mientras el magistrado daba testimonio se conocieron, por una nueva filtración, conversaciones suyas con D’Alessandro.

La notificación para que Stornelli compareciera en el Congreso le llegó el miércoles 1 de marzo y allí se le citó el pasaje del reglamento de la comisión de Juicio Político en el que se aclara que su asistencia «no es opcional».

En función de esta normativa, el funcionario del Ministerio Público no puede acogerse a la excepción que prevé el Código Procesal Penal para los magistrados, quienes están habilitados a declarar por escrito o desde sus lugares de trabajo.

«Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión (de Juicio Político) a testimoniar», sostiene el reglamento que se citó para formular esta convocatoria.

El planteo del oficialismo para volver a citar a Stornelli fue sometido a votación en la comisión y aprobado por 16 votos contra 14 de Juntos por el Cambio (JxC).

Una eventual nueva ausencia del fiscal ante la comisión repetiría una práctica a la que ya recurrió cuando no se presentó a las citaciones del entonces juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla para indagarlo en el marco del denominado «caso D’Alessio».

En esa causa –en la que era investigado el falso abogado Marcelo D’ Alessio por extorsión y espionaje ilegal- el fiscal fue convocado por un juez y no por el Congreso, y la citación era como imputado y no como testigo.

Después de seis llamados, Stornelli compareció ante Ramos Padilla, quien finalmente lo procesaría por presunta asociación ilícita en función de sus vínculos con D’Alessio.

De acuerdo con el cronograma acordado, la comisión concluirá mañana con la exposición de funcionarios de las secretarías de la Corte, tras lo cual diagramará los testimonios dividiéndolos en función de los principales expedientes que se analizan.

Esos expedientes son la causa del «2×1» para represores de la última dictadura, la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura y la reposición de la anterior derogada en 2006, y la causa por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, según se acordó.