Legislativo
Cómo es el Plan de los 1000 DÍAS para embarazadas y niñez
El proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia apunta a bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición de madres y su hijo o hija. Además, busca prevenir la violencia de género y familiar, protegiendo los vínculos tempranos. LOS DETALLES.
El proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia apunta a bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición de madres y su hijo o hija. Además, busca prevenir la violencia de género y familiar, protegiendo los vínculos tempranos.
El Plan de los 1000 días fue presentado por el presidente Alberto Fernández en noviembre, cuando anunció en simultáneo el envío del proyecto de Aborto legal y gratuito (Interrupción Voluntaria del Embarazo) al Congreso.
LOS PUNTOS DESTACADOS:
1 El proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como el plan de los 1.000 días, apunta a «bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”.
2 El proyecto, que obtuvo dictamen de comisión este miércoles y será votado junto con el Interrupción Voluntaria del Embarazo, del cual es complementario, establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
3 Extiende, al mismo tiempo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
4 También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
5 De acuerdo con el texto, el Programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
6 Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
7 En sus principios rectores, el texto resuelve para su cumplimiento la coordinación entre las áreas estatales, la simplificación de trámites para el acceso de esos derechos y el diseño de políticas públicas que brinden la asistencia apropiada a las familias, monitoreo y seguimiento de los casos y un informe anual ante el Congreso para rendición de cuentas sobre la marcha del programa.
8 El proyecto, destaca, además, el «derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad» para las «niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años», «personas que cursen embarazos de alto riesgo» o padezcan «trombofilia», «mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género» y «niñas y adolescentes embarazadas».
«En aquellos casos en los cuales, en el marco de la atención sanitaria, se observen indicios o sospechas de posibles situaciones de violencia por motivos de género, los equipos profesionales y personal interviniente tienen el deber de informar a las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes sobre los derechos establecidos en la Ley N° 26.485 y sobre los recursos de atención y denuncia existentes», propone.
9 Se crea, además, en el ámbito del Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa «para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los tres años».
«Esta Unidad tendrá como función el abordaje integral y la coordinación de las acciones necesarias para la plena implementación de lo establecido en la presente ley», se precisa sobre dicha unidad, que además estará integrada por representantes de otras dependencias estatales como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Anses, Renaper y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
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0 En ese ámbito, que se ocupará principalmente de garantizar la coordinación y la articulación de las políticas sanitarias, de género, de cuidado, transporte y registro de los casos, se trabajará para «promover la integralidad en la atención» de las personas gestantes y sus niños de hasta tres años; se promoverá el acceso a la información, se diseñarán los protocolos de actuación y todo lo relativo al cumplimiento de la ley, incluyendo el plan de capacitaciones y otras herramientas.
Legislativo
Bregman convoca a movilizar al Congreso: «El gobierno y los jueces se ríen de nosotros»
La diputada del Frente de Izquierda llamó a movilizarse frente al Congreso el 15 de octubre, denunciando que el Poder Judicial actúa en sintonía con el gobierno de Milei y no como árbitro independiente. La frase condensa un clima político que viene creciendo: la impunidad como regla y la calle como única respuesta posible.
«Basta de que el gobierno y los jueces se rían de nosotros. El 15 de octubre tenemos que estar todos y todas frente al Congreso.» Con esa frase directa y sin eufemismos, la diputada nacional Myriam Bregman lanzó una convocatoria a movilizarse que circula en redes sociales y que condensa en pocas palabras una temperatura política que viene acumulándose: la percepción extendida en la oposición y en amplios sectores sociales de que la Justicia opera en sintonía con el poder, no como contrapeso.
Bregman es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), abogada con trayectoria en causas de derechos humanos y una de las voces más activas en el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Su declaración, publicada en la red social Threads, coloca en el mismo banco al Ejecutivo y al Poder Judicial, a quienes acusa de actuar en perjuicio de la ciudadanía y sin rendir cuentas ante nadie.
Un diagnóstico compartido: la Justicia como problema político
La declaración de Bregman no surge del vacío. La relación entre el Poder Judicial federal y el gobierno de Milei es uno de los nudos más tensos de la política argentina actual. Por un lado, el oficialismo envió al Senado cientos de pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos en un proceso de designaciones que la oposición cuestiona por su velocidad y por la falta de debate genuino sobre los perfiles propuestos. Por otro, causas que involucran a funcionarios del gobierno libertario, como las investigaciones en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la causa $Libra y los expedientes por enriquecimiento ilícito de funcionarios del gabinete, avanzan con una lentitud que contrasta con el ritmo de otras causas.
Ese cuadro alimenta una percepción que Bregman articula con claridad: cuando la Justicia no investiga a quienes gobiernan y simultáneamente actúa contra opositores o sectores vulnerables, pierde su condición de árbitro independiente y se convierte en un instrumento de poder. No es una lectura nueva en la política argentina, pero adquiere nueva urgencia en un contexto donde el ajuste fiscal golpea a la mayoría mientras los escándalos de corrupción se acumulan sin condenas.
La calle como respuesta a la impunidad
La convocatoria al Congreso para el 15 de octubre no es solo un gesto simbólico. En la tradición política argentina, la movilización frente al Congreso es el recurso de quienes sienten que los canales institucionales están cerrados o capturados. Bregman lo sabe y lo elige conscientemente: frente a una Justicia que, según su diagnóstico, «se ríe» de la ciudadanía, la respuesta es la presencia masiva en el espacio público.
El FIT-U viene sosteniendo una posición de oposición sin concesiones al gobierno de Milei desde el inicio de su gestión. A diferencia de otros bloques opositores que negociaron apoyos puntuales al oficialismo, el Frente de Izquierda no le votó ninguna medida de relevancia al gobierno libertario. Esa consistencia le da a Bregman una autoridad moral específica cuando llama a la calle: no convoca desde la comodidad de quien eventualmente cedió, sino desde una oposición sostenida en el recinto y fuera de él.
El Congreso como escenario de disputa
Elegir el Congreso como punto de concentración tiene una carga simbólica precisa. Es el lugar donde se aprueban los pliegos judiciales, donde se vota o se bloquea la legislación que define quiénes pueden ser procesados y con qué garantías, y donde las mayorías parlamentarias deciden qué causas avanzar y cuáles frenar. La convocatoria de Bregman instala la pregunta de fondo que el oficialismo prefiere no responder: ¿a quiénes sirven los jueces que el gobierno designa?
En ese marco, la frase «que el gobierno y los jueces se ríen de nosotros» es también una lectura sobre la impunidad como sistema. Cuando los funcionarios acumulan denuncias y las investigaciones no avanzan, y cuando simultáneamente la Justicia actúa con celeridad contra quienes protestan o reclaman, la ecuación se hace insostenible para cualquier noción básica de igualdad ante la ley. Bregman lo dice en público y convoca a decirlo en la calle. La pregunta es cuántos la escuchan.
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