Arquitectas y especialistas en urbanización advirtieron que la autorización para construir un barrio náutico con edificios de diez pisos en la Costanera Norte, que trata este jueves la Legislatura porteña, es «muy grave y preocupante» y llamaron a que las tierras sean de dominio público.

La iniciativa que debate la Legislatura para construir un barrio náutico en el predio de Costa Salguero, cuya concesión vence el año que viene, despertó críticas de las especialistas por la privatización del acceso al río y la falta de espacios verdes en la ciudad.

«Nos preocupa el avance de esta ley, no tiene que aprobarse. Es un cambio de la normativa urbanística para las 32 hectáreas de esos dos predios que desconoce el plano urbano ambiental», dijo Bárbara Rossen, integrante del Colectivo de Arquitectas, que se conformó para objetar este proyecto impulsado por el oficialismo porteño.

Rossen explicó que la normativa incumple el artículo 8 de la Constitución local, que dice que «los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación».

«Es inconstitucional, las costas tienen que ser un acceso público. A medida que las tierras se recuperan de las concesiones tienen que pasar a ser espacios públicos. Es muy grave privatizar la costa ribereña», aseveró.

«Debemos preservar las tierras públicas para las generaciones futuras, necesitamos reservas urbanas. Si estas tierras son vendidas para hacer departamentos, oficinas o comercios, son irrecuperables», advirtió la arquitecta.

Para autorizar la construcción de un barrio náutico en el predio de Costa Salguero se deberá reformular la actual zonificación de los terrenos de dominio público que suman unas 17 hectáreas, en este caso, al igual que otras 14 hectáreas de un predio lindante, separados por la desembocadura del colector del arroyo Maldonado, donde estuvo Punta Carrasco.

Esas dos parcelas forman parte del denominado «Distrito Joven» que se extiende a lo largo de la Costanera Norte y fueron autorizadas, a través de una ley de diciembre del año pasado, a ser vendidas por el Gobierno porteño tras la caída de las concesiones que allí regían.

«No vemos que haya una reflexión acerca de las consecuencias urbano-ambientales. Buenos Aires fue siempre una ciudad que le dio la espalda al río y con este proyecto se profundiza», aseguró Rossen.

Según estimaciones oficiales, Buenos Aires cuenta con 6 m2 de espacios verdes por habitante, mientras la Organización de las Naciones Unidas recomienda a los países que las ciudades deben tener por lo menos 16 m2 de áreas verdes por persona.

El Colectivo de Arquitectas reunió la firma de 342 profesionales y envió una carta a la Legislatura porteña pidiendo «la urgente necesidad de preservar las escasas reservas de suelo urbano existente como espacios verdes de uso público para las futuras generaciones».

«La gravedad de los acontecimientos nos convoca a visibilizar que consideramos inadecuado continuar desprendiéndose de un recurso tan escaso y no renovable como la tierra pública», aseveran en la misiva.

«Por el contrario -añade-, tenemos la certeza de la importancia que tienen, para la salud y la sustentabilidad, los espacios verdes de acceso irrestricto al uso público». «Necesitamos tierras absorbentes por la crisis climática, hay que tomar medidas de mitigación y esto es todo lo contrario, viene a intensificar el problema», concluye la carta.