La Legislatura porteña aprobó hoy un pedido de informes elaborado por el diputado Juan Manuel Valdés (Frente de Todos) y dirigido al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para saber cuánto dinero se recaudó mediante los convenios urbanísticos y en qué se usaron esos recursos.

«Informe cuál es el monto recaudado por convenios urbanísticos en los últimos tres años» y «qué uso se le ha dado», dice el pedido de informes.

Y también pregunta si «con parte de lo recaudado se han realizado planes de vivienda asequible», «se ha sumado espacio verde público a la Ciudad de Buenos Aires» y «en qué otras acciones se ha invertido».

Los convenios urbanísticos son excepciones al Código Urbanístico vigente que el Gobierno de la ciudad otorga a empresas constructoras para que éstas puedan construir torres de mayor altura de la permitida a cambio de una contraprestación económica.

En algunos casos, además de la contraprestación económica, la empresa dueña del terreno en que quiere construir el edificio, cede una parcela para uso público.

Dichos convenios son firmados por el Poder Ejecutivo porteño y las empresas constructoras, pero luego deben ser aprobados en la Legislatura local.

En el último tiempo hay varios ejemplos de estos acuerdos, como los 10 convenios urbanísticos aprobados en la Legislatura en diciembre del año pasado, justo antes del recambio legislativo, los cuales habían sido firmados entre agosto y septiembre de 2021 por la administración de Rodríguez Larreta con 10 empresas.

De esos convenios, se destacan algunos por tener un mayor valor de contraprestación, como el firmado con la empresa Proyecto 43 por más de siete millones de unidades valor adquisitivo (UVA) -es decir más de 1000 millones de pesos- para construir un edificio de 60 metros de altura en la calle Lafinur al 3100, en el barrio de Palermo.

Otro ejemplo es el convenio firmado con la empresa Instrumentos Musicales, que se comprometió a pagar al Gobierno porteño más de cuatro millones de UVA -es decir más de 500 millones de pesos- para construir un edificio de 65 metros de altura en la calle Arcos al 3600, también en Palermo.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno porteño, el objetivo de estos convenios urbanísticos es lograr una «reactivación económica mediante la generación de empleos vinculados a la construcción», la «integración social», la «reducción de impacto ambiental» y «potenciar la zona prioritaria comprendida por los barrios de La Boca, Barracas, Constitución y el casco histórico».

En su pedido de informes, Valdés apuntó que «ninguno» de los convenios «se encuentra en la zona prioritaria y tampoco suman ni un metro cuadrado de espacio verde».

«En función de esta situación -añadió- es necesario saber en qué se van a utilizar los recursos que la Ciudad está recaudando por estos convenios, ya que el acceso a la vivienda propia es una utopía para la gran mayoría de los porteños y porteñas, y también que contamos con un déficit de espacios verdes».