CABA
Piden informes al Gobierno porteño sobre el uso del dinero recaudado con los convenios urbanísticos
«Informe cuál es el monto recaudado por convenios urbanísticos en los últimos tres años» y «qué uso se le ha dado», dice el pedido de informes.
La Legislatura porteña aprobó hoy un pedido de informes elaborado por el diputado Juan Manuel Valdés (Frente de Todos) y dirigido al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para saber cuánto dinero se recaudó mediante los convenios urbanísticos y en qué se usaron esos recursos.
«Informe cuál es el monto recaudado por convenios urbanísticos en los últimos tres años» y «qué uso se le ha dado», dice el pedido de informes.
Y también pregunta si «con parte de lo recaudado se han realizado planes de vivienda asequible», «se ha sumado espacio verde público a la Ciudad de Buenos Aires» y «en qué otras acciones se ha invertido».
Los convenios urbanísticos son excepciones al Código Urbanístico vigente que el Gobierno de la ciudad otorga a empresas constructoras para que éstas puedan construir torres de mayor altura de la permitida a cambio de una contraprestación económica.
En algunos casos, además de la contraprestación económica, la empresa dueña del terreno en que quiere construir el edificio, cede una parcela para uso público.
Dichos convenios son firmados por el Poder Ejecutivo porteño y las empresas constructoras, pero luego deben ser aprobados en la Legislatura local.
En el último tiempo hay varios ejemplos de estos acuerdos, como los 10 convenios urbanísticos aprobados en la Legislatura en diciembre del año pasado, justo antes del recambio legislativo, los cuales habían sido firmados entre agosto y septiembre de 2021 por la administración de Rodríguez Larreta con 10 empresas.
De esos convenios, se destacan algunos por tener un mayor valor de contraprestación, como el firmado con la empresa Proyecto 43 por más de siete millones de unidades valor adquisitivo (UVA) -es decir más de 1000 millones de pesos- para construir un edificio de 60 metros de altura en la calle Lafinur al 3100, en el barrio de Palermo.
Otro ejemplo es el convenio firmado con la empresa Instrumentos Musicales, que se comprometió a pagar al Gobierno porteño más de cuatro millones de UVA -es decir más de 500 millones de pesos- para construir un edificio de 65 metros de altura en la calle Arcos al 3600, también en Palermo.
De acuerdo a lo informado por el Gobierno porteño, el objetivo de estos convenios urbanísticos es lograr una «reactivación económica mediante la generación de empleos vinculados a la construcción», la «integración social», la «reducción de impacto ambiental» y «potenciar la zona prioritaria comprendida por los barrios de La Boca, Barracas, Constitución y el casco histórico».
En su pedido de informes, Valdés apuntó que «ninguno» de los convenios «se encuentra en la zona prioritaria y tampoco suman ni un metro cuadrado de espacio verde».
«En función de esta situación -añadió- es necesario saber en qué se van a utilizar los recursos que la Ciudad está recaudando por estos convenios, ya que el acceso a la vivienda propia es una utopía para la gran mayoría de los porteños y porteñas, y también que contamos con un déficit de espacios verdes».
CABA
Siete muertes y más de 150 trabajadores afectados por asbesto: paro de subtes
La AGTSyP frenará desde las 21 las seis líneas y el Premetro tras la muerte de un exoperario que el gremio vincula con el asbesto, la séptima que contabiliza. Denuncia más de 150 trabajadores con afecciones y responsabiliza a Emova, Grupo Roggio, Metrovías y los gobiernos.
Más de 150 trabajadores del subte fueron diagnosticados con afecciones de salud por la exposición al asbesto, según denunció el gremio, y la muerte de otro exoperario que pasó más de 32 años en un taller de la red derivó en un paro total este jueves, desde las 21 hasta la finalización del servicio.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) convocó a la medida mediante un comunicado en el que informó el fallecimiento de un trabajador que, según indicó, estuvo expuesto al material cancerígeno durante más de tres décadas. La concesionaria Emova lamentó la muerte de Oscar Pauer, quien fue operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.
La medida de fuerza alcanza a las líneas A, B, C, D, E y H y al Premetro. Se espera que crezca la demanda de colectivos y la circulación de vehículos particulares durante la noche.
Siete muertes según el gremio y una «crisis sanitaria bajo tierra»
Con este caso, la AGTSyP contabiliza siete trabajadores fallecidos por la exposición al asbesto. En agosto de 2025, cuando informó la muerte de un trabajador de la Línea D, la cifra era de cinco. En noviembre de 2024 había denunciado la muerte de Jorge Navarro, del taller Constitución, quien padecía cáncer de pulmón y cuyo vínculo con el material, según el sindicato, había sido reconocido en 2020 por una auditoría médica.
El gremio sostiene que el asbesto sigue presente en todas las líneas, a pesar de que está prohibido en la Argentina desde 2003. En su comunicado, la AGTSyP habló de una «crisis sanitaria bajo tierra» y responsabilizó a Emova, al Grupo Roggio, a Metrovías y a los gobiernos por la continuidad del problema.
Qué reclaman los trabajadores
El sindicato exige que se retire el asbesto de toda la red y que se incluya en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) a la totalidad de los trabajadores, activos y jubilados. El pliego completo incluye:
- El retiro del asbesto de la red de subterráneos.
- El cambio de las flotas contaminadas.
- La inclusión de todos los trabajadores, activos y jubilados, en el RAR.
- La reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición al mineral.
Fuentes de la AGTSyP advirtieron que persisten otros reclamos de arrastre, como los descuentos ilegales y las sanciones, pero remarcaron que la salud es lo más grave «porque se nos mueren los compañeros».
La respuesta de Emova y del Gobierno porteño
Emova sostuvo que continúa con el plan integral de desasbestizado en toda la red, a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan los gremios y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. La empresa informó además que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire, a cargo de laboratorios validados por la Agencia de Protección Ambiental porteña, con resultados «adecuados para la salud».
El Gobierno de la Ciudad informó que existe un plan de desasbestizado desde que se detectó el material en 2018, con análisis de formaciones e instalaciones, retiro de componentes contaminados y controles del aire en los espacios de trabajo.
La distancia entre ambas versiones es total: la empresa exhibe más de 5.000 mediciones de aire y el sindicato exhibe una lista de muertos y más de 150 diagnosticados. Hay además un dato que complica el argumento de las mediciones: el trabajador fallecido estaba jubilado desde agosto de 2024, y enfermedades asociadas al asbesto, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, pueden manifestarse muchos años después de la exposición.
Un conflicto que se arrastra desde 2018
El problema se hizo público en febrero de 2018, cuando los trabajadores supieron que formaciones CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid contenían asbesto y que esos mismos trenes habían operado en la Línea B porteña. La AGTSyP reclamó explicaciones a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), empresa estatal propietaria de la red, y a la concesionaria; en 2019 presentó un amparo ambiental y los relevamientos posteriores confirmaron la presencia del material en distintas flotas e instalaciones.
El 1 de junio, el gremio ya había frenado la Línea C por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000, tras denunciar el incumplimiento de un acuerdo del 31 de mayo de 2024 que exigía retirarlas del servicio. El último paro total había sido el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó públicamente.
Lo que tenés que saber
- La AGTSyP para las seis líneas y el Premetro este jueves, desde las 21 hasta el final del servicio.
- La medida responde a la muerte de un exoperario que trabajó más de 32 años en un taller de la red, la séptima que el gremio vincula con el asbesto.
- El sindicato denuncia más de 150 trabajadores con afecciones de salud y reclama el retiro del material de toda la red.
- Emova y el Gobierno porteño afirman que hay un plan de desasbestizado y que las mediciones del aire son adecuadas.
- El asbesto está prohibido en la Argentina desde 2003 y el conflicto es público desde 2018.
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