Legislativo
El Senado aprueba el Consenso Fiscal firmado entre 21 provincias y el Gobierno nacional
La iniciativa obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención, manifestada por el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, cuya provincia sí firmó el pacto.
El Senado de la Nación aprobó hoy, y giró a la Cámara de Diputados, el Consenso Fiscal que el Poder Ejecutivo Nacional firmó con 21 gobernadores del oficialismo y la oposición, en diciembre del año pasado y cuyo objetivo es buscar acuerdos en torno a políticas tributarias, así como lograr equilibrios en el control de la evasión impositiva en todo el país.
La iniciativa obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención, manifestada por el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, cuya provincia sí firmó el pacto.
El acuerdo recibió el apoyo unánime del interbloque del Frente de Todos y de sus aliados, en tanto que la principal bancada de la oposición votó de manera dividida.
Aquel documento fue firmado el 27 de diciembre del año pasado por los Gobiernos opositores de Jujuy, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Misiones y Rio Negro, además del resto de las provincias gobernadas por el Frente de Todos.
Las únicas jurisdicciones que no adhirieron fueron San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobernada por el dirigente de PRO, Horacio Rodríguez Larreta.
El expediente que ahora debe tratar Diputados es un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.
Otra de las metas es fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.
El nuevo consenso fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.
También contiene un capítulo denominado de «endeudamiento responsable», que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito y que en materia de «responsabilidad fiscal» fija que «la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB», entre otras cuestiones.
El jefe del interbloque oficialista, el formoseño José Mayans, aseguró que “estos pactos fiscales no tienen color político, por eso firmaron este pacto los gobernadores de la oposición”.
“No tengo dudas de que a lo mejor a fin de año se firma otro pacto fiscal. Porque hay gobernadores que tienen altamente comprometido su endeudamiento. No creo que los gobernadores firmen esto porque no entienden el problema. Aspiran a que el Senado acompañe y si hay que corregir, que se corrija”, afirmó.
Los porteños Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, al igual que la tucumana Beatriz Ávila, todos de Juntos por el Cambio, fueron algunos de los legisladores que votaron en contra de la medida.
El exministro de Economía habló de que se trata de “una suba de impuestos encubierta” y agregó que “la condición para firmar este acuerdo es suspender los reclamos judiciales en curso”.
“La Ciudad de Buenos Aires tomó el compromiso de que, en cuanto le devuelvan el dinero que le sacaron de la Coparticipación, va a bajar los impuestos. Les recuerdo que le sacaron el equivalente al 90 por ciento del sueldo del personal de la salud en medio de una pandemia”, remarcó.
Ávila, en tanto, consideró al Consenso Fiscal como “un retroceso en el apoyo al sector productivo y a las economías regionales”.
“En el actual contexto es un retroceso porque a las provincias se les da la potestad para alentar el aumento de impuestos arcaicos”, expresó.
El radical Luis Naidenoff, quien votó favorablemente, aseveró que los “consensos fiscales son producto de argentina pendular y de la lógica que se impone que es el ‘vamos viendo’”.
Además, coincidió con su coterráneo Mayans al añadir que “seguramente el año que viene habrá otro consenso fiscal como consecuencia del debate pendiente en materia fiscal que tiene la Argentina”.
El oficialista Oscar Parrilli, en tanto, opinó que “este consenso fiscal es un avance en la relación a los consenso fiscales anteriores”.
“En Argentina hubo consenso fiscales unitarios. A los gobernadores se les quiere enseñar cómo gobernar: así fueron consensos fiscales desde 2017 en adelante. Les exigían que debían bajar impuestos e ingresos y por la ventanilla del costado se les daba una tarjetita para que vayan a endeudarse en dólares. No puedo admitir que se le cercenen facultades a los gobernadores”, sentenció.
Por último, el radical Cornejo, el único que se abstuvo, dijo que “votar a favor es autorizar a los gobernadores a que aumenten impuestos”, aunque luego recordó que tres de los mandatarios de Juntos por el Cambio suscribieron la medida.
“Me voy a abstener porque, para mí, cualquiera de las opciones que se me presentan es sub-óptima”, sentenció.
Legislativo
Discapacidad: el Senado sancionó con 71 votos la ley que reemplaza la emergencia
El Senado aprobó con 71 votos afirmativos, tras nueve horas de debate, el régimen permanente que sustituye a la Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. La ley fija plazos para saldar deudas con prestadores, pero la discusión sobre los fondos quedó abierta.
A poco más de un mes del vencimiento de la Emergencia en Discapacidad, el Senado sancionó con 71 votos afirmativos una ley que la reemplaza por un régimen permanente, aunque la discusión sobre cómo se va a financiar quedó abierta.
La Cámara alta convirtió en ley, tras un debate de nueve horas, el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que Diputados había aprobado en octubre con más de dos tercios (237 votos afirmativos y 9 negativos). El Senado había firmado el dictamen sin cambios respecto del texto de la Cámara baja, lo que permitió la sanción definitiva.
Qué establece la nueva ley
La norma mantiene los ejes principales de la emergencia vigente, pero elimina su carácter transitorio y establece un régimen permanente. También explicita la forma de financiamiento, el motivo por el cual el oficialismo acompañó el proyecto.
Entre los puntos centrales, la ley garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la actualización de las prestaciones. Además, permite cobrar una pensión no contributiva y tener un empleo registrado, siempre que el sueldo no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles. A los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad les reconoce el derecho a un programa médico que garantice las prestaciones básicas de la Ley 24.901.
Otro capítulo sensible es el de las deudas con los prestadores: la norma obliga a notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde su entrada en vigencia y a prever el pago total dentro de los 90 días corridos para quienes completaron el trámite administrativo.
Un recorrido que empezó con un veto
La emergencia que ahora se reemplaza es la Ley 27.793, que el Congreso sancionó contra la voluntad del Gobierno. El presidente Javier Milei la vetó por completo el 4 de agosto de 2025 y el Senado rechazó el veto el 4 de septiembre de ese año, con 63 votos a favor y 7 en contra. Fue la primera vez desde 2003 que el Congreso rechazaba un veto total. Esa ley declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
El nuevo texto replica casi todo el esquema de aquella norma, pero le quita la fecha de vencimiento. El colectivo de Discapacidad recibió el proyecto con cautela, y en Diputados ocho de los nueve votos negativos fueron de Córdoba, donde organizaciones del sector reclamaron que no fueron consultadas.
La pregunta por los fondos
La senadora radical Mariana Juri advirtió que el Presupuesto 2027 debería tener previstos los fondos para la ley, aunque recordó que ese proyecto fue emitido antes de su sanción. Por eso pidió que la Cámara de Diputados incluya los recursos en el Presupuesto 2027. «No nos conformemos con sancionar esta ley», sostuvo la legisladora.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), había anticipado que esperaban que Diputados incluyera los fondos en el presupuesto antes de enviarlo al Senado. El proyecto dispone que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del ejercicio anterior. Sin esos recursos asegurados en el Presupuesto, la letra de la ley corre el riesgo de quedar en una promesa.
Lo que tenés que saber
- El Senado sancionó con 71 votos afirmativos, tras nueve horas de debate, la ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.
- La norma reemplaza a la Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre, y establece un régimen permanente.
- Garantiza la continuidad del CUD y la actualización de las prestaciones, y permite combinar una pensión no contributiva con un empleo registrado hasta dos salarios mínimos.
- Fija 30 días corridos para notificar un cronograma de pagos a los prestadores y 90 días corridos para el pago total a quienes completaron el trámite.
- La senadora Mariana Juri pidió que Diputados incluya los fondos en el Presupuesto 2027.
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